- El sistema judicial está siendo empleado como herramienta de presión y censura a la libertad de expresión y de prensa. Inaceptable./ Imagen de referencia: Caricatura de Betto.
El periodismo está bajo ataque. En la misma semana, la Fiscalía ordenó una inspección de la redacción de la revista Cambio, aparentemente buscando identificar a una fuente protegida por la reserva constitucional que cubre la labor periodística. También anunció imputación contra el columnista Yohir Akerman por una columna que publicó en El Espectador. Al mismo tiempo, el periodista Gustavo Gómez, de Caracol Radio, recibió amenazas de acoso judicial del empresario Luis Alberto Ríos Velilla por haber expresado una opinión en su programa. El sistema judicial está siendo empleado como herramienta de presión y censura a la libertad de expresión y de prensa. Es inaceptable.
La revista Cambio denunció que la Fiscalía ordenó una inspección de su sede, con un objetivo preocupante: encontrar la fuente anónima que se utilizó para publicar un artículo sobre corrupción en el Ejército. El detonante fue una investigación realizada por la revista y por Noticias Uno sobre el general (r) Jorge Hernando Herrera Díaz. En ella, se dieron a conocer unos audios donde Herrera acepta que hizo acuerdos con los Pocillos, banda criminal, para combatir a las disidencias de las Farc en el departamento del Cauca. Según el informe de Cambio, los hechos ocurrieron “donde existía un corredor por el que fluían 150 toneladas de cocaína al año, el 15 % del consumo mundial. Esto ocurrió en la Brigada 29 del Ejército Nacional”. Un tema, por supuesto, de interés nacional.
¿Por qué la Fiscalía decide emplear sus recursos para inspeccionar un medio de comunicación? ¿Acaso no reconoce el valor que la Constitución le otorga a la protección de la fuente? El uso de filtraciones y fuentes anónimas ha sido fundamental para develar en Colombia todo tipo de corrupciones en el poder. Si la Fiscalía persigue a las fuentes, está sentando un precedente terrible: ya no se puede hablar de los secretos de los poderosos. La revista respondió, con toda razón, que “no tiene nada que agregar a lo que está publicado. Los periodistas de Cambio, por razones éticas y soportadas en la ley y la jurisprudencia sobre el tema, preservarán la reserva de la fuente”. Así debe ser.
Lo mismo ocurre con Yohir Akerman. Según lo dado a conocer, la Fiscalía agilizó extrañamente un proceso por injuria y calumnia por una columna publicada en El Espectador. En ella, donde se expresan opiniones con hechos que las sustentan, Akerman usa su libertad de expresión. Emplear a la justicia para intimidar deja mucho que desear.
Eso también lo está sufriendo Gustavo Gómez. Por un editorial en el que ni siquiera menciona a Luis Alberto Ríos Velilla, el empresario lo amenaza con llevarlo ante la justicia. El problema del acoso judicial es que, aunque no termine en una sentencia en contra de los periodistas, intimida, genera estrés y desgaste de recursos que a menudo no se tienen. Como dijo la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) sobre el caso de Gómez, “esta solicitud pretende censurar cualquier opinión sobre la indebida celebración de contratos por parte de funcionarios públicos. Además, la petición se basa en una interpretación que hizo el solicitante sobre la opinión del periodista”. Todo muy mal.
El periodismo está bajo ataque por hacer su labor esencial: incomodar y vigilar al poder. Esto no puede ocurrir en un país que protege la libertad de expresión y acceso a la información.
Por: El Espectador