El actual gobernador de Antioquia, Aníbal Gaviria Correa, es miembro de una importante familia antioqueña con poder tanto en el sector privado como en el público. Su padre, Guillermo Gaviria Echeverri, fue el fundador del diario liberal El Mundo, de Medellín, que dirigió hasta su muerte.

Gaviria Echeverri también fundó empresas como Colanta, Unibán y Carbocol, en las que su hijo Aníbal trabajaría en el primer momento de su carrera, pues es graduado de Administración de Negocios de la Universidad EAFIT.

La carrera política de Aníbal Gaviria comenzó tras el asesinato de su hermano, Guillermo Gaviria Correa, quien fue secuestrado cuando era gobernador de Antioquia por la guerrilla de las Farc, en 2002, y asesinado al año siguiente. Entonces, Aníbal se presenta a las elecciones del 2003 y es elegido gobernador.

Su paso por la administración de Antioquia no estuvo exento de polémicas. Incluso, Fredy Rendón Herrera, el exjefe paramilitar conocido como el ‘Alemán’, aseguró que las AUC habían apoyado esa candidatura, pero esa declaración no tuvo trascendencia judicial. En contraste, Gaviria terminó su gobernación, en 2007, con una popularidad de 89 % y reconocido como el mejor gobernador del país por el proyecto Colombia Líder.

Pero fue también durante ese período que se dio la contratación por la que ahora la Fiscalía emitió una orden de captura contra Aníbal Gaviria.

Después de un tiempo fuera del país, Gaviria saltó a la política nacional como precandidato del Partido Liberal y, tras ser derrotado dentro de la colectividad, fue la fórmula vicepresidencial de Rafael Pardo para las elecciones del 2010.

Después de esa campaña, se lanzó a la alcaldía de Medellín y resultó ganador de las elecciones para el período 2012-2015, administración bajo el eslogan de ‘Medellín, un hogar para la vida’. Gaviria hizo llave en ese proceso con Sergio Fajardo, quien a su vez ocupó el lugar de gobernador de Antioquia.

Su padre, Guillermo Gaviria Echeverri, murió en 2014, mientras Aníbal era todavía alcalde de Medellín.

Posteriormente, en el 2019, Gaviria se lanzó de nuevo a la gobernación de Antioquia, en un proceso que casi desde el principio lo daba por seguro ganador de la contienda.

Su hermana, Sofía Gaviria Correa, fue congresista por el Partido Liberal, aunque se terminó apartando de algunas de las banderas de esa colectividad de la cual llegó a ser codirectora, por ejemplo, con fuertes críticas al proceso de paz. Ahora es embajadora del gobierno de Iván Duque en la Confederación Suiza y el Principado de Liechtenstein.

Fiscalía ordena captura del gobernador de Antioquia Aníbal Gaviria

En la mañana de este viernes, a través de un comunicado, la Fiscalía General confirmó que se emitió orden de captura contra el gobernador de Antioquia Aníbal Gaviria, por supuestas irregularidades en contrataciones en el 2005.

El fiscal general Francisco Barbosa aseguró que “la decisión fue comunicada el día de hoy al Presidente de la República para que se cumpla con el mandato legal de suspensión del cargo. En ese sentido, el jefe de Estado deberá surtir los trámites necesarios para garantizar el funcionamiento administrativo del departamento de Antioquia”.

Como la investigación hace parte del antiguo sistema, la situación jurídica la resuelve el fiscal del caso, quien en esta oportunidad decidió la captura de Gaviria, mientras sigue investigando, y después determina si lo llama a juicio.

En concreto, se le investiga por el contrato para la ampliación de la troncal de la Paz firmado en 2005 por 41.000 millones de pesos. Para la Fiscalía, el gobernador era el ordenador del gasto y, aunque hubiera delegado la contratación, tenía la responsabilidad de estar al tanto de la misma.

El 16 de abril, Gaviria fue escuchado en indagatoria por un fiscal delegado ante la Corte Suprema de Justicia, por contratos durante su paso por la gobernación de Antioquia entre el 2004 y el 2007.

Señaló el jefe del ente acusador que con base en los elementos recopilados en el proceso, se puede señalar que Gaviria “incurrió en los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales en concurso homogéneo, y heterogéneo con peculado por apropiación en favor de terceros”.

Barbosa indicó que el fiscal del proceso encontró que en el contrato de mejoramiento y pavimentación de la troncal de la Paz (tramo La Cruzada–Caucasia), suscrito en 2005 por valor de $ 41.663’432.778, se pactó inicialmente un anticipo del 25 % y luego se amplió al 29 %, lo que significó casi 1.500 millones de pesos de más para el contratista.

“Esta modificación desconoció requisitos legales esenciales, como los principios de planeación y transparencia”, dijo el fiscal.

De igual forma, señaló el jefe del ente acusador que se “constató que el mencionado anticipo fue pagado sin la aprobación de una garantía contractual que aseguraría la destinación correcta de los dineros. Esta omisión generó que el contratista invirtiera más de 10.000 millones de pesos en maquinaria y equipos”.

Puntualizó Barbosa que la investigación evidenció que se hicieron dos adiciones al contrato inicial, que tampoco habrían atendido los principios esenciales de la contratación pública.

“Una representó cerca de 4.000 millones de pesos para adecuaciones de un sector específico de la misma troncal; la otra, mediante un otrosí, se realizó cuatro días antes de finalizar el período del gobernador y  contempló la construcción de una vía de acceso al municipio de El Bagre, Antioquia”, afirmó el Fiscal General.

La indagatoria se desarrolló de manera virtual, atendiendo los protocolos por la emergencia sanitaria que ha originado el coronavirus.

“Con total serenidad entregaré en la Fiscalía las explicaciones que se requieran en un tema que fue promovido por mis contradictores en la pasada campaña electoral y frente al cual tengo absoluta tranquilidad. Ya la Fiscalía tiene en su poder los documentos que acreditan que no tuve ninguna participación en el contrato objeto de investigación, con lo cual espero que esta investigación termine prontamente a mi favor”, aseguró el gobernador en su momento al ser notificado de la diligencia.