Por Daniela Garzón – razonpublica

Las elecciones del 2018 fueron relativamente pacíficas, pero esta vez hay un ambiente de zozobra que oscurece el panorama a pocos días de unas elecciones que podrían ser históricas.

Un ambiente turbio

El sábado, durante un evento de cierre de campaña, a Francia Márquez le apuntaron con un láser verde en la cara durante varios segundos, mientras se la oía un poco atemorizada, casi con la voz entrecortada.  Aunque en otros escenarios −o tal vez en otros países más seguros− un láser no implica una amenaza seria, este episodio muestra el ambiente caldeado que se está viviendo a una semana de la primera vuelta presidencial.

El temor de algo le pase a Márquez, a Petro, o a otros candidatos no es infundado. A Márquez la han incluido en al menos cuatro panfletos amenazantes y en los últimos meses los miembros de la coalición del Pacto Histórico han sido los más victimizados, según el sexto informe de violencia y dinámica político-electoral de la Fundación Paz y Reconciliación (Pares). En ese informe se registran hechos de violencia político-electoral que se han podido documentar desde el 13 de marzo de 2021, cuando se abrió el calendario electoral, hasta el pasado 13 de mayo.

El informe se debe a que la violencia sigue siendo usada como un mecanismo de competencia electoral, y el aumento de casos ocurridos en los últimos meses así lo demuestra.

Dentro del conteo no se tienen en cuenta las amenazas a los líderes sociales y comunales, ni a los excombatientes de las FARC, sino aquellas que se producen contra funcionarios públicos en cargos de elección popular, candidatos, militantes o simpatizantes de partidos o movimientos políticos, y denunciantes de corrupción, entre los cuales se incluyen a los periodistas.

Lo que dice el informe

El informe muestra que durante los catorce meses que lleva la campaña se han registrado 179 hechos de violencia político-electoral que han dejado 222 víctimas. Como hay víctimas que se repiten en meses diferentes, es decir, que han sido amenazadas más de una vez, el conteo mensual reporta 248.

Entre las víctimas que han sido amenazas más de una vez se encuentran Gustavo Petro, Francia Márquez, el senador del polo Alexander López, la directora de la Alianza Verde en Magdalena, Rosita Jiménez, dos diputados de la Asamblea del Chocó a quienes después de amenazarlos con panfletos les hicieron atentados en sus casas, y el gobernador del Caquetá, que sufrió un atentado después de ser amenazado.

Las cifras mes a mes muestran cómo desde diciembre de 2021 se ha registrado una tendencia creciente de hechos de violencia política, que encontró su cúspide en marzo de 2022, cuando se registraron 24 hechos y un saldo de 39 víctimas.

De las 222 víctimas, 29 han sido asesinadas y 193 han sido amenazadas. Lo alarmante de este último informe respecto de los homicidios, es que se cuentan siete más en un periodo de dos meses. Entre esos homicidios se cuentan los de tres exalcaldes, en Cauca, sur del Cesar y Antioquia.

Otro hecho muy grave es el secuestro del alcalde encargado de El Charco, Nariño, Jesús David Ureña, el 24 de abril, sin que hasta ahora se conozcan su paradero o el pedido de sus captores. En la casa del alcalde elegido de ese municipio, en líos judiciales, hace unos meses se provocó un incendio del cual afortunadamente salió ileso.

Los hechos reportados en el informe ocurrieron en Bogotá y en 28 departamentos de Colombia. Los departamentos con más hechos reportados han sido Valle del Cauca (20), Antioquia (18), Cauca (15), Magdalena (13); y Bogotá (12). En esta ocasión se nota un salto en los hechos reportados en Valle del Cauca y en Antioquia, particularmente. La semana antes de cerrar el informe, por ejemplo, en el Valle asesinaron a dos funcionarios de la alcaldía de El Cerrito y a un concejal conservador en Ansermanuevo.

