“El peligroso enemigo de la descomposición social que ha invadido a nuestro país no es un asunto sencillo o un padecimiento que afecta solo a unos pocos, algo esporádico o marginal; es un flagelo que –inexplicablemente- se ha arraigado en lo más profundo del alma nacional”.
Autor: Héctor Jaime Guerra León*
Aunque desde la Constitución se establece -con toda claridad- que la democracia local debe ser el origen y la razón suficiente, alegan los expertos en derecho constitucional -de todas las decisiones que tengan que ver con la planeación del desarrollo y la superación de los problemas locales, generalmente esto no se cumple y; por el contrario, estos principios de participación para que los pueblos y sus territorios orienten el desarrollo y el rumbo que deban darle a sus comunidades y a sus instituciones, se los pasan por la faja y casi todo (pues habrá buenas excepciones) sigue siendo al amparo de intereses clientelistas, de gamonales y de los amos y señores que –aunque quiera ocultarse bajo el manto de “intenciones generosas” y buenas acciones sociales, mantienen –en muchos casos y territorios, el viejo imperio de familias, de élites y de poderosas cofradías o carruseles (como se dice en el argot popular) que han conservado por años el poder y el manejo de los asuntos administrativos y políticos a lo largo y ancho de todo nuestra maltrecha patria.
Los cambios que se han logrado en Colombia, con la asunción al poder de un nuevo estilo gubernamental liderado por el Progresismo (corriente del pensamiento político que trata de generar cambios sociales, económicos e institucionales dando prevalencia a las libertades individuales y a la dignidad humana), no es suficiente y pese a que se siguen haciendo esfuerzos muy importantes para introducir al orden social y estatal herramientas y mecanismos administrativos, políticos y jurídicos que puedan posibilitar realmente saneamientos más efectivos a los grandes males (vicios) que existen al interior de la institucionalidad nacional, no han sido suficientes para contrarrestar efectivamente los fuertes y tradicionales fenómenos de corrupción que han afrontado históricamente los territorios locales y de manera muy concreta a sus administraciones y erarios públicos.
El peligroso enemigo de la descomposición social que ha invadido a nuestro país no es un asunto sencillo o un padecimiento que afecta solo a unos pocos, algo esporádico o marginal; es un flagelo que –inexplicablemente- se ha arraigado en lo más profundo del alma nacional. Propuestas políticas como la de que “la corrupción hay que reducirla a sus justas proporciones”, no es solo la expresión de bajeza y vagabundería electoral que nos han agobiado desde aquellas penosas épocas, es también fehaciente muestra del lamentable grado de degradación al que hemos llegado los colombianos, no solo en aspectos políticos, sino también en muchas otras esferas de la vida social y de nuestra frágil democracia.
Habría que analizar más profundamente la manera de como hoy se hace la política, que según los expertos debiera entenderse como el “arte que tiene como finalidad que reflexionemos, objetivamente y sin pasiones, acerca de algunos males que hay en la sociedad colombiana y, a su vez, en cómo lograr la transición de esos males a un estado más justo”, formando lideres altruistas defensores del bien común, con gran valor cívico que –con carácter y desprendimiento, sin sectarismos ni insulsos fanatismos, orienten los caminos de paz y de trasformación que todos necesitamos recorrer, para encontrar los estándares de armonía y bienestar para todos y no para unos pocos, que son el objeto principal de la verdadera política. Pero, infortunadamente en Colombia ello no es así, nuestros políticos han traicionado esos principios y se han alejado cínicamente de esos deberes, no desperdician sus desmesuradas ambiciones, para trasmitir odio y polarizaciones, buscando unir, sino dividendo cada vez más a la población en torno a sus banderas y aspiraciones grupistas, partidistas o personales: Ello le ha hecho grandes males a la democracia, al Estado y a la misma sociedad, que, así las cosas, van asumiendo estos comportamientos como si fuera algo normal y digno de emular: (ver “HACIA LA CONSTRUCCIÓN DE UNA CONCIENCIA POLÍTICA”. Universidad Santo Tomas).
Mientras la política se ejerza sembrando miedo, rabia e incluso aversión desmedidos contra todo y todos aquellos que les resulte contrario a dichas formas de pensamiento, ante –como dice el documento citado- una inexplicable ceguera social, que asume estas expresiones de descomposición (comportamientos anómalos y corruptos), con una posición arribista (“cuyo único interés es triunfar de forma rápida y sin escrúpulos”, según el diccionario) y despreocupada, tal vez por no salir de los aparentes y muy sensibles estándares de confort, intereses y/o privilegios grupales que estas conductas generan al interior del colectivo, no será posible encontrar verdaderas soluciones a tan nefastos problemas y todo lo que se haga para combatirlos no dejara de ser “un simple canto a la bandera”.
Un territorio y/o una comunidad así afectados, pueden quedar inmersos en todo tipo de manipulaciones (explotaciones) y su participación democrática, como su desarrollo institucional y social, permanecerán en manos de quienes pueden acceder y mantener este tipo de hegemonías. Por eso es que no es gratuito que aún en el concierto internacional, sigamos manteniendo un importante sitial en el listado de los países más violentos y corruptos del mundo.
¡Dios proteja a Colombia!
*Abogado. Especialista en Planeación de la Participación y el Desarrollo Comunitario; en Derecho Constitucional y Normas Penales. Magíster en Gobierno.