Entre los golpes que podría recibir EPM, ya se hicieron sentir en la baja de calificadora de Riesgos Fitch y la depreciación de los bonos puestos en el mercado internacional de valores, sumado también, a la preocupación de las asociaciones de pensiones colombianas.

Ahora en el radar hay dos preocupaciones más. Una la posibilidad de que Mapfre deje del pagar la póliza que ya había aceptado por 4,3 billones de pesos y de la que ha hecho un primer pago de 150 millones de dólares. Se espera que este mes, se realice el segundo pago por 100 millones de pesos más, pero así las cosas, el futuro se pone incierto.

El segundo, es el anuncio que, justo en sus últimos días, ha hecho Luis Alberto Moreno, el colombiano presidente saliente del Banco Interamericano de Desarrollo, BID, sobre frenar un desembolso que esta entidad multilateral, debería realizar también desde este mes. La noticia la confirmó el mismo gerente de EPM, Álvaro Guillermo Rendón.

La drástica decisión de Moreno, está motivada por los escándalos enunciados al comienzo y con un peso importante, el boomerang lanzado  desde la propia EPM con el informe de la reaseguradora, que al parecer, habría sido entregado a la radio desde la vicepresidencia jurídica de la empresa y que a su vez lo habría recibido el pasado 17 de agosto.

Según se conoció, una vez revelado el informe se dieron importantes críticas y reclamos desde las reaseguradoras en Inglaterra, sobre los graves errores en la alteración de los diseños, desmejoras en la calidad construcción para acelerar la obra y la falta de claridad en las licencias ambientales y el riesgo técnico; todos elementos que habrían sido la causa de la emergencia y los multimillonarios daños en HidroItuango en mayo del 2018.

Así las cosas, la obra que, pese a su difícil situación, continúa cumpliendo el cronograma para llegar al 90% y entrar en funcionamiento con uno de los generadores a mitad del próximo año y con cuatro en el 2022; podría verse afectado gravemente sin los recursos necesarios para continuar con los trabajos, enfrentándose a un obstáculo financiero que podría paralizar la obra.

El desembolso frenado es una partida más de los 1.100 millones de dólares que gestionó el BID en un crédito que incluye un tramo A con plazo de pago de 12 años) y liderado por el sector privado del BID y un tramo B con plazo de 8 y 12 años en el que participan inversionistas institucionales y bancos comerciales internacionales de Norteamérica, Europa y Asia. Fuentes expertas calculan que el desembolso retenido podría ser cercano a los 409 millones de dólares.

Ya en diciembre de 2018 y pese a la contingencia, se habían hecho un desembolso por parte del BID, de 450 millones de dólares; pero los recientes escándalos, parecen pasarle factura a la estabilidad financiera de la obra en su recta final, que tiene a los contratistas que podrían ser demandados, trabajando con contratos que caducan el 31 de diciembre próximo.

Con este panorama, también están estos contratistas, quienes evalúan si renuevan o no los contratos, poniendo a Hidroituango y a EPM, en una difícil posición con un boomerang lanzado, que podrá devolverse y golpear muy fuerte.