La estrategia política de los partidos de la llamada izquierda progresista ha quedado en evidencia con la presentación de su flamante proyecto de impuestos solidarios. ¡Qué oportunismo! Aprovechar esta pandemia con sus devastadores efectos sobre la vida y la economía de la sociedad, y las necesidades derivadas de esta, para pretender introducir en nuestro país un modelo de desarrollo que ya fracasó estruendosamente en todas partes, y cuyo más trágico ejemplo lo vemos en Venezuela, Bolivia y Nicaragua.

En esto no nos podemos equivocar. El mal llamado impuesto solidario no es solo una reforma de la tributación, sino la imposición de un modelo de desarrollo en el cual el Estado, aniquilada toda forma de producción y organización empresarial privada, termina siendo el único responsable de la provisión de bienes y servicios.

Los firmantes de este proyecto nos quieren hacer creer que las empresas son el problema por resolver, el enemigo por derrotar y no parte de la solución de la crisis desatada por el covid. La receta de la reforma no podía ser más nefasta: se restablece el impuesto al patrimonio como un tributo permanente con tasas progresivas hasta del 6 %; se eleva el impuesto a los dividendos del 10 al 20 %, con lo cual la tarifa de renta combinada superará el 45 %; se reduce al 15 % el descuento del IVA para compra de activos fijos, que hoy es del 100 %; se limita sin justificación al 20 % del impuesto de renta el valor de los descuentos tributarios, a lo que se suma la eliminación total de la deducibilidad de los impuestos que pagan las empresas, entre muchas otras medidas.

Veamos. Con la vuelta al impuesto al patrimonio se está dando el mensaje claro de que Colombia prefiere que no se establezcan empresas ni emprendimientos productivos en su territorio. Gracias a este impuesto, nuestro país ocupó por años uno de los últimos lugares en el ranquin de competitividad, con tasas de tributación por encima del 75 %. ¿Cómo explicarles a los firmantes de la iniciativa que las empresas no son ricas ni pobres y que no pueden gravarse con tarifas diferenciales, como a las personas naturales? A las que son intensivas en capital, como aquellas prestadoras de servicios públicos, imponerles tal criterio puede llevarlas irremediablemente a la quiebra. Doblar el impuesto a los dividendos, como se propone, nos va a graduar como el lugar en el mundo menos atractivo para invertir.

Como se trata de gravámenes confiscatorios, nos estaremos comiendo la gallina de los huevos de oro, con lo cual hacia el futuro no habrá capacidad de generación de ingresos y, por supuesto, tampoco de impuestos. Esa película ya la conocemos. La tenemos en el teatro de al lado. Una política pública de la izquierda más ortodoxa que ha visto en esta crisis una oportunidad para suprimir toda actividad empresarial y económica no estatal.

No me referiré en esta ocasión a las personas naturales, para quienes el proyecto propone, para decirlo sin eufemismos, la confiscación de sus rentas y patrimonio.

En todos los países se ha entendido que la prioridad es la recuperación económica y la generación de empleo: reanimar con ayudas y subsidios el sector productivo y proteger el tejido empresarial. Billones de dólares se destinan en Europa, EE. UU., Asia, y también en Perú y Chile para reactivar las economías, proteger y generar más empleos, dar respiro a las empresas y asistir a las familias más golpeadas. Aquí no. El proyecto de reforma, que no me preocuparía si no llevara la firma de más de 50 parlamentarios, va en la dirección contraria: ahogar, destruir, reducir espacios, confiscar, sancionar. Muchos de los firmantes se equivocaron de enemigo; los líderes de la iniciativa, seguro que no.

El presidente Duque ha dicho que no es momento de reformas tributarias. Hay que creerle, pero sobre esta propuesta es mejor no callar. Por eso convendría que anunciara, en uso de sus atribuciones constitucionales, su total rechazo a esta iniciativa. Están callados otros, cuyos representantes son precisamente los artífices de este manifiesto. ¿Será esta la agenda de quienes aspiran gobernar el país? Bueno saberlo.

Por: Germán Vargas Lleras