Donald Trump, expresidente de EE UU, explica en rueda de prensa la demanda que ha interpuesto contras las redes sociales. AP
El expresidente de EE UU asegura que probará que su expulsión o suspensión en las redes sociales tras el asalto al Capitolio es “ilegal e inconstitucional”
El expresidente estadounidense Donald Trump ha interpuesto una demanda colectiva contra Facebook, Twitter y Google y sus consejeros delegados, Mark Zuckerberg, Jack Dorsey y Sundar Pichai, para hacerles “rendir cuentas” por lo que considera un ataque a su “libertad de expresión” después de que fuera expulsado de las redes sociales por alentar a la turba que asaltó el capitolio el pasado 6 de enero. Trump asegura que estas compañías están silenciando ilegalmente las voces conservadoras.
En una rueda de prensa retransmitida desde su club de golf en Bedminster (Nueva Jersey), Trump dijo que buscará probar la ilegalidad del veto a sus cuentas, pero también defender la Primera Enmienda de la Constitución y que las big tech dejen de “silenciar”, “poner en una lista negra” y “cancelar” a los estadounidenses, informó Efe.
Las demandas han sido presentadas en el Estado de Florida y han contado con el apoyo de la America First Policy Institute, que agrupa a políticos de su línea ideológica y exmientros de su gabinete. Trump dijo que su equipo legal contará con abogados que han defendido a empresas tabaqueras. El exmandatario ya ha pedido contribuciones para financiar esta batalla legal.
Las cuentas de Trump en las redes sociales Facebook y Twitter permanecen suspendidas tras el asalto violento de una turba de sus seguidores al Congreso de EEUU el 6 de enero, algo que ha calificado desde entonces de “censura” y “abuso”.
Las citadas compañías acusan a Trump de violar sus políticas y de glorificar la violencia a través de sus mensajes en sus plataformas, repitiendo sus falsas acusaciones de que su derrota en las últimas elecciones presidenciales fue el resultado de un fraude electoral, una afirmación que ha sido rechazada por múltiples tribunales, funcionarios estatables y miembros de la Administración de EE UU.
Las demandas piden que se invalide el artículo 230 de la Ley de Decencia en las Comunicaciones de 1996 para privar a las plataformas de su actual inmunidad, según Trump, frente a posibles litigios por los contenidos publicados y por su libertad a la hora de moderarlos.
“No buscamos llegar a un acuerdo. No sabemos qué va a pasar, pero no buscamos llegar a un acuerdo”, insistió Trump, quien añadió que “el caso probará que esto es ilegal, inconstitucional y completamente antiestadounidense”. El expresidente de EE UU también añadió que buscará “restitución” y compensación por “daños punitivos” por parte de los gigantes de las redes sociales, a los que tachó de “agentes del Gobierno” de EEUU. “Vamos a hacer rendir cuentas a las big tech“, subrayó.
El magnate invitó a unirse a la demanda a personas contrarias a su ideología, incluidos demócratas, bajo el argumento de que las grandes tecnológicas se han aliado con el Gobierno para decidir qué es desinformación, y que dentro de unos años podrían ser ellos las víctimas.
En su intervención, se rodeó de varias personas agraviadas por suspensiones de sus cuentas y de figuras como Pam Bondi, exfiscal del Distrito Sur de Florida, que forma parte del equipo litigador, según informa Efe. Bondi defendió que las redes sociales no deberían estar protegidas por la citada Sección 230, creada para proteger a los niños de la explotación “online”, “y que permite a las compañías tecnológicas moderar los contenidos en sus plataformas y, a la vez, las blinda ante consecuencias por el material publicado por usuarios”.
Si bien Trump no ha sido expulsado definitivamente de Facebook, donde cuenta con 35 millones de seguidores, sí lo fue de Twitter, donde llegó a tener 88,7 millones de usuarios pendientes de sus mensajes, después de que la compañía considerara que había instigado a sus seguidores para que se dirigieran al Capitolio, provocando los posteriores disturbios en los que hubo seis muertos.
Facebook anunció el mes pasado que Trump permanecería suspendido al menos durante los próximos dos años, aunque dejaba abierta la posibilidad de que pudiera volver a tomar el control e su perfil en 2023 si no existía riesgo para la seguridad.