A pesar de los anuncios gubernamentales de combatir la corrupción, quienes delinquen, aprovechándose de los cargos oficiales, pagan penas irrisorias y luego disfrutan de los recursos y dilaciones que obtuvieron habilidosamente, en muchas ocasiones ayudados por los organismos de control, proclives a esa misma corrupción.
Esta semana se conoció el fallo de segunda instancia de la Procuraduría mediante el cual se dejó en firme la sanción de suspensión e inhabilidad por seis meses al excontralor de Antioquia, Sergio Zuluaga, y al exgerente del Hospital público La María, William Marulanda, actualmente auditor médico de la Dirección Seccional de Salud de Antioquia, por el “servicio especial” de intervenciones estéticas que favorecieron al excontralor, a tres familiares del exgerente y a servidores públicos.
La Procuraduría ya había sancionado a Zuluaga con solo diez meses de suspensión en el cargo porque acreditó un título falso de doctor, con el cual obtuvo un puntaje adicional para ser elegido contralor de Antioquia, en un concurso avalado por un taxista.
Tanto la Procuraduría como la Fiscalía no han actuado frente a los principales hallazgos que reveló, en junio de 2017, la auditoría forense realizada al hospital La María por la Superintendencia Nacional de Salud. Se trata de más de 35 hallazgos que revelan graves hechos de corrupción en el interior de la institución.
Transcurridos cinco años después de los hechos, la Fiscalía aún no ha actuado frente a los cargos de peculado por apropiación y prevaricato que le formuló a Sergio Zuluaga por el embellecimiento ilícito que se practicó en dicho hospital.
No obstante que la Fiscalía le incautó bienes sin justificar por cerca de once mil millones de pesos, el excontralor se encuentra libre por vencimiento de términos.
Uno de sus principales socios en los negociados y cabecilla de la banda criminal que desfalcó a Indeportes en más de 25 mil millones de pesos, Luis Felipe Jiménez, fue dejado en libertad condicional por un juez el pasado 13 de diciembre, luego de reconocer el delito de haberse apropiado, con otros de sus compinches, y en un solo contrato, de 5 mil millones de pesos, del convenio 157, mediante el cual se contrató a entrenadores y monitores fantasmas. Ahora está libre para disfrutar de parte del jugoso botín. La pena fue de 10 años, pero resultó pagando solo 32 meses y 12 días en Yarumito.
Los confesos delincuentes solo han devuelto 27 millones de pesos, a pesar de los preacuerdos leoninos con la Fiscalía General de la Nación y la débil y costosa defensa jurídica de Indeportes.
Formó parte del grupo directivo de Indeportes cuando ocurrió este latrocinio Lucrecia Londoño Builes, elegida contralora de Envigado el pasado 20 de diciembre en una votación casi unánime.
La institucionalidad es demasiado blanda con los delincuentes de cuello blanco y es dura contra quienes cumplen con su deber de velar por la correcta aplicación de los recursos públicos, tal y como es el caso de Lina María Posada, quien en un informe de supervisión al convenio 157 de 2017 evidenció las irregularidades cometidas por su antecesor Luis Felipe Jiménez: fue amenazada, renunció a su cargo y abandonó el país. Hoy se enfrenta a un proceso disciplinario interno recientemente abierto.
Post Scriptum: Para mayor escándalo, el 22 de diciembre las víctimas de la estafa inmobiliaria perpetrada por la familia Chica Gutiérrez en Medellín y Guarne fueron sorprendidas con la liberación de tres de sus integrantes, favorecidos con detención domiciliaria, luego de permanecer durante un año detenidos en las instalaciones de la Fiscalía.
Como vemos, delinquir si paga