Por Daniela Garzón
Aunque la luna de miel de Petro con su electorado parece intacta, los problemas urgentes de Colombia azuzan a un gobierno que ha creado muchas expectativas y podría desilusionar muy pronto.
Las expectativas y la luna de miel
El gobierno de Gustavo Petro y Francia Márquez arrancó como una fiesta: su punto de partida fue una Plaza de Bolívar a reventar, con conciertos en varios puntos de la ciudad, un acto rimbombante de posesión, el berrinche de Duque de no dejar sacar la espada de Bolívar de Palacio, y un discurso largo y grandilocuente con un sinfín de problemas y sus soluciones.
Durante la posesión de los ministros, muchos de los cuales tienen las mejores calidades profesionales y personales y hacen ver minúsculos a la mayoría de los ministros de Iván Duque, Petro hizo un llamado al trabajo, a no tolerar la corrupción y a entender que la luna de miel se acabaría pronto. Pero parece que muchos no lo entendieron.
Aunque la última encuesta de Invamer Poll muestra un nivel de aprobación que hace mucho tiempo no se veía en un presidente —y que ha servido incluso para jalonar otras favorabilidades, como la de la alcaldesa Claudia López —, ese 56% con el que arranca podría desgastarse rápidamente. ¿Por qué?
Los intentos, los anuncios y los problemas
El primer asunto inquietante es la lentitud para completar su equipo de gobierno, y el ruido que hicieron algunos de los nombramientos.
Según La República, hasta la semana pasada faltaban al menos dieciocho viceministros por nombrar, y hace apenas cinco días que se completó el gabinete con el nombramiento de Sandra Urrutia en el ministerio de Tecnología, Información y Comunicaciones (TIC), después del fallido intento de poner ahí a Mery Gutiérrez. Tampoco han sido nombrados los directores del DANE ni del ICBF.
En segundo lugar, está el revuelo causado por algunos de los nombramientos: los de Iván Velásquez en el Ministerio de Defensa, de Irene Vélez en el Ministerio de Minas y de Guillermo Reyes en el Ministerio de Transporte.
- Velásquez, exmagistrado auxiliar de la Corte Suprema, célebre por sus investigaciones sobre la parapolítica y por ser el jefe de la Comisión contra la Impunidad de Guatemala, no tiene experiencia conocida en asuntos de Seguridad y Defensa y es considerado por el Centro Democrático como un contradictor declarado del expresidente Uribe, por lo que su nombramiento no cayó para nada bien en ese partido.
- Irene Vélez, filósofa de profesión, viene de trabajar con las comunidades rurales y no del mundo de la geociencia. Firmante de la declaración sobre la ciencia no hegemónica, Vélez parece más una segunda ministra de Ambiente que de Minas.
- El nombramiento más polémico sin duda fue el de Guillermo Reyes en la cartera de Transporte, como cuota declarada del Partido Conservador. Reyes tiene varias acusaciones por plagio y una denuncia contra el senador y líder del conservatismo, Carlos Andrés Trujillo, lo involucra por ser beneficiario de unos contratos en Itagüí cuando Trujillo era el alcalde.
Si bien el gabinete podría ser un ‘dream team’ para muchos, lo cierto es que ya se han dado los primeros traspiés. Reyes no ha tenido que enfrentar ningún problema relacionado con su cartera, y se ha limitado a defenderse de las acusaciones de plagio, pero Velásquez y Vélez sí han tenido que hacerlo.
- Velásquez ha llegado a encabezar un ministerio donde hay muchas molestias por la salida masiva de generales que implicó la escogencia de la nueva cúpula de las Fuerzas Armadas. Al tiempo, está capoteando no pocas resistencias frente a los cambios de enfoque que quieren llevar a cabo en las políticas de seguridad y defensa, como las surgidas cuando anunció que los bombardeos no iban más. El atentado a la avanzada del presidente en el Catatumbo, los ánimos caldeados en el norte del Cauca por el anuncio de desalojo a quienes están invadiendo predios y el uso del ESMAD en ellos, y el asesinato de los siete policías en Neiva hacen parte ya de la lista de ‘dolores de cabeza’ a los que está haciendo frente el nuevo ministro.
- Al mismo tiempo, ha habido varias salidas en falso de la ministra Vélez. Aunque es claro que se opone al extractivismo y tiene mucho conocimiento sobre los conflictos ambientales debidos a la extracción de hidrocarburos y minerales, algunas de sus declaraciones muestran desconocer la importancia del sector para la economía colombiana. Tuvo que retractarse después de decir que no se seguiría con la exploración de gas y que si hiciera falta se le compraría a Venezuela, dejó atónitos a varios economistas y asistentes a un congreso de minería cuando habló de la teoría de decrecimiento económico, y abandonó una rueda de prensa al acabarse ese evento sin contestar las preguntas de los periodistas.
