Investigadores de la Universidad de los Andes proponen 10 pilares para implementar un plan que permita convivir con la continua amenaza del virus sin renunciar al bienestar social y a la libertad de formular proyectos de vida.

La velocidad de expansión del COVID-19 en América Latina impidió una preparación adecuada por parte de gobiernos y sociedad. Después del aprendizaje de las últimas semanas, ha llegado el momento de las decisiones más difíciles, de examinarnos de manera más integral y tener en cuenta las interacciones entre los factores económicos, biofísicos y sociales, así como las complejidades éticas de las posibles soluciones. Desde la Universidad de los Andes, proponemos diez puntos que, en nuestra opinión, deberían hacer parte de un plan integral para superar la actual crisis.

La enfermedad llegó para quedarse. Probablemente faltan años para la certificación y masificación de una vacuna eficaz. Además, la epidemia y las decisiones adoptadas tienen efectos que van más allá de la expansión del virus y la ralentización de la economía. Impactan la libertad de las personas para elegir sus proyectos de vida, el desarrollo emocional y cognitivo de las niñas, niños y adolescentes, la prevención y el cuidado de enfermedades crónicas y de otras enfermedades infecciosas, y la capacidad misma de las instituciones para enfrentar otros problemas, como la seguridad y el crecimiento de las economías ilícitas. Se ha puesto en evidencia la fragilidad que produce la informalidad laboral y la insuficiencia de los mecanismos de protección social. No menos importante, la incertidumbre afecta adversamente la efectividad de muchas de las medidas adoptadas para lidiar con la crisis.

El desgaste que el paso del tiempo significa para las medidas de confinamiento imprime un carácter de urgencia a la implementación de un plan que permita a la sociedad convivir con la continua amenaza del virus sin renunciar al bienestar social y a la libertad de formular proyectos de vida. Este plan debe ser ambicioso, debe dotar al país y sus regiones de las capacidades necesarias y trazar de manera transparente una ruta para que las personas e instituciones retomen la dirección de sus vidas y actividades. Las medidas deben atender a los principios esenciales que gobiernan un Estado social de derecho y las complejas encrucijadas sociales y éticas que enfrentamos.

Proponemos diez pilares para este plan:

1.    Prueba, rastreo y aislamiento selectivo. El manejo de los riesgos de salud, en un contexto de reactivación social y económica, requiere, mientras aparece una vacuna, la realización extensa y continua de pruebas para identificar las personas infectadas, rastrear sus contactos y aislar efectivamente a ambos grupos. Las pruebas no deben hacerse solo a los enfermos: pruebas aleatorias en grupos de alto riesgo por sus ocupaciones o nivel de movilidad (personal de la salud, internos y guardias en cárceles, y miembros de cuerpos de seguridad, por ejemplo) son necesarias. Las pruebas en grupos de riesgo permiten identificar y aislar a contagiados cuya falta de síntomas incrementa la probabilidad de propagación del virus. El uso de herramientas tecnológicas para rastrear contactos (de conformidad estándares de privacidad y derechos humanos) es fundamental.

Los protocolos de aislamiento deben ser efectivos, lo que requiere, a su vez, acompañamiento (apoyo alimentario, social y sicológico si la persona los requiere, así como también potencialmente alojamiento), efectiva capacidad de monitoreo y sanción al incumplimiento. Para detener nuevos contagios, debe agilizarse al máximo el tiempo de respuesta entre el momento de la recolección de la prueba, la emisión del resultado y la acción de la autoridad sanitaria en caso de ser positiva.

La estrategia de prueba, rastreo y aislamiento selectivo es efectiva si sus tres componentes se implementan simultáneamente. La efectividad requiere, al mismo tiempo, que se ponga en práctica cuando el número de infectados sea suficientemente bajo. Pruebas en los grupos de alto riesgo previenen la concentración de casos y permiten detectar asintomáticos y contagiados en poblaciones con menor acceso al sistema de salud y parar las cadenas de transmisión. Los parámetros detectados en poblaciones de alto riesgo deben contrastarse contra un grupo representativo de la población (o de ocupaciones menos vulnerables, por ejemplo) para entender si la tasa de infección y la tasa de propagación de ese grupo son diferentes y requieren tratamiento diferencial. Colombia está en el momento adecuado para implementar esta estrategia gracias a la baja penetración de la enfermedad como consecuencia del estricto confinamiento de las últimas semanas.

