Nueva York, 12 de abril de 2022.
Es un honor para mí, como Presidente de Colombia, hacer presencia hoy en este Consejo de Seguridad; hacerlo, además, por solicitud nuestra, para poder compartir con ustedes los resultados de lo que ha sido una agenda de país para la construcción de la paz.
Nuestro país, señores Embajadores, ha sufrido durante muchas décadas la ignominia de la violencia; se ha visto afectado por múltiples situaciones de violencia fratricida e irracional de grupos armados ilegales que han pretendido lacerar a nuestra nación y afectar la estabilidad institucional.
Dicho eso, Colombia es un país que abraza los principios sustanciales de la paz, como se encuentra consagrado en el artículo 22 de nuestra Constitución, donde nuestra Carta Política, como faro, guía y corifeo de nuestra sociedad, expresa que la paz es un deber y un derecho de obligatorio cumplimiento.
Esa virtud esencial de ese artículo 22 se soporta también en el artículo segundo de nuestra Constitución, que señala, con total amplitud y sin ambages, que el deber principal del Estado es garantizar la protección de la vida, honra, bienes, derechos y libertades de todos los ciudadanos, en todo momento y lugar.
Bajo esa premisa, debemos también asumir que en los últimos 40 años Colombia ha tenido varios procesos de paz con grupos armados ilegales, algunos más exitosos que otros, algunos con mejores resultados que otros, pero se ha presentado una constante valoración institucional en buscar los principios de desmovilización, desarme y reinserción.
Pero, además, con otro elemento sustancial, y es ir acomodando a las circunstancias avances y desarrollos del derecho internacional esa voluntad de paz, y todavía, con mayor certeza, después de que el mundo vio nacer el Estatuto de Roma para que crímenes de lesa humanidad no quedaran en la impunidad.
El proceso del año 2016 es uno de esos, y es un proceso que, sin lugar a dudas, trae retos, oportunidades para nuestro país, pero también es importante poner en el contexto de la comunidad internacional que, después de esa firma, también en nuestro país seguían existiendo amenazas latentes de grupos armados ilegales, como el Eln o como grupos terroristas vinculados al narcotráfico, donde también se encuentran organizaciones como ‘Pelusos’, ‘Caparros’, disidentes de las Farc y, por supuesto, este temeroso grupo de narcotráfico conocido como el Clan del Golfo.
Bajo ese entendido multidimensional de las amenazas a la seguridad, pero de la necesidad de construir paz territorial en Colombia, desde el primer día de nuestro Gobierno pusimos en marcha una visión, una política pública que llamamos la Paz con Legalidad, principio rector de la construcción de la paz sin impunidad y que buscara, en virtud de lo que ha dicho la Corte Constitucional de Colombia, hacer una adaptación para una implementación certera, eficaz, verificable y abierta al escrutinio de toda nuestra sociedad.
Por eso, desde el primer día en que le anunciamos a Colombia la política de Paz con Legalidad, hicimos un llamado a la Organización de las Naciones Unidas para que la Misión de Observación y acompañamiento a este proceso estuviera presente con nosotros durante los cuatro años de Gobierno.
Esta debe ser también una ocasión para agradecer al Secretario António Guterres por su compromiso, por su liderazgo, en que este acompañamiento, que debe ser independiente e imparcial, sea también la posibilidad de que en el concierto de las naciones y en el multilateralismo se le dé el apoyo necesario a Colombia.
Quiero agradecer también al doctor Carlos Ruiz Massieu y a su equipo por esa constante participación en toda la construcción de políticas públicas que nos permitan a nosotros llegar a los territorios.
Bajo esa perspectiva, señores Embajadores y Representantes Permanentes, es que el enfoque de la Paz con Legalidad para nosotros es integral, y busca que todos los elementos avancen también manteniendo, cuando sea necesario, una visión crítica, con aras de mejorar y subsanar aquellas cosas que lo requieren.
Es en virtud de ese enfoque integral, que yo quiero hacer referencia a muchos de estos logros en nuestro país, porque han sido acompañados por este Consejo de Seguridad en todos los informes que se han presentado, desde entonces, pero también con el apoyo bilateral de muchas de las naciones reunidas en este Consejo de Seguridad.