Esto en medio de un panorama macroeconómico difícil, cuando se negocia una tributaria que va bastante ‘peluqueada’ antes de comenzar su trámite en el Congreso y con un mundo en zozobra por las fuentes de energía que podrá usar Europa e el invierno que se viene, gracias a la invasión rusa a Ucrania.
Los sinsabores alrededor de temas clave como el desmonte del ESMAD ya se están haciendo sentir, porque el compromiso del gobierno era desmontarlo y no transformarlo en una fuerza nueva.
Otro asunto para considerar es la larguísima agenda legislativa que se ha presentado en estos días, y que aun así no incluye muchos de los proyectos clave que integraron el plan de gobierno.
Según Juan Carlos Pérez, en los primeros cuarenta días de esta legislatura se han radicado 320 proyectos de ley y de acto legislativo. Comparados con periodos anteriores de arranque de gobierno, la diferencia es sustancial, aunque por supuesto no todos son de iniciativa gubernamental.
Desconcierta sobre todo que hasta ahora los proyectos que más han sonado son la reforma tributaria, el código electoral y las modificaciones a la ley de orden público para poder negociar con el ELN o acordar el sometimiento de otros grupos armados ilegales, lo cual implica que temas anunciados como la reforma anticorrupción, la reforma agraria, la creación de los ministerios de Igualdad y de Paz, por solo mencionar algunos, aún no se radican.
Otras reformas que serían necesarias para cumplir los objetivos del plan de gobierno, como una reforma a la ley 30 de educación superior, reforma a las EPS y el sector salud, de seguridad y al sistema pensional, probablemente no aparecerán en estos meses que le quedan al 2022, tendrán que esperar, y soslayar el desgaste que ya tendrá en ese momento la coalición de gobierno, que sin apenas operar empieza a resquebrajarse.
Los liberales no están contentos con lo que les han dado en cuotas burocráticas hasta ahora y el partido de la U anunció que no era definitivo que se declarara de gobierno. Tienen hasta el 7 de septiembre para hacer esa declaratoria.
Los sinsabores alrededor de temas clave como el desmonte del ESMAD ya se están haciendo sentir, porque el compromiso del gobierno era desmontarlo y no transformarlo en una fuerza nueva. Las pugnas en los temas agrarios, en parte motivados por los anuncios que Petro hizo durante la posesión, cuando dijo que los activos administrados por la Sociedad de Activos Especiales (SAE) pasarían a manos de campesinos y de proyectos sociales, comienzan a tornarse preocupantes porque la invasión a predios (por ejemplo en el norte de Cauca) aunque es de vieja data, se ha acentuado en el último mes.
Pasito a pasito ¿iría mejor?
En este primer mes de gobierno, Petro y su comitiva han hecho esfuerzos para visitar los lugares más conflictivos del país, lo que casi ningún gobierno había hecho.
Durante estas semanas Petro o miembros de su gabinete han visitado en varias oportunidades el Cauca, fueron al Catatumbo, a Itagüí y el viernes al Huila, a realizar un consejo de seguridad que se extendió hasta la media noche. Con la instalación de la Comisión Accidental de Paz se prometió trabajar mediante Puestos de Mando Unificado en 67 municipios priorizados y llevar a cabo un plan de choque para la defensa de la vida de los líderes sociales. Sin embargo, como es evidente, habrá que esperar un par de meses para ver si el empeño en ir a los lugares donde se concentran muchos de los problemas de seguridad rinde frutos y se logra una baja considerable en el uso de la fuerza armada.
El interés del gobierno en negociar con el ELN ha hecho levantar las órdenes de extradición a algunos de sus miembros y que se haya avanzado en acercamientos con quienes se quedaron en Cuba después de la suspensión de la mesa en 2019. Pero la teoría del ELN sobre la “resistencia eterna” no permite pensar en una negociación expedita.
Aunque las correrías por el país permiten un diálogo frecuente con muchas comunidades, hay que pasar de los anuncios a la acción. Con el atentado a los policías quedó claro que los grupos armados ilegales no están dispuestos a ceder de buenas a primeras en sus disputas e intereses, y que hará falta muchísimo más que discurso para mitigar la espiral de violencia que viene en aumento desde la firma del acuerdo con las Farc. El discurso de “la paz total” no es suficiente. La voluntad política es apenas el primer paso.
En el mismo sentido, una agenda legislativa menos ambiciosa pero más concreta podría ayudarle a que el gobierno mostrara resultados mucho más rápidamente, lo que necesita para mantener la luna de miel con su electorado.
La dispersión de la bancada de gobierno, sumada a algunos escándalos como el del senador Álex Flórez, quien borracho acabó peleando con agendes de policía, exasperan a aquellos que están muy esperanzados en que este gobierno de veras actúe diferente.
Es muy temprano para hacer un balance, pero el reloj seguirá corriendo, y es más inteligente escoger las batallas que pelearlas y perderlas todas a la vez.