50 millones de colombianos que NO participan en las protestas quieren TRABAJAR y VIVIR en paz
Desde el 30 de abril un grupo de líderes radicales citaron a protestas callejeras en Colombia, a pesar de que el poder judicial había declarado ilegal la manifestación pública en consideración al riesgo que representa para la salud de los colombianos, promover aglomeraciones en medio del tercer pico de la pandemia y cuando la capacidad hospitalaria está completamente excedida.
A pesar de lo anterior, los grupos radicales que están interesados en desestabilizar nuestra democracia, persistieron en su convocatoria a protestas callejeras utilizando como argumento la presentación de una reforma tributaria por parte del Gobierno Nacional, que buscaba recaudar 21 billones de pesos. El Gobierno ya retiró la reforma tributaria y el Ministro responsable presentó su renuncia.
Sin embargo, los líderes radicales,decidieron ampliar sus exigencias hasta el punto en que son necesarios 81 billones de pesos para lograr cumplir con ellas. Es evidente que estas nuevas solicitudes son imposibles de cumplir y sólo sirven como excusa para justificar formalmente la persistencia de las manifestaciones en las calles.
Gracias a esta falsa protesta, los 50 millones de Colombianos que NO hemos participado en las protestas, hemos tenido que presenciar ataques violentos contra la fuerza pública (más de 20 estaciones de policía han sido incendiadas, muchas con los policías adentro), y asaltos contra el sistema bancario, industrial y comercial y contra el transporte urbano. Los manifestantes han sido acompañados de vándalos armados con piedras, bates, bombas incendiarias, y armas de fuego y tienen sumidas en angustia a todas las grandes ciudades del país.
Ya han logrado cerrar las vías de acceso de varias ciudades, produciendo desabastecimiento, escasez de oxígeno para hospitales y enfermos de COVID aumento de precios de los alimentos, ataques contra misiones médicas, y ambulancias, prender fuego a policías y numerosos ataques contra trabajadores de diferentes sectores.
La ciudad más afectada por estas violaciones a los derechos humanos es la ciudad de Cali en el departamento del Valle. Incluso ya se registran amenazas de parte de los violentos a la ciudadanía para atemorizarlos y obligarlos a quedarse en sus casas.
Quieren lograr un PARO OBLIGATORIO Y POR LA FUERZA.
Por eso, nos dirigimos a las Organizaciones Internacionales y al Presidente de la República para que DETENGAN LAS VIOLACIONES DE LOS DERECHOS HUMANOS DE QUIENES NO PARTICIPAMOS EN LAS PROTESTAS.
CARTA DIRIGIDA A LA ONU, A LA OEA Y AL PRESIDENTE DE COLOMBIA PARA EL FIN DE LAS PROTESTAS EN COLOMBIA
SEÑORES
Presidente Iván Duque
Organización de los Estados Americanos
Organización de las Naciones Unidas
LA PROTESTA NO PUEDE SER EXCUSA PARA VIOLAR DERECHOS HUMANOS
Los colombianos que no participamos en las protestas exigimos el respeto por los derechos humanos violentados por los bloqueos y actos de vandalismo por parte de los manifestantes en el marco de las protestas que iniciaron el 30 de abril del corriente año, al igual que el respeto por nuestras instituciones democráticas y los miembros de la Fuerza Pública, quienes también son titulares de derechos humanos, invisibilizados por el sistema de Naciones Unidas y la Organización de Estados Americanos.
Los colombianos reconocemos el derecho a la libertad de expresión y a la protesta pacífica, mas ésta no puede ser la excusa para violentar otros derechos como la vida, la salud, la alimentación, la libre circulación, entre otros.
Las manifestaciones iniciaron en medio del tercer pico de la pandemia y la capacidad hospitalaria excedida casi completamente, razón por la cual fueron declaradas como ilegales por el Poder Judicial en consideración al inmenso riesgo que representa para la salud pública, el promover aglomeraciones en este preciso momento.
Por otra parte, los bloqueos viales no son una forma pacífica de protesta, mucho menos cuando son agravados con amenazas provenientes de “los manifestantes” a los ciudadanos que no hacen parte de tal actividad, el daño de bienes públicos, el uso de armas de fuego y no convencionales, los ataques contra misiones médicas y ambulancias, los ataques contra trabajadores y la violencia contra nuestros policíaspor parte de dichos grupos que se autodenominan manifestantes, son alarmantes violaciones a los derechos humanos.
Pedimos especial consideración para las mujeres embarazadas y los pacientes que fruto de los bloqueos viales, no ha recibido atención médica, medicinas y tratamientos médicos de urgencia, incluidos los enfermos del COVID19 y ciudadanos que les fue interrumpido su proceso de vacunación, todos ellos verdaderos grupos vulnerables.
Las violentas protestas y los bloqueos viales no llevan a ninguna solución, violan los derechos humanos y la comunidad internacional no debe prestarse como lo ha hecho, para desinformar, invisibilizar inaceptablemente algunas víctimas y con ello empoderar violadores de derechos humanos fungiendo de manifestantes.
Dadas las anteriores consideraciones,
Solicitamos al Sr. Presidente de la República de Colombia que, en cumplimiento de sus funciones constitucionales, asuma con rigor sus responsabilidades en materia de orden público y con ello se logre el cese de los bloqueos y violentas protestas de manera inmediata.
Respecto de las Organizaciones Internacionales
- Exigimos respeto por los derechos humanos de la sociedad civil que NO PARTICIPA EN LAS PROTESTAS, así como de los miembros de nuestra Fuerza Pública, pues su invisibilización es inaceptable.
- Exigimos que no se utilicen los organismos internacionales para prejuzgar funcionarios que no han tenido oportunidad de ser escuchados por un juez.
- Exigimos equilibrio en el abordaje de la situación en Colombia, pues tales organismos no se refieren a la violencia perpetrada por manifestantes, grupos indígenas, como tampoco sobre la participación de grupos guerrilleros. (incluidas las expresiones públicas de líderes indígenas sobre “para armado” las del líder de las FARC Iván Márquez)
- Exigimos al Sistema Interamericano de Derechos Humanos, la MAPP-OEA y a la Secretaría General de las Naciones Unidas, responsabilidad por la falta de rigurosidad en la información que promueven en redes sociales y comunicados de prensa, ello genera mayor violencia y desorden.
- Exigimos a dichas organizaciones que no impongan su sesgo político, pues sus altos funcionarios internacionales deben actuar con base en los instrumentos de derecho internacional y no en sus preferencias políticas.
Por su parte, solicitamos al Sr. Presidente de la República, Iván Duque:
- Imponer el orden y el Estado de Derecho en todo el territorio nacional.
- Defienda y proteja los derechos humanos de quienes NO PARTICIPAMOS EN LAS PROTESTAS para que no sean vulnerados por los violentos.
- Exigimos que se garantice la libre circulación, en el contexto de la emergencia por el COVID, y con ello el acceso a los servicios de salud, nuestros lugares de trabajo y el goce de los demás derechos.
¡La protesta social no puede servir de excusa para violar los Derechos Humanos de quienes NO PARTICIPAN en ella!
Respetuosamente,