Así como le sucede a la Administración Petro con sus planes reformistas, las partes de los diálogos del Estado colombiano con el ELN optaron por adoptar múltiples flancos sociales de batalla. En resumen, el preámbulo del Acuerdo de México, firmado el pasado 10 de marzo, es una carta de buenos propósitos que incluye mensajes dirigidos a las minorías, mujeres y jóvenes. Una gran parte de esta población se encuentra en situación de vulnerabilidad y ha sufrido intensamente las consecuencias de la guerra. Como el Estado debe velar por ellos, no resulta extraordinario que su protección sea un móvil de estas negociaciones. Tanto en La Habana como en México se propusieron estudiar las causas socioeconómicas del conflicto armado interno, porque solo puede ponérsele fin resolviendo los problemas históricos y estructurales que le dieron origen.

Pero los factores nacionales y extranjeros que se referencian en el Acuerdo de México también permiten identificar una intención menos evidente: la legitimidad de los pactos que puedan lograrse al finalizar la negociación. Este problema es un asunto transversal al derecho y a la política, pues explica por qué las personas pueden considerar que una decisión dirigida a ellas debe cumplirse. En las sociedades democráticas, hay múltiples enfoques para justificar la vinculatoriedad de las normas, como la representación indirecta del pueblo en el Congreso o la participación deliberativa de todos los interesados en los procedimientos de decisión. En este caso, las partes de la negociación optaron por la segunda opción, que constituye una manifestación habermasiana de la democracia directa.

No hay que hacer un gran análisis para llegar a esta conclusión, ya que el Acuerdo de México recurre a términos propios de esa teoría en todas partes (passim), e incluso el punto uno de la agenda lleva el nombre de La participación de la sociedad en la construcción de la paz. Pues bien, llevar a la práctica la democracia deliberativa en este proceso de paz es una escapatoria al mecanismo que escogió Juan Manuel Santos y fracasó con el plebiscito de 2016. La lección de los Acuerdos de La Habana es que la polarización de la que somos víctimas en Colombia podría repetirse en caso de que se decidiera volver a convocar un referéndum, porque la oposición encontrará en la paz el caballito de batalla para ganar en las elecciones nacionales de 2026.

Los puntos propuestos por las partes son tan complejos que difícilmente se llegará a un acuerdo definitivo durante este período presidencial. Si se lograra convocar un plebiscito antes del 7 de agosto de 2026, podrían repetirse los sucesos que causaron el rearmamento de las disidencias de las FARC-EP luego de la Segunda Marquetalia, imposibilitando la Paz Total. Digámoslo claro: se prevé que para entonces ya no exista la coalición que llevó a Petro a gobernar, o al menos que se encuentre en su momento más débil. Por el contrario, si no se lograra la firma antes de la finalización del período presidencial, Petro tendría que garantizar que la siguiente Administración apoyara los avances.

Conscientes de la adversidad, las delegaciones optaron por plagiar a Habermas y procurar una legitimación de los acuerdos a como dé lugar. Sin embargo, al mismo tiempo que insisten en los términos discursivos de la democracia deliberativa, las partes indican en el acápite de Diseño del proceso que la comunicación para la paz se llevará a cabo «informando» a la opinión pública de los «avances ciertos» de las conversaciones llevadas a cabo por sus delegados, y que habrá asuntos confidenciales y secretos que no deberán informarse (véanse los puntos 3, 5.1.3, 5.2.3 y 5.2.6). La dificultad se encuentra en que, en el capítulo de la Agenda, habían indicado que se examinaría el modelo económico, se modificarían las instituciones del Estado y se revisarían las normas en vigor, asuntos que no solamente les interesan al Gobierno, el ELN y los países garantes (véanse los puntos 2 y 3).
Digámoslo claro: las confidencias y secretos son anti deliberativas y las decisiones que así se tomen resultarían oligárquicas. No basta con informar sobre la revisión del modelo económico para que la teoría de legitimidad de Habermas opere, sino que es necesario que la comunicación sea plural, sincera y abierta, y que las personas interesadas tengan al menos la posibilidad real de participar, discutir, proponer y que sus posturas sean verdaderamente escuchadas. En otras palabras, Habermas es incompatible con los procedimientos que se plantearon en el Acuerdo de México.

Señor presidente, está a tiempo de cambiar el enfoque de la legitimación y hacer viable su proyecto de Paz Total. Escuche las experiencias de los negociadores de La Habana y evite usted reavivar el conflicto que pretende terminar. ¡Cuán sencillo sería todo si el mundo estuviera hecho de intenciones!