Las deportaciones de ciudadanos venezolanos se están volviendo comunes en toda la región y Colombia no es la excepción. Por lo general, los argumentos que más se usan están asociados a que son una amenaza a la seguridad. Es como si los venezolanos fueran la causa de todos los males. Algo que está extendiendo, preocupantemente, un sentimiento xenófobo en nuestros países.

 Ahora bien, algo que no podemos perder de vista es que, para el caso colombiano, los problemas de seguridad ciudadana no son nuevos y no empezaron con la migración venezolana. Vienen de profundas fallas institucionales, la falta de oportunidades para trabajar dignamente, un desinterés histórico de los gobernantes en la seguridad de las personas y un enfoque policivo que no entiende que la seguridad es de carácter multidimensional y que no se trata sólo de tener más policías. Por eso, frente a las deportaciones, debemos tener unos puntos muy presentes.

 Primero, cuando las deportaciones se dan por causas objetivas y que, de manera grave, van en contra de nuestra legislación migratoria y de la sociedad, pueden ser procedentes si hay las comprobaciones necesarias y se cumple el debido proceso. Es decir, si se trata de delitos como conformación de bandas delincuenciales que se dediquen a la extorsión, el tráfico de estupefacientes, el atraco o porte de armas de fuego, o si se trata de casos en los que los migrantes tienen antecedentes legales graves en Venezuela y no cumplen con los requisitos del Decreto 216 de 2021 que estableció el Estatuto Temporal de Protección Para Migrantes Venezolanos, la deportación es un mecanismo válido.

 En segundo lugar, no se puede permitir es que una sola acusación se convierta en una causal que derive en una deportación automática. Los derechos de los migrantes deben respetarse y Colombia debe ser garante de un trato justo. Las autoridades, principalmente Migración Colombia, no pueden caer en el juego injusto de deportaciones “express” sin que se agoten los procesos y sin elementos de juicio verídicos que justifiquen tal medida. Si las deportaciones son sin sustento, Colombia estaría violando los derechos de los migrantes y poniendo en riesgo hasta sus vidas.

 Por último, hay algo clave y es que los alcaldes no pueden seguir achacándole toda la responsabilidad de la falta de seguridad ciudadana a los venezolanos. Los discursos xenófobos no pueden hacer parte de la política de seguridad ciudadana. Hoy vemos como la inseguridad se ha venido entrecruzando con estos discursos y para ocultar las graves fallas en materia de políticas, parece ser que es una buena estrategia, para algunos, buscar un chivo expiatorio y esos, para muchos gobernantes, son los venezolanos.