Apoyo a la reincorporación
Déjenme empezar por la reincorporación. Si la reincorporación de las personas que han estado en la violencia no sale bien, se afecta integralmente la materialización de un proceso genuino de paz territorial; por eso, quiero destacar que hoy tenemos alrededor de 12.828 personas que estuvieron en el camino equivocado de las armas, que hoy se encuentran con confianza, con credibilidad en este proceso de reincorporación a la sociedad colombiana.
Es un proceso único en el mundo, en virtud de muchas características, empezando porque cualitativamente se ha establecido para cada una de ellos siete garantías, que incluyen el apoyo psicosocial, el apoyo económico, la inserción laboral, el acompañamiento judicial, entre muchos otros.
Pero algo muy importante para destacar: hoy tenemos a muchos de esos excombatientes o personas en proceso de reincorporación que están vinculados en proyectos productivos; son más de 8.600 de ellos que directamente están en proyectos individuales o colectivos, produciendo, vendiendo, comercializando y encontrando para sus familias una mejor situación de vida.
Pero, como lo anotaba el doctor Ruiz Massieu, fuimos inclusive más allá, para profundizar aspectos relacionados con tierra, con vivienda y con propiedad.
He tenido la ocasión de visitar siete antiguas ETCR, que son los Espacios Territoriales (de Capacitación y Reincorporación), que fueron entregados en los momentos de la primera transición para que fueran asentamientos, para ellos.
Hemos hecho una mutación hacia una propiedad que individualice los derechos de cada familia y que permita una verdadera liberación e integración económica a la sociedad colombiana.
Es muy importante señalar esto aquí, apreciados Embajadores, porque una de las primeras consideraciones que me fue entregada en su momento por el antecesor del doctor Carlos Ruiz Massieu, el doctor Jean Arnault, como lo dijera públicamente, son las fragilidades que tenía el proceso, y esas fragilidades se han ido venciendo en virtud de estas políticas para las personas en proceso de reincorporación.
Hoy tenemos más del 85% de ellos vinculados a la seguridad social de nuestro país, al sistema pensional y al sistema de salud, otro hecho sin precedentes en procesos de paz en el mundo.
Atención y reparación a las víctimas
Pero hablemos de las víctimas, señores Embajadores, segundo aspecto de la visión integral; nuestro Gobierno promovió la extensión de la Ley 1448 para la reparación de las víctimas, para permitir que los recursos del Estado puedan ayudar a solventar a esos millones de colombianos que, por décadas, fueron lacerados por la violencia.
Pero en atención también a ese importante derrotero, en nuestro Gobierno logramos pasar de tres procesos de reparación colectiva a más de 50 procesos de reparación colectiva, asignando un presupuesto sin precedentes, pero, además, beneficiando solamente en estos cuatro años con apoyo económico de reparación a casi 400 mil víctimas, lo cual también marca un hecho sin precedentes.
Pero ha sido también en este Gobierno y en virtud del principio de acercar a las víctimas de tener voz y voto y representación política e influencia en las decisiones públicas, que apoyamos la reglamentación para que 16 víctimas, elegidas popularmente en las zonas de mayor violencia histórica en el país, se puedan sentar en el Congreso de la República con voz y voto, como ocurrió el pasado 13 de marzo.
Esa decisión histórica también se une a otro elemento trascendental, y es que esas circunscripciones han estado en la Colombia profunda, en la Colombia que hoy clama para que se aceleren los procesos de desarrollo.
Planes de Desarrollo con Enfoque territorial – PDET
Eso me lleva al tercer elemento que quiero compartir hoy: los Planes de Desarrollo con Enfoque Territorial, Embajadores, son la piedra angular de la paz territorial en Colombia.
Después de 20 meses del inicio de la implementación, antes de la llegada nuestra al Gobierno, solamente contábamos con 2 Planes de Desarrollo con Enfoque Territorial; hoy tenemos los 16, después de 14 procesos de concertación comunitaria, que le permiten a Colombia, con orgullo, tener más de 4.000 millones de dólares hoy siendo invertidos en esos 170 municipios, que tienen más de 11.000 veredas y que tienen cerca de 6 millones de colombianos, de los cuales 2 millones han sido víctimas de la violencia.
