Economistas uniandinos analizan el espíritu de lo presentado en cinco comentarios sobre las ideas circuladas por el Gobierno.

La reforma debe solucionar un desequilibrio fiscal cultivado de tiempo atrás, agravado tanto por las necesidades de gasto público impuestas por la pandemia como por las dificultades para recaudar, también surgidas de ella. También debe dar progresividad a un sistema tributario que acentúa la desigualdad en lugar de mitigarla, así como balancear la carga de la tributación directa que hoy recae desproporcionadamente sobre las empresas en lugar de las personas de alta capacidad económica.

Y el Gobierno busca, con acierto, que también ayude a mitigar las mayores necesidades sociales que ha dejado la crisis de covid-19 y las deficiencias de nuestras redes de protección social que la pandemia dejó al desnudo. En lo estructural, además, resulta imposible desligar las reglas de juego tributarias de la alta informalidad laboral y empresarial y del bajísimo cubrimiento pensional.

La reforma, por tanto, debería ser integral. Es indispensable que la reforma traiga un incremento neto positivo del balance fiscal, tasado en “al menos” 1,5 % por el Comité Consultivo de la Regla Fiscal en el comunicado de su más reciente reunión. Pero no habría justificación para un incremento de impuestos que siga financiando subsidios a quienes no lo necesitan y que no ayude a extender la protección social a quienes sí dependen de ella, pero no la tienen. Debe, entonces, robustecer las redes de protección, asegurar la focalización de los programas sociales en la población de bajos ingresos y garantizar un incremento significativo del recaudo tributario, bajo en comparación no solo con otros países, sino con las necesidades que la sociedad quiere solucionar.