Comprar las plataformas nos permitiría poner los datos a trabajar para el ciudadano, creando soluciones de inteligencia artificial para el servicio público y reforzando nuestros criterios democráticos.
Por: Marta Peirano – ethic
Si buscas la Directiva europea correspondiente, con fecha del 8 de diciembre de 2008, dice que una infraestructura crítica es «el elemento, sistema o parte de este situado en los Estados miembros que es esencial para el mantenimiento de funciones sociales vitales, la salud, la integridad física, la seguridad, y el bienestar social y económico de la población, cuya perturbación o destrucción afectaría gravemente a un Estado miembro al no poder mantener esas funciones». Son términos apropiados para describir la infraestructura que nos ha permitido seguir trabajando, seguir consumiendo, seguir atendiendo a nuestros padres y escolarizando a nuestros hijos durante la pandemia. Parece apropiado considerar la singularidad de nuestro predicamento: hemos delegado la responsabilidad de nuestro bienestar social y económico en media docena de multinacionales estadounidenses que han esquivado todas sus responsabilidades con nosotros, desde el pago de impuestos al cumplimiento de la legislación de protección de datos. La crisis es el peor momento para gestionar una crisis y, cuando llegó esta, su infraestructura ya estaba allí.
Valorando sus antecedentes, no es exagerado anticipar que su integración en la sanidad, la educación y las administraciones públicas tendrá un impacto similar al que ya tuvo sobre el ecosistema mediático y la campaña política. Que, en el proceso de atender los servicios de carácter público con herramientas diseñadas para su oscuro modelo de negocio, transformará la relación entre la administración y lo administrado, deformando su función. La explotación de datos es, al mismo tiempo, antitética y apetitosa para el ejercicio de la administración de lo público, que no puede gobernar vigilando sin disminuir libertades civiles en nombre del bien común. Deriva muchas más contradicciones de la alianza entre la administración pública y el capitalismo de datos. Aquí va otra.
«Hemos delegado la responsabilidad de nuestro en media docena de multinacionales estadounidenses»
Los ciudadanos podemos dejar voluntariamente de buscar cosas en Google, de subir fotos a Instagram o de comprar en Amazon. Sería molesto, pero técnicamente podríamos y, legalmente, también. Pero la mayoría no podemos, aunque queramos, dejar de trabajar ni renunciar a la sanidad pública; ningún menor de 14 años puede dejar de estudiar y ningún ciudadano puede dejar de ser administrado por el Estado. Las Administraciones Públicas no pueden hacer que el cumplimiento de esas responsabilidades entre en conflicto con los derechos del ciudadano o de un menor –por ejemplo, obligar a los padres de un menor a elegir entre firmar los términos de usuario de Google Escuelas o incumplir sus deberes legales inherentes a la patria potestad, renunciando a su escolarización–.
La nueva Estrategia Digital de la Comisión Europea se ahoga en estas paradojas. Nuestra primera regulación general de internet en veinte años pretende ejercer un control sobre infraestructuras sobre las que no tiene soberanía, para poder depender de ellas sin incurrir en contradicción. La solución a este conflicto es la soberanía: si no podemos construir nuevas infraestructuras europeas, debemos comprar aquellas de las que dependemos, para garantizar que mantienen sus funciones críticas sin vulnerar nuestros derechos. Si esta idea parece un poco descabellada es porque no es mía, sino de Donald Trump.
El presidente Trump firmó dos órdenes ejecutivas para obligar a ByteDance –dueña de la plataforma china TikTok– a vender todas sus operaciones en EEUU a una empresa local, con el argumento de que TikTok podría estar espiando ciudadanos estadounidenses, lo que supone un problema de seguridad nacional. Trump no puede demostrar que TikTok espíe a los estadounidenses, pero nosotros sí. Las pruebas de que Google, Amazon, Facebook, Microsoft y Apple espían a los ciudadanos europeos para otros gobiernos están en el archivo de documentos que Edward Snowden filtró en 2013.
Trump es una fuente improbable de soluciones plausibles, pero le sonó la flauta. Comprar las plataformas nos permitiría modificarlas para que atendieran las necesidades de la comunidad y operaran de forma transparente, sujetas a responsabilidad. Nos permitiría poner los datos a trabajar para el ciudadano, creando soluciones de inteligencia artificial para el servicio público, reforzando criterios democráticos bajo nuestra regulación general. Las infraestructuras críticas son demasiado importantes para dejarlas en manos del capitalismo de datos. Si lo hacemos antes de la siguiente crisis, podremos gestionarla mejor.