Esos Planes de Desarrollo, que implican inversión en agua, electrificación, educación y que traen también una inversión prácticamente sin precedentes en vías terciarias, son uno de los mejores ejemplos del compromiso de Colombia con llegar a los territorios con inversiones, que con Acuerdo o sin Acuerdo, eran una deuda histórica.
Me complace que hemos podido desarrollar programas como Obras por Impuestos y, más recientemente, lanzar una marca de país, en cabeza del Estado colombiano, para que todos los productores, sean víctimas, excombatientes o personas de las comunidades de estas áreas PDET, puedan llegar a todos los puntos de venta de nuestro país, y, bajo esa identidad de marca, cuando se compra ese producto, contribuir al bienestar de las personas que están en este momento apostando por una vida productiva.
Desarrollo Rural Integral
En cuarto lugar: el Desarrollo Rural Integral de nuestro país, pilar fundamental de esta integridad; señores Embajadores, nuestro Gobierno hoy ya puede decir que cerca de 52.000 títulos de propiedad rural han sido entregados en Colombia, en menos de 4 años, convirtiéndose en el Gobierno que más títulos de propiedad rural ha entregado en la historia de nuestro país.
Hemos logrado incorporar más de 1,6 millones de hectáreas al Banco de Tierras de nuestro país; tenemos una inversión en vías terciarias que, para el mes de agosto, será la más alta en obras y en generación de empleo rural que haya registrado Colombia.
Esa visión de integralidad, que nos permite decir que, aun en medio de la pandemia, hemos logrado las mayores exportaciones agrícolas registradas jamás por Colombia, tiene un elemento diferenciador, que lo hemos llamado Agricultura por Contrato, y es que los campesinos pueden vender sin intermediario; pueden hoy lograr, con microseguros, con esquemas de financiamiento, tener la predictibilidad de un ingreso en el tiempo; 300.000 productores del campo para el mes de agosto estarán incorporados bajo esta modalidad.
Sustitución de cultivos ilícitos
En el otro aspecto que ha sido muy importante de la integralidad, que tiene que ver con la sustitución de cultivos ilícitos, también podemos decir que el 50% de todas las áreas erradicadas bajo ese modelo han ocurrido en el Gobierno nuestro, sabiendo que para enfrentar las amenazas del narcotráfico debemos considerar todas las herramientas disponibles.
Desminado humanitario
Pero otro elemento de esa integralidad, que tiene que ver con el desminado humanitario, hoy nos da a nosotros la posibilidad de compartir en este escenario que el 50%, la mitad de todo el desminado que se ha hecho en Colombia, ha ocurrido en estos casi cuatro años de Gobierno.
Apelando también a que en esta integralidad, el factor diferencial, el factor de género y los que tienen que ver con las comunidades, que son afrocolombianas, que son raizales, palenqueras, pero también las pertenecientes a las comunidades indígenas, esas comunidades tienen hoy una asignación puntual, específica.
Y, anótenlo, apreciados Embajadores, con una nueva ley que, por primera vez en Colombia, les permite a estas comunidades una contratación directa, con una mayor cuantía directamente con el Estado para incidir en los procesos de desarrollo.
Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición
Quiero hacer referencia también a unos aspectos, que son muy importantes, relacionados con los principios de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición.
Hemos dado todo el apoyo económico a la institucionalidad; hemos dado todo el apoyo a la formulación de políticas públicas y, de hecho, estamos acompañando los primeros complejos restaurativos que tendrá nuestro país para quienes estén restringidos en sus libertades reparando a las víctimas.
Pero sea esta la ocasión también para decir: nuestro Gobierno, pensando en la corrección de errores pasados, de cara al futuro, logró sacar adelante en el Congreso de la República una reforma constitucional para que ni el narcotráfico ni el secuestro fueran delitos conexos al delito político y, por ende, amnistiables, hacia el futuro; esa es una corrección sustancial, que la promovimos desde antes de llegar a la Presidencia de la República.
