Las 16 curules reservadas para las víctimas del conflicto armado en Colombia son un paso importante hacia su reconocimiento efectivo como actores políticos. Esto reafirma que el compromiso democrático con los más de 8 millones de colombianos y colombianas victimizados en el conflicto, no se puede seguir dilatando; su voz merece ser escuchada y su participación política debe ser garantizada.

Frente a este histórico reto, hace pocos días, el Congreso de la República volvió a darle vida jurídica al acto administrativo que otorga 16 curules a las víctimas, en cumplimiento de los fallos del Consejo de Estado y la Corte Constitucional. Esta norma, que se haría efectiva para los periodos 2022-2026 y 2026-2030, representa un compromiso con la implementación del punto 2 del Acuerdo de Paz, el cual se centra en la participación política.

Este fue un proceso dilatado y difícil, ya que en el Congreso las bancadas que sistemáticamente se oponen al Acuerdo de Paz y su implementación, facilitaron el hundimiento del acto legislativo en 2017. Han sostenido que estas curules terminarán en manos de excombatientes de las FARC y grupos armados presentes en los territorios.

Lo que olvidan los detractores de las curules de las víctimas es que ni los partidos tradicionales, ni el partido Comunes podrán ocupar estos escaños. Además, que el Gobierno y las instituciones están en la obligación de garantizar que sean realmente las víctimas quienes ocupen la curules y encuentren espacios de organización política que les permitan generar procesos de liderazgo y participación política efectiva.

El Gobierno y los partidos políticos deben demostrar el compromiso con las víctimas, con los colombianos que vieron la peor cara del conflicto armado y han sido abandonados por el Estado. Las 16 curules son una esperanza para ser escuchados y defender sus derechos y legítimos intereses.

Desde el Nuevo Liberalismo celebramos esta decisión que le recuerda a las víctimas que Colombia siente su dolor, que merecen verdad, justicia y reparación; así como voz y voto en las decisiones que nos definen como sociedad.