En reversazo ante la Corte Constitucional, el Gobierno se contradijo y ahora, corrigiéndose, dijo que esa decisión sí es del Presidente.

Un reversazo del Gobierno Petro ante de la Corte Constitucional dio vía libre para que las disidencias de Iván Márquez tengan estatus político, y dejó en firme la tesis bajo la cual es el presidente Gustavo Petro quien decide con cuál grupo negocia la paz en términos políticos y con cuál busca el sometimiento.

Esa premisa le evitaría al Gobierno el dolor de cabeza de tener que tramitar otra ley para permitir que desertores del acuerdo de paz con las Farc, como la Segunda Marquetalia que lidera Márquez, tengan estatus político y así poder negociar un nuevo pacto.

Si la Corte ve ese punto como viable, y el Congreso lodeja pasar de largo, Petro ganaría tiempo y capital político con una movida que, según el fiscal Francisco Barbosa, es válida.

Lo cierto es que, antes de salir con esta conclusión, el mismo Gobierno había admitido que no existían vías legales para que desertores como Márquez negociaran.

Ese concepto llegó hace apenas dos semanas y estuvo firmado por el secretario jurídico de la Presidencia, Vladimir Fernández. Según explicó en su momento, había que diferenciar entre disidentes como Iván Márquez, que habían firmado el acuerdo y lo habían traicionado rearmándose, y como Iván Mordisco y
su grupo, los cuales no se acogieron a lo pactado en La Habana desde un principio.

Así las cosas, el secretario jurídico dejaba claro que con los de Márquez solo había vía para el sometimiento y con los de Mordisco todavía se podía explorar la negociación.

Pese a eso, y apenas 15 días después, el mismo Gobierno salió a contradecirse y a cambiar su discurso sobre ese mismo tema.

En el más reciente concepto de la Casa de Nariño, los ministros de Justicia, Néstor Osuna, y de Defensa, Iván Velásquez, junto al mismo secretario Fernández, aseguraron que es Petro el que tiene las facultades para decidir, como Jefe de Estado, a qué grupo darle el estatus político.

Textualmente, el concepto sostiene que “la determinación de adelantar negociaciones con fines políticos o de sometimiento es del resorte del Gobierno, a quien corresponde definir el tipo de proceso a seguir a partir de las circunstancias particulares y específicas de los grupos armados que hagan manifiesto su interés de negociar”.

Ahora bien, según fuentes del Palacio, el cambio de opinión del gabinete tuvo que ver con nuevas asesorías al presidente Petro que le dijeron que no era necesario que siguiera preparando una ley para negociar con Márquez, pues –tal como está la ley– él podría tomar esa decisión.

Esto último, incluso, se lo dijo Barbosa en público y en privado. Según dijo el Fiscal, “darle o no estatus político a la Segunda Marquetalida es de la competencia del Jefe de Estado y en eso la Fiscalía no se va a meter”. Paz total avanza con tropiezos Mientras todo eso avanza y el Gobierno busca salidas jurídicas y políticas, la paz total sigue avanzando, pero con tropiezos.

Este fin de semana, EL COLOMBIANO reveló una investigación en la que se evidenciaron presuntos pagos entre 200 y 600 millones de pesos a “emisarios de la paz total de Petro” para no ser extraditados. Un escándalo que viene rodeando al alto comisionado para la paz, Danilo Rueda, y a su equipo de acercamientos con grupos narcoparamilitares.

Según ha dicho él, todo eso se trata de saboteos a la paz total y delincuentes que “se toman la vocería del Gobierno sin tenerla para ofrecer beneficios ilícitos”.

Por ahora, el Gobierno maneja varias papas calientes entre las que se encuentran las negociaciones de paz con el ELN y los demás acercamientos con los que Petro pretende desmovilizar alrededor de 20.000 hombres armados ■