Los asesinatos atroces que se han registrado llaman a una acción común contra el crimen.
En lo corrido del año, las autoridades han dado cuenta del hallazgo de 28 cuerpos mutilados, quemados y embolsados, que han sido abandonados en distintos sectores de Bogotá. Las características que presentan estos crímenes hacen pensar que se trata de ‘vendettas’ entre grupos delincuenciales que se disputan el control de las redes de narcotráfico, fenómeno que se ha expandido como consecuencia de una mayor penetración de los carteles de la droga y un lucrativo negocio de distribución de alucinógenos para el consumo interno.
Bogotá, que debe lidiar a diario con fenómenos de inseguridad como el atraco y el hurto callejero, está en máxima alerta. El grado de sevicia que se advierte en estos asesinatos ha disparado la percepción de inseguridad entre la ciudadanía, aunque la capital registra un total de 23 días con cero homicidios en lo que va del año y se han salvado 114 vidas más que en el 2021, una reducción del 14 por ciento de los homicidios, según informó el gobierno distrital.
Esto, sin embargo, está lejos de ser normal. Si bien es claro que se trata de ajustes de cuentas entre criminales, se evidencia un fenómeno repetitivo que recuerda las peores épocas de la narcoguerra y el paramilitarismo. Pocas veces en la capital del país se había asistido a una seguidilla de escenas de este tenor. Que van atadas al aumento del sicariato, en donde aparecen involucradas peligrosas organizaciones como el ‘clan del Golfo’, paramilitares, delincuencia transnacional y hasta las disidencias de las Farc, según lo reveló este diario hace ocho días. La alcaldesa Claudia López habla de no menos de 200 bandas locales al servicio de nueve grandes estructuras armadas.
Ante semejante panorama, los consejos de seguridad han estado a la orden del día. Uno de ellos, efectuado recientemente, contó con la presencia del propio Presidente de la República. De allí han salido anuncios para contrarrestar el accionar de estos grupos. El jefe de Estado habló de un desarme generalizado, más inteligencia, tecnología y un trabajo interinstitucional para combatir el narcotráfico, germen de esta violencia reciente. También de un incremento del pie de fuerza y una modificación del Plan Cuadrantes, que hasta ahora ha servido para hacer presencia en barrios y localidades.
Por su parte, la mandataria notificó que se creará un grupo especial para atacar el “multicrimen”, con 1.200 hombres que estarán dedicados a desvertebrar dichas organizaciones; habrá más expertos en investigación criminal y más especialistas en inteligencia. Todo para cerrarles el paso a grupos como el llamado ‘Tren de Aragua’, para lo cual pidió colaboración del Gobierno venezolano, país donde se supone están sus principales cabecillas.
“La gente espera que las medidas arrojen resultados y que las acciones vayan en la dirección correcta: la desarticulación de la estructura criminal, perseguir sus rentas ilícitas, incautar sus bienes”
Qué duda cabe de que como sociedad se deben respaldar las medidas anunciadas. Pero sus efectos inmediatos tienen que ser palpables y capaces de generar la convicción de que se avanza en la dirección correcta. Todo esfuerzo que se haga por devolverles la tranquilidad a los bogotanos debe ser prioritario, pues hablamos de empresas criminales con recursos para sembrar zozobra y comprar conciencias. Lo que la gente espera, insistimos, es que tamaña empresa arroje resultados cuanto antes: la desarticulación plena de la estructura criminal, perseguir las rentas ilícitas de estos grupos, incautar y expropiar sus bienes, garantizar un aparato judicial que impida que estos antisociales delincan desde las cárceles y adoptar una política de seguridad que cierre el paso al tráfico de armas, otro cáncer en aumento.
Hay que rodear a Bogotá y hacer causa común para evitar que no solo la delincuencia derivada del narcotráfico siga extendiendo sus tentáculos, sino para que esos otros delitos que atormentan a los ciudadanos, como el asalto a vehículos en pleno trancón o el atraco en el interior de un bus de transporte público, también sean erradicados. Por eso es indispensable la aplicación contundente de medidas como el plan candado o el plan semáforo para hacerles frente a los delincuentes, una mayor presencia de policías en sitios neurálgicos, la efectiva judicialización de los malhechores y tolerancia cero con la corrupción, las cuales hacen parte de ese cúmulo de disposiciones que evitarían que el crimen tenga territorios vedados en la ciudad.
Finamente, cabe señalar que no deja de ser lamentable que una ciudad como Bogotá esté pasando por lo que está pasando. Y por lo mismo, hay que insistir en una solución conjunta y confiar en el proceder de las instituciones. Lo cual no es incompatible con el necesario y urgente deber de la ciudadanía de exigir resultados ante un problema de esta dimensión. Por supuesto que el control político y la rendición de cuentas hacen parte de las obligaciones de todo funcionario, pero con argumentos y no con estereotipos que solo añaden confusión y no contribuyen a las soluciones que se requieren, que tienen que ser un compromiso general. El poderoso enemigo que enfrenta la ciudad hace indispensable estar a la altura del desafío.
EDITORIAL – editorial@eltiempo.com