SEMANA: El Gobierno ha anunciado una serie de medidas para que la justicia siga funcionando de manera digital en la era del coronavirus. ¿El sistema está preparado para eso?

Alfonso Gómez Méndez: Con los anuncios hechos para la rama judicial pasa lo mismo que con muchas de las medidas que se pretende implementar en otros campos: suenan muy bien en teoría pero es muy difícil ejecutarlas en la práctica. No es la primera vez que se habla de la necesidad de digitalizar la justicia. La Procuraduría ya venía trabajando en un proyecto en esa dirección, pero definitivamente esto no se logra de la noche a la mañana.

SEMANA: Pero da la impresión de que es muy poco lo que se ha avanzado. De la digitalización de la rama se está hablando hace años…

A.G.M.: En este país llevar las cosas del papel a la realidad siempre ha tomado mucho tiempo. Por ejemplo, la oralidad se estableció por primera vez en 1946, en el gobierno de Ospina Pérez, para el procedimiento laboral. Luego en 2002 para el procedimiento penal. Sin embargo, con el sistema acusatorio vemos que muchos de los procesos en la Fiscalía siguen siendo escritos, pesados y largos. Pero no por esto hay que ser pesimistas. Aún cuando no es mucho, algo se ha avanzando en el tema digital. Digamos, hemos visto a guerrilleros y paramilitares dando declaraciones en ese formato. Esta crisis puede ser una oportunidad para que en verdad se implante la digitalización que ya estaba prevista en la ley antes de la llegada del coronavirus.

SEMANA: Eso suena posible en algunos escenarios de la rama, pero lo cierto es que muchos colombianos no tienen facilidades de conexión a internet.

Esta crisis puede ser una oportunidad para que en verdad se implante la digitalización que ya estaba prevista en la ley antes de la llegada del coronavirus.

A.G.M.: Ese es uno de los grandes inconvenientes. El trabajo digital hoy se ve factible en contextos como el de la Corte Constitucional o la Corte Suprema, y menos factible en los juzgados y fiscalías que operan, en muchos casos, en condiciones de absoluta precariedad. El tema de la ciudadanía es aún más complicado. Una audiencia virtual puede sonar posible en las ciudades e incluso en muchos de los municipios. Pero en los territorios alejados donde ni siquiera ha llegado el agua, eso no es más que una utopía. Colombia tiene que demostrar que una justicia digital sí funciona. Pero para que estos mecanismos se implementen plenamente en un sistema tan atrasado como el nuestro, vamos a necesitar de mucho tiempo. Ese tendría que ser uno de los grandes temas de la reforma a la justicia.

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SEMANA: Los desafíos son tantos que no se ve factible una solución en el corto plazo. ¿No es más claro decirles a los ciudadanos que durante la cuarentena la justicia va a estar prácticamente paralizada?

Una audiencia virtual puede sonar posible en las ciudades e incluso en muchos de los municipios. Pero en los territorios alejados, donde ni siquiera ha llegado el agua, eso no es más que una utopía.

A.G.M.: No. Es cierto que en este tiempo no podrá haber audiencias físicas pero en el país no puede paralizarse del todo la administración de justicia. Esta situación nos va a servir para replantear el funcionamiento no solo de la rama judicial sino de los esquemas de trabajo, de movilidad e incluso de educación. Es posible que cuando pase la crisis nos demos cuenta de que el teletrabajo es más efectivo o de que la universidad virtual puede terminar reemplazando a la presencial. En el caso de la justicia, la tecnología no puede ser un reemplazo sino un complemento de lo que hoy existe. A nivel de las altas cortes, en el corto plazo no tendrá mayor problema que un magistrado se siente en su casa a estudiar un expediente para tomar una decisión. Para los temas menos académicos como los relacionados con las investigaciones de la Fiscalía que comprenden interceptaciones y demás, deberá hacerse una pausa porque algo tan delicado no puede hacerse desde la casa.

SEMANA: En un país tan leguleyo como Colombia, ¿no es un muy grande el riesgo de que todas las decisiones que se tomen en este tiempo terminen cayéndose por vicios de forma o de procedimiento?

A.G.M.: Ese es un riesgo real. Dado el formalismo absoluto, a veces excesivo del sistema, es perfectamente factible que luego se diga que una persona no fue notificada oportunamente, que no se identificó, o que alguien la suplantó en un proceso. Y eso por no hablar del problema de los hackers. Si aquí en condiciones normales se alteran los procesos, la posibilidad de que alguien les meta mano cuando estos son digitales es enorme. Por eso, repito, la digilitalización no puede entenderse como un reemplazo del sistema sino como un complemento que permita agilizar lo que hoy existe.

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SEMANA: Pero la lentitud del sistema de justicia no se da solamente porque este no esté digitalizado…

Si aquí en condiciones normales se alteran los procesos, la posibilidad de que alguien les meta mano cuando estos son digitales es enorme.

