Escrito por Alexandra Serna

La Corte Constitucional sigue en ‘el ojo del huracán’ por cuenta de la ponencia del magistrado Alejandro Linares para permitir el aborto libre en los primeros 4 meses de gestación. La doctora en Derecho Constitucional Natalia Bernal insiste en que el togado actúa de manera ilegal al no responder a la solicitud de suspensión de abortos «legales» en su demanda, que busca la prohibición total de este delito en Colombia, y que no valoró íntegramente las pruebas presentadas. La mayoría de colombianos y al menos 300 organizaciones Provida y por la Familia, nacionales e internacionales, rechazan categóricamente la pena de muerte para los más inocentes.     

La doctora en Derecho Constitucional de la Universidad de Sorbona de París, investigadora y autora de varias publicaciones en Europa sobre el derecho a la información frente al aborto, había recusado tres veces al magistrado Linares y pedido la nulidad del proyecto de la ponencia que liberalizaría aún más el delito del aborto. El país entero está a la expectativa del fallo.

“El ponente está vulnerando las garantías del debido proceso, congruencia e imparcialidad. Es ilegal lo que hace, porque los jueces deben pronunciarse sobre lo que los demandantes piden, y en este caso el magistrado no está resolviendo mi solicitud, sino que se aprovecha de mi demanda para hacer algo totalmente diferente. Tendría que enfocarse en verificar las razones que expongo, y no extralimitarse. No está valorando las pruebas que presenté”, afirma Bernal.

La abogada colombiana demandó el año pasado el artículo que tipifica el delito del aborto para que se reversara su despenalización “parcial”, efectuada en 2006, prohibiendo su práctica en todo el país por los comprobados daños a la salud de la mujer, además del cruel asesinato de los bebés en gestación. Por eso, también interpuso una acción de inconstitucionalidad contra los artículos del Código Civil que establecen que solo el bebé nacido tiene derechos, cuando “el niño por nacer merece igualdad ante la ley, como el derecho a la intimidad de su formación en el vientre materno”.

Desde la admisión de ambas demandas (con los expedientes 13225 y 13255), en julio del año pasado, y con el posterior revuelo mediático que puso la lupa en la pretensión de Linares de dar luz verde al aborto libre en las primeras 12 semanas de gestación -ahora serían 16-, diferentes grupos Provida respaldaron el objetivo de la Dra. Bernal, haciendo llegar más de 3 mil firmas a la Corte, testimonios, certificados de miles de casos de mujeres afectadas por haber abortado, etc.

El debate público del aborto se agudizó en octubre por cuenta de la reglamentación del Ministerio de Salud, ordenada en otra sentencia de la Corte, cuyo borrador generaba la criminalización de iniciativas como 40 Días por la Vida y de cualquier persona que aconseje a una mujer para que desista de abortar. El Gobierno Nacional insiste en reglamentar algo que no le corresponde.