Certidumbres e inquietudes

Como de toda experiencia colectiva, de la campaña electoral que acaba de concluir en Colombia quedan enseñanzas. Resaltamos algunas, que debemos tener en cuenta desde una perspectiva democrática, con miras a corregir conductas y actitudes negativas que, mucho más que en otras ocasiones, enturbiaron el proceso y que, a mi juicio, no se deberían repetir.

-Los gobernantes y altos dignatarios -del Gobierno y organismos de control- deben preservar su imparcialidad política. Son servidores públicos y, por tanto, están al servicio de la sociedad entera, no de un determinado partido o movimiento.

En especial el presidente de la República -quien, según la Constitución, encarna la unidad nacional y debe velar por los derechos y garantías de todos los colombianos- no está llamado a interferir el proceso electoral, descendiendo a la arena política para entrar en debates, controversias y enfrentamientos con los candidatos presidenciales. Es a ellos a quienes toca exponer ante el electorado lo que piensan y proponen. No es el jefe del Estado el llamado a descalificar ni apoyar proyectos o programas, pues ha de dar ejemplo de equilibrio, imparcialidad y transparencia, garantizando -sin inclinar la balanza- la plena libertad de todos.

-Como quedó claro tras la estrepitosa caída de la norma que suspendió inconstitucionalmente la Ley Estatutaria de Garantías, no está bien que el Gobierno Nacional y quienes lo apoyan en el Congreso aprovechen la expedición de leyes como la anual de presupuesto para modificar las reglas de juego y sembrar desconfianza en la transparencia de un proceso electoral en curso, cuando, por el contrario, la debe asegurar.

-Las campañas políticas, tanto para elecciones uninominales como de corporaciones públicas, deben ser adelantadas con ética y lealtad. Hay que respetar al contrario, sin perjuicio de plantear las discrepancias frente a sus ideas y propuestas, o de subrayar sus contradicciones. Sin el ataque vil, sin la trampa, sin la amenaza, sin la falsedad, sin ofender, injuriar o calumniar a la persona o a su familia. No todo vale en la política.

-Algunos medios de comunicación, así como algunos periodistas, deberían evaluar cuál fue su papel a lo largo del proceso electoral. Cabe examinar, a plena conciencia y con sinceridad, si lo desempeñaron con un mínimo de ética y con la responsabilidad social que les exige su función.

Los comunicadores son muy importantes en una sociedad democrática, y no pueden olvidar que, en desarrollo de su actividad, están obligados -ética y jurídicamente- a entregar al público una información objetiva y no manipulada, sin engaños, ni falsedad. Como ha subrayado la Corte Constitucional en reiterada jurisprudencia, el derecho fundamental a la información no solamente cobija al sujeto activo -que la suministra y difunde-, sino que es de doble vía, lo cual significa que los receptores tienen derecho -también fundamental- a exigirla y recibirla veraz e imparcial.

Si bien existe plena libertad para que cualquier partido, movimiento o campaña tenga sus propios medios, el público tiene derecho a identificarlos como tales, con pleno conocimiento acerca del origen de lo que lee, ve o escucha. Un medio -o unos comunicadores- no deben presentarse como independientes, si en realidad son voceros de una específica orientación política, de un partido o de un candidato. Si lo son, díganlo, y sean leales con la ciudadanía.