A.G.M.: Si usted revisa los términos que hay en todos los códigos, ningún proceso en Colombia debería durar más de dos años por más complejo que fuera. Eso está escrito en la ley desde hace rato. De lo que se trata es de crear las condiciones para que eso se cumpla. Y sí, eso va mucho más allá del tema digital. Se requieren mejores facultades de derecho, tener un organismo judicial ágil que reemplace al Consejo de la Judicatura y, sobre todo, una mejor formación ética de los abogados. Ya me imagino en este contexto a los abogados de hoy pidiendo que les aplacen una audiencia porque el internet está lento, porque se fue la luz en el sector o porque el computador se quedó sin pila. Ahí es donde está el reto. Cambiar la ley para entrar a la era digital es fácil. Lo difícil son las transformaciones éticas de fondo que toman más tiempo. Por ejemplo, ¿Por qué las tutelas se resuelven más rápido que los demás procesos si los jueces son los mismos? Eso pasa porque hay unas sanciones muy fuertes, que pueden implicar la destitución del cargo, para un juez que no falle una tutela oportunamente. Por eso he hablado de la necesidad de “tutelizar” todo el sistema de justicia.

SEMANA: Precisamente. La crisis del sistema es un tema de fondo. En tiempos de coronavirus, ¿no es más honesto afirmar que la crisis se va a profundizar?

Ya me imagino en este contexto a los abogados de hoy pidiendo que les aplacen una audiencia porque el internet está lento, porque se fue la luz en el sector o porque el computador se quedó sin pila.

A.G.M.: Lo cierto es que la administración de justicia ha venido siendo un caos con o sin coronavrius. No es sino ver las noticias diarias de las personas que salen por vencimiento de términos, los aplazamientos de las audiencias, los procesos interminables, o los fiscales, jueces y magistrados que terminan en la cárcel por corrupción. Eso no es propio de esta crisis. No obstante, más allá de las falencias del sistema, no sería un buen mensaje decirle a los colombiano que la aplicación de justicia va a suspenderse por unos meses.

SEMANA: Otra problemática que ha salido a relucir en el contexto de la pandemia es la crisis carcelaria. La situación en las cárceles es inhumana. ¿Qué puede hacer el Estado para desactivar ese posible estallido social en los centro de reclusión?

A.G.M.: Esa ha sido una de las consecuencias del coronavirus. No es que este cree estos problemas, que vienen desde hace años, sino que los pone sobre la mesa. ¿Cuánto tiempo llevamos diciendo que el Estado no ha sabido afrontar la situación en las cárceles? Aquí el problema no es la pandemia sino que en Colombia pretendemos resolver todo con el Código Penal. Queremos llevar a todo el mundo a la cárcel, no hemos sido capaces de construir las cárceles que se necesitan, y después nosotros mismos nos quejamos del hacinamiento penitenciario. En los centros de reclusión de este país lo que hay hoy es una clara violación a los derechos humanos de quienes han sido privados de la libertad. Puede que esto que voy a decir sea impopular. Pero hay que buscar la excarcelación en algunos casos determinados, descongestionar los penales, y evitar que estos se vuelvan un foco de propagación de la epidemia.

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SEMANA: Más aún cuando una buena parte de los presos son sindicados que llevan años esperando una condena que no llega…

En los centros de reclusión del país lo que hay es una clara violación a los derechos humanos de quienes han sido privados de la libertad. 

A.G.M.: Hay una norma del sistema acusatorio que dice que en principio las personas solo deben estar en la cárcel cuando sean condenadas. Pero con el populismo punitivo que hay en Colombia, si un juez manda a un sindicado a prisión domiciliara se le viene el mundo encima. El coronavirus puede ser una oportunidad para que se dé este debate de fondo. Fíjese que ya se está hablando de meter a la cárcel a las personas que no cumplan con la cuarentena obligatoria. ¿Qué hacemos metiendo preso a un papá que salió a buscar el pan porque lo echaron del trabajo y sus hijos no tienen con qué comer? No se me ocurre un planteamiento más absurdo.

SEMANA: ¿Qué opinión le merece el manejo que el Gobierno le está dando a la emergencia carcelaria tras la llegada del coronavirus?

¿Qué hacemos metiendo preso a un papá que salió a buscar el pan porque lo echaron del trabajo y sus hijos no tienen con qué comer?

A.G.M.: La medida de decretar la emergencia carcelaria me parece sana. Es positivo que piensen en sacar de los centros de reclusión a las personas mayores de cierta edad, a quienes estén enfermos de gravedad, a las madres lactantes o a muchos de los sindicados. Eso, incluso, ha debido hacerse antes. El Estado lo que no puede hacer es quedarse quieto y pretender que no está pasando nada. Es necesario crear condiciones para que los jueces de ejecución de penas puedan llevar esto a cabo en cuestión de horas o de días, antes de que lleguemos a un escenario de no retorno en los casos de contagios en las cárceles.

Fuente: Entrevista: Revista Semana