2.    Ampliación sustancial y acelerada de las capacidades necesarias para manejar la pandemia. Las capacidades incluyen no solo camas de UCI y dotación de equipos de bioseguridad para el sistema de salud; comprende también la carga del sistema público de transporte, la disponibilidad de tapabocas para el uso general, el monitoreo y sanción para quienes deben estar aislados y la capacitación para personal hospitalario y carcelario en el manejo de los pacientes. Esta ampliación de capacidad, con gestión pública eficaz de los sistemas sanitarios, requiere metas ambiciosas para que la sociedad y la economía puedan convivir con el virus. Requiere, además, poner en marcha un plan creíble y efectivo, con plazos cortos y una cuidadosa y transparente gerencia.

3.    Metas transparentes para decretar confinamientos o reaperturas de segmentos de la sociedad basados en la utilización y la disponibilidad (ampliada) de los sistemas de salud y transporte en cada ciudad.  Las metas son fundamentales para que las medidas sean legítimas, socialmente entendidas y acatadas. Al mismo tiempo, evitan la proliferación de medidas contradictorias y confusas, y reducen la incertidumbre y permiten, por lo tanto, que los actores privados creen en la recuperación. Por último, disminuyen la ansiedad y posibles problemas de salud mental al permitir que los ciudadanos proyectar sus planes de vida de manera coherente con el auto cuidado y el cuidado de los demás.

4.    Comunicación efectiva, transparencia y cercanía al ciudadano. La claridad del plan de gestión de la crisis a corto, mediano y largo plazo, incluidas las metas establecidas de capacidad instalada, es una parte importante de la política. A intervalos frecuentes, las autoridades deben exponer los porcentajes de ocupación de la capacidad instalada, el avance en el cumplimiento de metas sobre esa capacidad, y la expansión de la epidemia. Esta información debe recogerse y publicarse para el país, los departamentos y las ciudades. Es también necesario diseñar estrategias de comunicación diferenciadas por grupos poblacionales. Se debe evitar la difusión de medidas que no están en firme.

5.    Gestión efectiva de relaciones intergubernamentales. Las relaciones entre los niveles nacional y subnacional de gobierno deben ser efectivas, fluidas, informadas y respetuosas. Los esquemas asociativos entre entidades territoriales son también fundamentales. La coordinación refuerza la efectividad de la comunicación, pues evita los anuncios contradictorios entre diferentes funcionarios, dependencias o niveles de gobierno. Las contradicciones generan confusión, reducen la efectividad de las decisiones y debilitan la confianza del público en las instituciones.

6.    Reconocimiento de las realidades heterogéneas en distintos segmentos de la sociedad. Colombia es un país de realidades diversas en que el manejo óptimo de la emergencia para las grandes ciudades no necesariamente es viable en las pequeñas ciudades o zonas rurales, donde la capacidad del sistema de salud y la presencia del Estado son débiles. Ciertas comunidades rurales o étnicas, que cuentan con mayores grados de autarquía alimentaria, pueden mantener un aislamiento inviable en otras comunidades.  Comunidades que dependen del turismo y el comercio pueden sufrir el impacto económico del coronavirus aún sin sufrir directamente su impacto en salud. Estas diferencias exigen estrategias diferenciadas que se adapten a las realidades locales.

7.    Incorporación de cambios comportamentales. Tras este periodo de aislamiento preventivo las percepciones y comportamientos han cambiado y los hábitos de cuidado y auto-cuidado se han difundido en la población. La infraestructura de los sitios de trabajo, estudio y transporte público debe ajustarse para apoyar y facilitar estos nuevos hábitos. El temor al contagio puede llevar a un menor uso de espacios públicos y al deseo de permanecer voluntariamente aislado. El fortalecimiento de las redes que permiten la conectividad, la comunicación y el teletrabajo resulta indispensable para contribuir al bienestar emocional y mental. Serán vitales la redefinición de los sistemas de movilidad urbana para ampliar la capacidad del transporte público, así como la promoción y aseguramiento del transporte en bicicleta y a pie en aquellos trayectos donde las condiciones lo permitan. La generación de los cambios comportamentales que la situación requiere necesita un esfuerzo simultaneo de generación de confianza en el sistema de salud, en el Estado y entre ciudadanos. Sólo de esta manera la reactivación de actividades sociales y económicas irá de la mano con bajas tasas de contagios. Campañas de pedagogía ciudadana que resalten comportamientos ejemplares en el cuidado y auto cuidado contribuirán a que los ciudadanos se apropien e internalicen estos comportamientos.

