En una audiencia en la Procuraduría trascendió que el representante legal de la firma que avaló el título de Sergio Zuluaga y de otros funcionarios no ha terminado la primaria. Dicho contrato lo suscribió la Asamblea de Antioquia.

El supuesto doctorado que le aseguró puntos a Sergio Zuluaga para llegar al cargo de contralor de Antioquia sigue estando bajo la lupa.

Los líos alrededor de los estudios de posgrado que cursó Zuluaga comenzaron cuando el concejal de Medellín Bernardo Alejandro Guerra denunció que el doctorado en Derecho Administrativo de la Universidad San Pablo CEU, de Madrid, no estaba debidamente acreditado.

El caso llegó a la Procuraduría Segunda Delegada para la Vigilancia Administrativa. En los descargos, Zuluaga aceptó que no se había graduado de doctor y que había existido un error de parte de una tercera persona que le diligenció su hoja de vida con miras al concurso que finalmente ganó.

De hecho, en audiencia Zuluaga dijo: “Tengo que aceptar que hubo un error de mi hoja de vida… tengo una letra muy fea, horrorosa, siempre he acudido a que alguien me la llene y, por eso, no es mi letra. Pero yo la firmé. Efectivamente no me senté a llenarla. No verifiqué y nunca estuve concentrado en ese error que hay planteado ahí, que se había puesto como haber terminado el doctorado”.

Ahora bien, el contralor de Antioquia, según su versión, sí obtuvo el título de Estudios Avanzados (DEA), el mismo que fue confundido con el de doctorado. La apostilla que valida el diploma con la firma de José Carlos Gallego Pérez, jefe de la sección del Ministerio de Educación Español, es auténtica, de acuerdo a la versión de Zuluaga.

En todo caso, según el ente de control el título DEA no es prueba de grado en el doctorado y catalogó el hecho como una presunta falta -de manera provisional- grave a título de dolo, pues finalmente la información diligenciada en la hoja de vida de Zuluaga le sirvió para obtener un mejor puntaje: “Tenía plena conciencia de la falsedad de la información aportada y estaba actuando ante reglas de obligatorio cumplimiento”.

Pero a todo esto le surgió una nueva pata. En audiencia en la Procuraduría se conoció que el representante legal de la empresa contratada por la Asamblea de Antioquia para avalar los estudios de todos los candidatos que concursaron para ser contralor no terminó la primaria. Ante el procurador se presentó como taxista de profesión.

Se trata de Gilberto Antonio Franco Bedoya. El nombre de la firma es ANI Omega Ltda y, de acuerdo a lo registrado en su página web, es una empresa que tiene como objetivo la prestación de servicios de asesoría y consultoría en temas de seguridad, confiabilidad y selección idóneo del potencial humano, a través de personal altamente capacitado y con excelente criterio ético”.

Lo increíble del asunto –si se quiere- es que fue Franco Bedoya quien firmó la verificación de los estudios realizados por todos los aspirantes al cargo de Contralor. El hombre afirmó que la verdadera dueña de la empresa es su hija Claudia Andrea Areiza Bedoya, quien, según él, le pasaba los documentos para que los firmara.

ANI Omega Ltda también ha sido contratada en los procesos de elección de por lo menos 15 personeros en todo el departamento de Antioquia. Entre los municipios que aparecen en la lista están: Uramita, Ciudad Bolívar, Andes, Copacabana, La Estrella, Jardín, Valparaíso, El Bagre, Puerto Nare, Rionegro, La Ceja, Sabaneta, Dabeiba, Hispania y Marinilla.

La Asamblea decidió elegir a dicha firma para que estudiara las hojas de vida de los aspirantes a contralor, mediante la resolución 281. Esta misma decía: “El 4 de diciembre de 2015, la mesa directiva acoge la recomendación de la circular ministerial 100-005 de 2015 que invita a la Escuela Superior de Administración Pública para la organización de la convocatoria. Ante la negativa de la Esap, y teniendo en cuenta que los términos legales se estaban venciendo, la mesa directiva decide acudir a los servicios de la empresa ANI Omega que había radicado una propuesta al respecto el día 12 de noviembre de 2015”.

El concejal Guerra ha dicho desde su cuenta de Twitter que hay diputados que están detrás de la contratación de Omega, firma a la que catalogó como “una empresa de papel”.