Hoy vemos como las Fuerzas Militares de Colombia han entregado un reporte de todo lo que ha sido su intervención en los últimos 50 años defendiendo la legalidad de nuestro país, y solicitando la apertura de un macro caso sobre la base de que más de 400.000 hombres de las Fuerzas Militares y de Policía han sido víctimas de la violencia, pero es una contribución documentada, sin precedentes, también, en procesos de esta naturaleza.
Hoy esperamos también que los máximos responsables de los crímenes de lesa humanidad le digan al país la verdad sobre el secuestro, sobre el reclutamiento de menores, sobre los delitos contra la mujer y, por supuesto, sobre estos vejámenes contra la Fuerza Pública.
Quiero también expresar que existe todo el deseo de avanzar en una reparación efectiva; el Estado colombiano lo ha cumplido, pero se requiere también que los máximos responsables de crímenes de lesa humanidad también hagan una reparación económica material y creíble, sobre la base de que muchos de sus aportes todavía están lejos de las expectativas.
Esfuerzos en seguridad
Señores Embajadores, yo quiero detenerme un instante para hacer precisión sobre muchos retos que tenemos.
La violencia, cuando se han presentado procesos de paz en Colombia, tristemente ha estado presente; en muchos procesos anteriores al actual, después de darse la desmovilización se han dado asesinatos de personas que son consideradas excombatientes.
Pero qué importante poner en contexto lo que ha dicho la Defensoría del Pueblo de Colombia en su último reporte. Quiero citarlo: ‘El proceso de implementación posterior a los Acuerdos de Paz con las Farc, los estudios concluyen que ha sido aquel con el menor número de víctimas mortales por cada 1.000 personas en reincorporación’.
Ese solo hecho nos permite darnos cuenta de los esfuerzos en materia de seguridad que se han realizado; no podemos considerarlo una victoria, porque no deberían presentarse esos incidentes, pero históricamente hemos visto cómo el compromiso de proteger a quienes están bajo ese principio de desmovilización, desarme y reinserción ha traído resultados.
Es triste también ver cómo las manos asesinas del narcotráfico siguen lacerando algunas regiones de Colombia; pero, señores Embajadores, también partamos de la base de reconocer que, en estos cuatro años de nuestro Gobierno, tendremos la menor tasa de homicidios promedio y agregada de un periodo presidencial en más de 40 años.
Eso ya es un avance también en nuestra sociedad, como es un avance que hayamos registrado las menores tasas de secuestro desde que existen esos indicadores en nuestro país.
Narcotráfico, el mayor enemigo de la construcción de paz
Pero no podría yo dirigirme a ustedes sin mencionar algunas preocupaciones.
El narcotráfico es el mayor enemigo de la construcción de la paz en Colombia, y se han hecho esfuerzos por erradicación, sustitución; se han hecho esfuerzos históricos de incautaciones, llegando a los máximos el año pasado: 670 toneladas incautadas por Colombia.
Pero vemos cómo el consumo en el mundo ha seguido creciendo. Y si no hay un sentido de corresponsabilidad, donde los países que más inciden en el consumo asumen políticas públicas más directas y más claras, seguirá siendo un dolor grande para la sociedad colombiana. Por eso, es pertinente decirlo en este recinto.
Mensajes finales
Quiero, señores Embajadores, dejar unos mensajes finales.
Uno, tiene que ver con lo que el Gobierno nuestro, con el trazador presupuestal, deja de cara a la próxima administración; hemos pasado de fragilidades a un proceso presupuestado, planificado y con un trazador evaluable, el mismo que utiliza la Organización de Naciones Unidas.
En Colombia, señores Embajadores, no hay enemigos de la paz dentro de la institucionalidad y en la democracia. Todos la queremos, todos trabajamos por ella, y los únicos enemigos de la paz son los que desde la violencia han querido afectar a nuestra nación.
Hoy también podemos decir que se han logrado avances significativos frente a muchas reivindicaciones que, con o sin Acuerdos, eran necesarios.
El reto más grande de un proceso no es la firma; es el desarrollo en el tiempo, considerando que este proceso debe durar cerca de tres administraciones.
