“Resulta urgente defender la verdad como patrimonio público”
Hernando Valencia Villa es fundador y miembro de la Asamblea de la Comisión Colombiana de Juristas, Doctor en Derecho por la Universidad de Yale, ex procurador de Derechos Humanos en Colombia y ex secretario ejecutivo adjunto de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. / Fotografía: Casa de América / Casa de Am
La verdad puede definirse como la concordancia entre la realidad y el pensamiento, y se produce cuando reconocemos lo que ha sucedido o lo que sucede en nosotros mismos o en nuestro entorno, y actuamos en consecuencia. Desde el mundo antiguo existe una contradicción fundamental entre una concepción trascendente o absoluta de la verdad, asociada a filosofías tradicionales como el platonismo o a religiones reveladas como el judaísmo, el cristianismo y el Islam, y una concepción historicista o relativista, propia del antropocentrismo del Renacimiento y la Ilustración.
Según esta última perspectiva, que es la de nuestro tiempo, la verdad no existe desde siempre y para siempre en el cielo de las ideas y de los principios sino que, como lo ha dicho Michel Foucault, “es de este mundo y se produce en él gracias a múltiples coacciones”; se constituye a diario en la tierra de los intereses y de los conflictos.
En ese sentido, la construcción o reconstrucción pública de la verdad de los hechos, con base en la memoria histórica de los individuos y de los pueblos, es el punto de partida de la función jurisdiccional como única respuesta, a la vez legítima y eficaz, a la barbarie y la impunidad.
Ahora bien, si la justicia judicial o justicia del Estado no puede o no quiere cumplir con su misión de establecimiento de la verdad del pasado luctuoso o criminal, nuestra época ha inventado esas instituciones transitorias pero esenciales que llamamos “Comisiones de la Verdad” para que ofrezcan a la sociedad una versión pluralista, moralmente autorizada e históricamente solvente de la guerra civil, la dictadura, el conflicto armado interno o la crisis política que se pretende esclarecer y superar de manera civilizada y democrática, para “pasar página después de haberla leído”.
Hannah Arendt distingue entre la verdad racional de las ciencias naturales, la verdad factual de las ciencias sociales y la opinión mayoritaria de la comunidad. En materia judicial, o cuasi judicial, como es el caso de las Comisiones de la Verdad, la que cuenta es la segunda, la verdad factual. Y su contrario no es el error, la ilusión o la opinión sino la falsedad o la mentira. De ahí la necesidad ineludible de buscar y preservar los hechos del pasado para convertirlos en patrimonio común de las generaciones presentes y futuras, así como en fundamento de la legislación, la jurisprudencia, las políticas públicas y la cultura democrática de la sociedad.
Puesto que la verdad es un bien social tan importante como la justicia o la paz, el respeto por la verdad o veracidad constituye una virtud ciudadana que debe cultivarse hoy de manera prioritaria en sus diversas modalidades: la soledad del filósofo, el aislamiento del científico y el artista, la imparcialidad del historiador y el juez, y la independencia del investigador, el testigo y el periodista. Solo así puede garantizarse el carácter abierto y pluralista de la sociedad como contexto necesario y suficiente para una democracia moderna, donde la ciudadanía, entendida como el derecho a tener derechos, se convierta de manera efectiva en el dinamismo fundamental de la vida individual y colectiva.
En estos tiempos de falsas noticias y de posverdad que nos han tocado en suerte, cuando los jefes de Estado o de gobierno de países tan importantes como Estados Unidos, Brasil, Gran Bretaña o Hungría son mitómanos y enemigos de sus propios pueblos, resulta urgente defender la verdad como patrimonio público. Para ello, conviene recordar una y otra vez la entrañable distinción de la filósofa: como concepto, la verdad es lo que no podemos cambiar; como metáfora, es el terreno que pisamos y el cielo que se extiende sobre nuestras cabezas.
*Sobre el autor: Exiliado. Jurista colombiano experto en Derecho Internacional de los Derechos Humanos y los Conflictos Armados, Justicia Penal Internacional y Justicia Transicional. Fundador y miembro de la Asamblea de la Comisión Colombiana de Juristas. También se ha desempeñado en cargos diplomáticos y como profesor e investigador en diferentes universidades.
Este texto es producto de una alianza con la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición.