En un escenario hipotético, muy probable dadas las circunstancias actuales, se podría presentar la siguiente situación: una joven de 18 años, preñada y con diabetes; una madre de 25 años con tres hijos; un trabajador de 40 años, sin problemas asociados de salud; y una persona de la tercera edad, 75 años y en buenas condiciones de salud. Todos aspiran a la única UCI disponible en un centro hospitalario. ¿A quién colocaría usted el respirador artificial de la unidad?
La decisión no es fácil, pues todos pueden legítimamente esgrimir el mismo principio fundamental de protección a la vida e integridad personal, derecho igualitario que asiste a todos los miembros de esta sociedad sin distingo alguno, por lo menos en teoría.
Nos encontramos pues, frente a un dilema ético en el que está en juego el más importante de todos los derechos: la vida. ¿Qué criterios aplicar entonces para decidir a quién se debe dar la posibilidad de vivir y a quién se deja a su suerte? La verdad es que en el país no existen protocolos éticos claros que nos permitan dirimir este dilema.
Como están las cosas y siendo realistas, con un poco de perspicacia podríamos decir que el único respirador artificial se colocaría a quien tenga la ‘palanca’ suficiente para acceder a él. Para nadie es un secreto que en un país como Colombia el acceso a los escasos servicios públicos se logra mediante esta infalible herramienta. Es más, siguiendo con esta lógica, podemos imaginar a un padre de la patria exigiéndole una UCI al gerente o director de un hospital, para sí, o para beneficiar a un recomendado suyo. Igualmente, sería previsible que se ordenara la desconexión de un ciudadano cualquiera para privilegiar a un paciente con abolengo.
En los últimos días hemos visto y oído a la alcaldesa de Bogotá y al Ministro de Salud aseverar enfáticamente, que todavía quedan UCI disponibles, y que el sistema de salud estaba lejos de colapsar. Pero, lo cierto es que los periodistas informan todos los días sobre pacientes con Covi-19 que son rechazados de los hospitales, o incluso de pacientes que son desconectados de respiradores artificiales sin explicación alguna.
Justo, después de oír la enfática declaración de la alcaldesa, en el noticiero noctambulo capitalino (City TV), el periodista Pablo Arango presentó el testimonio de la nieta de un paciente de 71 años diagnosticado con covid-19, internado en el Hospital de Fontibón, enviado a su casa, donde posteriormente se agravo. Reingresado luego al hospital, está esperando una remisión a otro hospital, porque en el de Fontibón no hay UCI disponibles. Según la nieta del paciente, el día anterior recibieron la llamada de una doctora del hospital donde les notificaron que “habían hecho todo lo humanamente posible, pero que él era una persona de tercera edad, y que, pues la prioridad era para personas más jóvenes, dándonos a entender que, pues ya no podíamos hacer nada… Solo esperar un milagro”
La entrevista tiene como telón de fondo una imagen degradante que me revolvió la bilis: en la acera contigua a la entrada principal del Hospital de Fontibón, varias personas yacen arropadas con algunas mantas. Se trata de pacientes de Covid-19 que esperan ser atendidos, relata el periodista. Se les ve revolcarse sobre las losas frías del andén, ellos son los damnificados de la ley 100, son los despojos de un sistema de salud indolente.
Pues bien, a pesar del negacionismo de la alcaldesa, el temido momento de decidir a quien se entrega una UCI y a quien una bóveda, ha llegado. Hoy, hay más pacientes críticos de covid-19 que unidades UCI. Entonces, para excluir de esta decisión la odiosa ‘palanca’, para que la decisión sea clara y transparente, y para evitar suspicacias, se debería establecer un protocolo preciso, público y sin excepciones al momento de la crucial decisión.
Una vez copada la capacidad de las UCI, llega el momento de la disyuntiva: se debe tomar una decisión con los nuevos pacientes, entre sí y respecto de los que ya ocupan una unidad. Solo a manera de ejemplo, dejo aquí planteadas algunas pautas que fueron puestas en práctica en Europa, y que han sido debatidas por los académicos a nivel mundial. En Colombia, más allá de una tímida iniciativa de un gremio médico, no se ha avanzado en esta materia; es hora de que se estudie, analice, debata y concluya, e incorporen al Código de Ética Médica las modificaciones. Estos son pues, algunos criterios a tener en cuenta.
- Deberá ser una decisión del equipo médico, ojalá colegiada, y no impuesta por el gerente o director del centro médico.
- Si se trata de un trabajador de la salud debe privilegiarse, porque una vez se recupere podrá ayudar a salvar otras vidas.
- Se debería privilegiar al paciente que tenga más probabilidades de sobrevivir, sobre aquel que tiene más riesgo de muerte, es decir aquel paciente que tenga una vida potencial más larga.
- Se debería incentivar en las personas de más avanzada edad la solidaridad para que voluntariamente decidan ceder su turno a una persona con más vida por delante.
- Todos los pacientes sin importar su rango, deberá someterse a las mismas reglas que los demás mortales, punto.
Desvarío: Ante el aumento de las muertes y número de contagiados de covid-19, me pregunto: ¿Será que el señor presidente aún sigue considerando un éxito total su cacareado primer día sin IVA? ¿Será que él es capaz de hacer una relación entre el “éxito” del día sin IVA y el aumento del Covid-19? ¿Será que el señor Presidente puede conciliar el sueño en paz?
Por: Los Danieles