Ante todo, debo aclarar que no digo esto como una invitación a la anarquía. Faltaba más… Pero sí, como un llamado de atención para que el Estado se enfoque en lo realmente importante y se desligue de determinaciones que interfieran directamente con la órbita de decisión de cada persona.

Por ejemplo, el Estado tiene la responsabilidad de garantizar la seguridad de la población, orientar el desarrollo económico, administrar justicia, relacionarse con sus contrapartes internacionales, etc. Es decir, funciones no le faltan y está bien que sea así.

No obstante, vale la pena cuestionarse acerca de si al amplio catálogo de deberes que se le asignan al Estado se le debe adicionar el tomar decisiones que interfieren con el ámbito interno de cada persona o si, por el contrario, la actuación estatal debe tener como límite el respeto a las libertades individuales, las cuales permiten que cada sujeto se autodetermine de acuerdo con su respectivo proyecto de vida.

Y hago esta reflexión porque me preocupa lo que estamos viendo en el marco del aislamiento obligatorio con las personas mayores de 70 años. Como tal, entiendo que la cuarentena es necesaria para evitar una propagación descontrolada del virus que llegue a colapsar la capacidad de respuesta del sistema de salud.

Sin embargo, tras dos meses en esta situación el número de contagiados que requieren hospitalización en unidades de cuidados intensivos no supera el 1.25% del total. Mientras tanto, nuestros padres y abuelos no han podido siquiera salir a tomar media hora de sol porque las restricciones establecidas por el Gobierno frente a ellos son absolutas.

Lo peor, es que por como van las cosas la situación no pareciera tener un cambio en el corto plazo. En efecto, con la extensión de la emergencia sanitaria hasta el 31 de agosto es bastante probable que las limitaciones frente a los mayores de 70 años se mantengan, sin mencionar el hecho que esta figura se podría prorrogar hasta que finalmente se tenga la vacuna contra el virus, esperamos, a final de año.

La consecuencia, evidentemente, es dolorosa. De acuerdo al censo del 2018 en nuestro País el 9.1% de la población es mayor de 65 años, es decir, algo más de 4.3 millones de personas que no han visto la luz del día en 60 días. Además, para nadie es un secreto que la población colombiana está envejeciendo cada vez más, dado que el porcentaje de individuos con más de 60 años solamente llegaba al 3.98% en 1985.

¿Qué quiere decir esto?

Muy sencillo: si bien es verdad que la cuarentena ha permitido salvar miles de vidas y tener un número de casos confirmados que está lejos, por ejemplo, de los 330.890 que reporta Brasil, también es cierto que esta medida ha generado una fuerte concentración de poder en el Estado, a tal punto que cercenó por completo la capacidad de decisión de los adultos mayores en nuestro País.

Paradójicamente, esto se da a pesar que son ellos quienes cuentan con la mayor experiencia y conocimiento para evitar caer en riesgos innecesarios durante la pandemia. Por eso, es momento de ponerle límites a la actuación del Estado y defender la importancia de respetar las libertades individuales, comenzando por la posición de los mayores de 70 años.

No es justo que el excesivo paternalismo estatal en que estamos inmersos haga que nuestros padres y abuelos sean considerados como incapaces para determinar su propia existencia después de habérnoslo dado todo en el pasado y ser la columna que cimienta nuestras familias.