8.    Mitigar el impacto en la brecha educativa y en la salud mental de niñas, niños y adolescentes.  La crisis y la falta de presencialidad educativa minan los procesos de socialización y formación de los más jóvenes y agudizan las brechas educativas entre zonas urbanas y rurales y entre estudiantes de diferentes niveles socioeconómicos. Estas consideraciones deben balancearse cuidadosamente en las decisiones de reapertura. La escuela y el jardín infantil tendrán un papel fundamental en el manejo de las afecciones emocionales que el proceso de confinamiento y la emergencia de salud pública han generado en niños, niñas y adolescentes. Se debe preparar a docentes y orientadores para asumir este, así como establecer medidas que les permitan a los niños, niñas y adolescentes disfrutar de espacios al aire libre bien protegidos.

Con el fin de reducir el impacto sobre las brechas educativas, además de la preparación y difusión de materiales educativos a través de radio y televisión, es indispensable garantizar la conectividad de todos los estudiantes en las diferentes regiones del país. Se requiere también de un programa de remediación que ayude a quien no han podido seguir el ritmo de sus estudios a ponerse al día. Los protocolos de reapertura de las instituciones educativas deben abordar de manera cuidadosa los riesgos de aglomeración en el aula y otros espacios.

9.    Mitigación de impactos económicos. La crisis implica impactos enormes sobre los medios de vida de las personas y sus empleos y conlleva perjuicios de largo plazo asociados a la desaparición de fuentes de empleo. Mitigar esos impactos inmediatos ha requerido y seguirá requiriendo un esfuerzo inmenso del Gobierno, plasmado en transferencias a personas en la informalidad y protección efectiva del empleo y los ingresos en la formalidad. Los esfuerzos de mitigación son indispensables para minimizar el aumento de la pobreza como consecuencia de la crisis. Políticas agresivas y decididas de apoyo a quienes se ven afectados, financiadas en parte con esfuerzos de redistribución, son imprescindibles. La reactivación económica debe ir de la mano con la sostenibilidad ambiental y ofrecer condiciones para que los trabajadores puedan retomar sus actividades. Entre estas condiciones, las alternativas para el cuidado de niños y adultos mayores son una prioridad. A medida que se alarga la crisis, los esfuerzos de mitigación económica ganan importancia, pero también son más difíciles de financiar y requieren proyectar acciones de más largo plazo con mayor gasto social e inversión pública. Por tanto, su factibilidad depende de la implementación exitosa de los puntos 1 a 4.

10.    Focalizar la atención y medidas especiales en puntos críticos. Las cárceles y las instituciones de cuidado interno de ancianos y personas con discapacidades son focos críticos de contagio. Requieren de medidas especiales como la focalización de intervenciones sanitarias, incluidas las pruebas generalizadas en esas poblaciones, y la adopción de medidas extraordinarias para disminuir la densidad de su población.

Firman el comunicado académicos de la Universidad de los Andes:

Alejandro Gaviria, rector
Raquel Bernal, vicerrectora Académica
Silvia Restrepo, vicerrectora de Investigación y Creación

Mauricio Nieto, decano de la Facultad de Ciencias Sociales.
Veneta Andonova, decana de la Facultad de Administración.
Catalina Botero, decana de la Facultad de Derecho.
Marcela Eslava y Juan Camilo Cardenas, decana entrante y decano de la Facultad de Economía.
Juny Montoya, directora del Centro de Ética Aplicada.
María Margarita Zuleta, directora de la Escuela de Gobierno Alberto Lleras Camargo

Andrés Elías Molano y José Darío Herrera, profesores de la Facultad de Educación; Carlos F. Morales de Setién Ravina, profesor de la Facultad de Derecho y Juan Ricardo Aparicio, profesor de la Facultad de Ciencias Sociales.

Cuerpos profesorales de las facultades de Administración, Economía y la Escuela de Gobierno Alberto Lleras Camargo; así como de los departamentos de Antropología, Historia y Geografía, y Sociología.