El Consejo de Ministros aprobó este martes el proyecto de Ley de Residuos y Suelos Contaminados con el objetivo de acabar con los plásticos de un solo uso y reducir en un 15% la generación de residuos en 2030. El Gobierno plantea dos nuevos impuestos verdes.
España estrecha el cerco a los plásticos de un solo uso para cumplir con el objetivo de reducir en un 15% la generación de residuos en 2030 respecto a los niveles de 2010. Este martes, el Consejo de Ministros aprobaba el proyecto de Ley de Residuos y Suelos Contaminados, un texto que restringirá por primera vez el uso de plásticos de un solo uso en España y que –salvo imprevistos– entrará en vigor el próximo 3 de julio. Se prohíben así bastoncillos, bolsas, cubiertos, vasos, platos, pajitas, agitadores, palos de globos, recipientes de alimentos, tapones y tapas de plástico. También se contempla por primera vez la eliminación de microesferas de plástico en productos cosméticos y de higiene personal.
«Esta ley es la clave de bóveda de todo el paquete normativo en materia de economía circular y una de las reformas estructurales más relevantes incluidas en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de España», manifestaba ayer la vicepresidenta cuarta y ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera. El documento se presenta como una revisión a la actual normativa de gestión de residuos –que data de 2011– para poder cumplir con la Directiva Europea aprobada en 2018 que pretende reducir la presencia de los vasos y platos de plástico en un 50% para 2026 y en un 70% para 2030. En cualquier caso, a partir de 2023 su distribución gratuita queda completamente prohibida.
Se prohíben bolsas, cubiertos, vasos, platos, pajitas, agitadores, bastoncillos, palos de globos, recipientes de alimentos, tapones y tapas de plástico.
La norma introduce igualmente medidas para otros artículos de plástico no compostable y no incluidos en la normativa europea (anillas de plástico, artículos monodosis y palitos de plástico). Además, recoge requisitos de ecodiseño para recipientes y botellas PET (polietileno), estableciendo que los primeros deberán estar conformados por un 25% de plástico reciclado a partir de 2025 y las segundas por un 30% en 2030. Para estas últimas, el texto establece objetivos de recogida en dos periodos: en 2025 se debe recoger separadamente el 77% en peso respecto al introducido en el mercado, aumentando al 90% en 2029. Asimismo, contempla rebajar en un 20% las pérdidas de alimentos en las cadenas de producción y prohíbe destruir excedentes no vendidos de juguetes, textiles o aparatos eléctricos.
Con la aprobación del proyecto de ley, el Ejecutivo abre la veda a dos nuevos impuestos verdes planteados para minimizar la generación de residuos. El primero gravará los envases de plástico no reutilizables, mientras que el segundo se centrará en el depósito en vertedero e incineración, obligando a las entidades locales a desarrollar en dos años una tasa asociada a los servicios que presten. Cabe destacar que España es el país de la Unión Europea que más residuos deposita en los vertederos –más de 12 millones de toneladas anuales–.
Por último, además de obligar a restaurantes y establecimientos a ofrecer agua gratis para frenar el consumo de botellas, el proyecto de ley propone revisar el concepto de Responsabilidad Ampliada del Productor y plantea la posibilidad de crear un sistema de retorno. Se otorgaría así una fianza a cada envase que sea devuelta una vez consumido, con el objetivo de fomentar la circularidad en el sistema de residuos español.
Reacciones desde el sector del reciclaje
Sin embargo, la ley de residuos impulsada por Ribera no acaba de convencer a ciertas organizaciones ecologistas. «No está a la altura de la crisis ecológica de España. Seguimos repitiendo las mismas fórmulas obsoletas de hace diez años, fórmulas que han demostrado ser fallidas», afirmaba Adriana Espinosa, responsable de recursos naturales y residuos de Amigos de la Tierra. En la misma línea, Greenpeace tachaba el proyecto de «muy poco ambicioso»
Desde el sector del reciclaje, Ecovidrio ha expresado «inquietudes frente a la ley». El texto propone que los ayuntamientos reciban por parte productores financiación para la recuperación de residuos de envases de vidrio que no han sido correctamente separados por los ciudadanos. Este escenario difiere de la filosofía de las directivas comunitarias, que incide en el refuerzo de la recogida separada eficiente. «De esta forma, se estaría incrementando la financiación precisamente en los ayuntamientos que presentan peores ratios de reciclaje de envases de vidrio, desincentivando que tomen medidas para mejorar la recogida separada», señalaron en un comunicado. Según Ecovidrio, estos nuevos costes «podrían impactar muy negativamente en las compañías envasadoras financiadoras del sistema, en un 98% pequeñas y medianas empresas, en un momento delicado para su competitividad a causa de la pandemia».
Por Cristina Suárez – ethic