Ni siquiera la pandemia privó a Colombia de avanzar en este proceso; ni siquiera una crisis migratoria, la más grande que ha vivido un país de América Latina, ni siquiera un huracán categoría cinco, ni siquiera los estragos sociales y económicos de la pandemia nos han privado de los avances que hoy son compartidos y que están reflejados en el reporte de la Misión de Observación.
Hoy, Colombia quiere seguir transitando hacia la consolidación de una Paz con Legalidad. Pero eso también requiere que los macro casos del reclutamiento de menores, de los vejámenes contra las mujeres, de los ataques contra la Fuerza Pública y de las afectaciones derivadas del narcotráfico sean esclarecidos en el marco de la justicia transicional.
Y, desde luego, es muy importante que Colombia siga dando certezas sobre el actuar de su Fuerza Pública, siempre a la luz del Derecho Internacional Humanitario (DIH), siempre a la luz de los derechos humanos, y siempre garantizando que sean los organismos de control los que puedan esclarecer cualquier situación de orden operacional donde hayan tenido actuaciones en lo que se conoce como actos urgentes del servicio investigativo de nuestro país.
Nuestra nación tiene cero tolerancia contra cualquier violación de los derechos humanos por parte de agentes de la Fuerza Pública; pero también de una Fuerza Pública que todos los días, en el territorio, se gana el afecto de la ciudadanía, incluyendo a aquellos en proceso de reincorporación, a los que le brinda protección.
La paz de Colombia no es un asunto político ni electoral
Señores Embajadores, yo concluyo diciendo lo siguiente: la paz de Colombia no es un asunto político ni electoral; no es un asunto ideológico, no tiene dueños individuales; es el propósito colectivo de toda una nación y de sus instituciones.
Los retos futuros para la consolidación de la paz, con los avances que aquí se han descrito, parten de la base con que exista verdad genuina, indisputable, no ideológica, no sesgada; que existan todas las sanciones que tienen que ver a la luz del derecho internacional, teniendo en cuenta la transicionalidad, pero que exista verdadera restricción a esas libertades por parte de los máximos responsables.
Y que, como se lo hemos pedido a esta Organización, Lord Wimbledon (Presidente del Consejo de Seguridad de la ONU), esta Organización pueda acompañar el desarrollo de las sanciones propias de la justicia transicional, un mecanismo para fortalecer este proceso, que ha sido derivado del accionar de nuestro Gobierno.
Hoy Colombia se presenta al mundo con resultados visibles, incuestionables, sin sesgos, pero sabiendo que tenemos retos por delante, que no pretendemos ocultarlos, pero que tienen que unir a nuestra nación en este propósito.
Quiero cerrar compartiendo lo que dijera el año pasado en su visita a Colombia el Secretario Guterres: en medio de tantas dificultades en el mundo, de tanta intolerancia, de tanta adversidad, Colombia es un faro de inspiración; las tareas pendientes en el tiempo, por el alcance del mismo, no pueden ocultar los logros que Colombia ha consolidado; logros, que más que un triunfo individual de un Gobierno, o míos, como Presidente, son los logros de una sociedad que ha querido siempre derrotar la violencia.
Quiero agradecerle a cada uno de ustedes la forma en la que han recibido los reportes periódicos, y quiero agradecer ese talante fehaciente que ha tenido la Misión de Observación para reconocer lo que en Colombia se ha hecho bien.
Somos una nación que ha enfrentado la violencia, pero que la derrotará siempre con la legalidad y con la capacidad institucional de llevar los servicios del Estado a las regiones más profundas de nuestro país y de sembrar en el corazón de los colombianos la concordia.
Por eso, como Gobierno, nuestra postura ha sido no ver en esto ninguna definición política ni buscar ninguna oportunidad electorera; todo lo contrario, sembrar institucionalidad, para que esa institucionalidad hable con elocuencia de lo que un país es capaz de alcanzar, en virtud de ese artículo 22 de nuestra Constitución que señala que la paz es un deber y un derecho de obligatorio cumplimiento.
Muchísimas gracias.