Los perfiles de las personas más victimizadas siguen encabezados por los funcionarios de elección popular, que son el 41% de las víctimas contabilizadas. Los concejales, con 24 víctimas, puntean la lista, seguidos de 22 alcaldes, 14 diputados y 13 senadores. Un asunto para tener en cuenta en este informe es que ya aparecen senadores y representantes a la Cámara electos como víctimas, pues han sido amenazados mediante panfletos. Son los casos de Ariel Ávila, Aída Quilcué, Alirio Uribe, Jahel Quiroga y Gloria Flórez.

Las cifras mes a mes muestran cómo desde diciembre de 2021 se ha registrado una tendencia creciente de hechos de violencia política.

Al mirar las filiaciones partidistas de aquellas víctimas que están vinculadas a un partido o movimiento político, se encuentra que el 10% son miembros de la coalición del Pacto Histórico, que reúne a la Colombia Humana, la UP y MAIS, el 10% pertenecen o pertenecieron al Partido Liberal, y los siguen los miembros del Centro Democrático con el 9% de las víctimas, igual que las del Partido Conservador. Esto muestra que la violencia político-electoral en muchos casos no hace distinciones ideológicas y que hasta los miembros del partido de gobierno han estado en riesgo.

En cuanto a los agentes perpetradores de estas amenazas y asesinatos, como es usual, en la mayoría de los casos son desconocidos. Apenas en el 32% de los hechos se tiene algún indicio de un presunto culpable.

Dentro de ese porcentaje se cuentan como posibles ejecutores los grupos armados posfarc o disidencias, en 15 hechos, las autodenominadas Autodefensas Gaitanistas o Clan del Golfo en 13 hechos, el ELN, que no suele aparecer pero que ha tenido alguna relevancia en los últimos meses, cuando se han firmado amenazas con su autoría, en 6 hechos; un grupo conocido como “Los Mexicanos” que actúa en el Chocó, en 3 hechos;  autodefensas como las que se hacen llamar Conquistadoras de la Sierra Nevada, Unidas de Medellín o el Bloque Capital Reorganizado de las AUC, cada uno con un hecho. Las Águilas Negras, cuya forma de amenazar son principalmente los panfletos, aparecen en 13 hechos.

Puede leer: El paro armado: cuando la violencia comunica los mensajes

Otros hechos preocupantes

Finalmente hay que decir que algunos hechos de constreñimiento electoral también se recogen en este informe.

Son los casos de Guachaca, Magdalena, en donde la presencia de grupos armados ilegales impidió el desarrollo normal de las votaciones a Congreso y consultas el pasado 13 de marzo, y las amenazas a un miembro del Consejo Nacional Electoral, durante el escrutinio en Vichada.

Estos hechos deben servir de alarma para que se revisen las múltiples irregularidades que se presentaron durante la jornada electoral y los posteriores conteos, que tienen hoy a todos los sectores políticos señalando al registrado Alexander Vega. También deben servir para que se refuerce la seguridad y se garantice que las personas puedan ir a las urnas.

En esta última semana la incertidumbre será el plato de todos los días. Las encuestas han puesto en competencia al candidato Rodolfo Hernández; y la disputa entre él y Federico Gutiérrez podría aumentar la tensión durante los conteos por ese segundo lugar rumbo a la segunda vuelta, que es casi segura.

Ojalá que ningún hecho empañe unas elecciones que definirán los siguientes cuatro años y donde por primera vez la izquierda tiene un protagonismo innegable. A pesar de que esta es una época distinta de la de los 80 y los 90, el fantasma de la violencia política no parece tener intención de quedarse en el pasado.CANDIDATOSDANIELA GARZÓNELECCIONESVIOLENCIA POLÍTICA0 Comentario0

DANIELA GARZÓN

*Politóloga e investigadora nacional de la línea de Democracia y Gobernabilidad de la Fundación Paz & Reconciliación (Pares)