Certidumbres e inquietudes

Por: José Gregorio Hernández Galindo

A diferencia de lo que, por su misma naturaleza, ocurre en las dictaduras –en que prevalecen conceptos como el dominio irrazonable y la forzada sujeción al poderoso-, en las democracias las relaciones entre gobernantes y gobernados están y deben estar fundadas en la confianza y en la autoridad legítima, en el respeto al ordenamiento jurídico, en el pacífico ejercicio de los derechos y las libertades públicas. Se parte de la base del ejercicio de esa autoridad –que no es lo mismo que la arbitrariedad-, adquirida a partir de la voluntad popular, sostenida y ejercida con arreglo a la Constitución y a las leyes. El gobernante debe inspirar respeto por la autoridad que encarna y generar confianza en razón de sus actos y decisiones. No aparentarlas.

Es muy importante que quien ejerce el poder público tenga plena conciencia de lo que implica su acceso a los cargos:  los gobernantes son servidores del Estado y de la comunidad. No están en los puestos para su propia gloria y beneficio. Ni para presentar una buena imagen.

Los gobernantes, como todos los servidores públicos, están sometidos al Derecho, y no pueden hacer lo que su voluntad, deseo o interés personal o familiar les indique, sino lo que les compete para beneficio de la colectividad y el interés general. Cumplen funciones que les han sido expresamente señaladas, las cuales juran cumplir al tomar posesión de sus empleos. De suerte que, al asumirlas, no solamente gozan de facultades o atribuciones –que, desde luego, les son dispensadas por el ordenamiento con miras a alcanzar los fines estatales- sino que especialmente contraen obligaciones. La autoridad que ejercen está reglada y delimitada por las normas. Por tanto, son responsables, de conformidad con ellas, tanto por extralimitación y abuso como por omisión.

Todo esto debería ser enseñado a los niños y jóvenes –no solo a los estudiantes de Derecho o de Ciencia Política-, porque su difusión contribuiría a la formación de una ciudadanía consciente y convencida de los criterios democráticos, respetuosa de la ley y de la autoridad, a la vez que conocedora de sus libertades, sus derechos, las garantías y los límites de su ejercicio, los deberes y cargas de cada uno y sus responsabilidades.

Dice el artículo 41 de la Constitución colombiana: “En todas las instituciones de educación, oficiales o privadas, serán obligatorios el estudio de la Constitución y la Instrucción Cívica. Así mismo se fomentarán prácticas democráticas para el aprendizaje de los principios y valores de la participación ciudadana. El Estado divulgará la Constitución”. Una disposición que, como tantas otras, no se cumple.

En razón de una deficiente educación en democracia-, no pocos de nuestros compatriotas se comportan como súbditos –no como ciudadanos con derechos y deberes-, cual si todavía esta fuese una monarquía. Y los gobernantes, lejos de inspirar –merced a sus ejecutorias y logros- la confianza de los gobernados en su genuina autoridad, se preocupan por su personal imagen. Para ello, no vacilan en destinar cuantiosos recursos públicos, aun en medio de una crisis tan grave como la que nos afecta desde hace varios meses.

No sigamos confundiendo buen gobierno, autoridad y respetabilidad con imagen, ni con favorables encuestas.