Algunas joyitas del pobrecito de Aníbal Gaviria:
Voces provenientes de diversos sectores han salido a pronunciarse en solidaridad con el gobernador de Antioquia, Aníbal Gaviria Correa después que ayer se conociera la medida de aseguramiento privativa de la libertad ordenada por la Fiscalía General de la Nación.
Entre esas voces se encuentran la del presidente Iván Duque, la del jefe del presidente Álvaro Uribe, el ex alcalde de Medellín Federico Gutiérrez, el exgobernador de Antioquia Sergio Fajardo, la alcaldesa de Bogotá Claudia López y el Comité Intergremial de Antioquia, entre otros.
Según la Fiscalía “Los elementos recopilados en el proceso, que se sigue en el marco de la Ley 600 de 2000 (anterior sistema penal), indican que Aníbal Gaviria Correa, cuando se desempeñó como gobernador de Antioquia entre 2004 y 2007, incurrió en los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales en concurso homogéneo, y heterogéneo con peculado por apropiación en favor de terceros”.
Continúa el ente de control “El fiscal del caso encontró que en el contrato de mejoramiento y pavimentación de la Troncal de la Paz (tramo La Cruzada – Caucasia), suscrito en 2005 por valor de $41.663’432.778, se pactó inicialmente un anticipo del 25% y luego se amplió al 29%, lo que significó casi 1.500 millones de pesos de más para el contratista. Esta modificación desconoció requisitos legales esenciales, como los principios de planeación y transparencia”.
Ante los hechos es oportuno enumerar a los ciudadanos algunos de los negocios en los que se ha visto envuelto el controvertido gobernador de Antioquia, quien además ha fungido como alcalde de Medellín.
La mano derecha de Aníbal Gaviria Correa en sus negocios públicos y Privados, Vera Cristina Ramírez López, fue sancionada disciplinariamente por la Personería de Medellín con destitución e inhabilidad para ejercer cargos públicos por 12 años debido a su comprobada participación en la venta irregular del lote 24 de la Plaza Mayorista por una valor inferior a 11 mil millones de pesos del avalúo realizado por el IGAC, y la Contraloría de Medellín la halló responsable fiscal por detrimento patrimonial por 11 mil millones de pesos, le decretó el embargo de sus bienes, pero cuando se fue a cristalizar la medida se encontró que Aníbal ya le había “hecho el favor” de embargarle los bienes a la ex secretaria de su despacho en la alcaldía. En algunos medios políticos se ha conocido que los 11 mil millones de pesos de menos por los que fue vendido dicho lote, fueron compensados en cabeza de los hijos del ex alcalde Gaviria Correa en un lote en un vecino municipio del Valle de Aburrá.
Gaviria Correa avaló, como presidente de la Junta Directiva de EPM, los negocios que encabezó Juan Esteban Calle como gerente de EPM en BONYIC, la hidroeléctrica de Panamá, donde la Contraloría de Medellín hizo un hallazgo fiscal por los exorbitantes sobrecostos, pues las obras pasaron de un valor presupuestado de 50 millones de dólares a 314 millones de dólares en su culminación en 2015, con un incremento de casi seis veces, lo que calificó la concejal María Paulina Aguinaga como “la Reficar antioqueña”
El otro negocio avalado por Aníbal Gaviria Correa y concretado por su gerente de EPM Juan Esteban Calle, es el relacionado con la compra de Aguas de Antofagasta en Chile. Dicha empresa se compró por 965 millones de dólares cuando un estudio indica que valía solamente 400 millones de dólares, en pesos colombianos se pagaron 560 mil millones de pesos de más. En este negocio, también la Contraloría de Medellín encontró otro hallazgo con incidencia fiscal. En la práctica Aguas de Antofagasta se convirtió para los contribuyentes de Medellín en un auténtico “paquete chileno”.
A través de Margarita Ángel Bernal, ex gerente de la EDU, Aníbal Gaviria Correa también es corresponsable de la tragedia inmobiliaria en que se convirtió el Plan Parcial Naranjal. Ángel Bernal acometió el proyecto con el socio privado CASS, para lo cual simuló una convocatoria pública el 21 de marzo de 2013. Convocatoria que Ángel Bernal declaró desierta para firmar el convenio con CASS, una empresa sin experiencia en la construcción de proyectos inmobiliarios y de renovación urbana. La mala reputación de CASS incide en el mal presente del proyecto y en el futuro incierto del mismo. CASS ha estado casado con Odebrech y por estos hechos está en la cárcel Paola Solarte hija de Carlos Alberto Solarte, a quien le otorgaron la casa por cárcel, debido a problemas de salud. Hoy este proyecto es un elefante blanco.
Otro negocio donde aparece comprometido el nombre del ex alcalde de Medellín, tiene relación con la firma de su exgerente de Emvarias, Javier Ignacio Hurtado, de una adición, prorroga y otrosí al contrato No 051 de 2014 de Arrendamiento Operativo suscrito entre Empresas Varias de Medellín y Renting Colombia. Esa firma se estampó el 16 de diciembre de 2015 a 14 días de terminar el mandato de Gaviria Correa.
El objeto del contrato tiene que ver con el arrendamiento operativo de vehículos para la prestación del servicio de aseo por parte de Empresas Varias de Medellín S.A ESP. el valor mensual por arrendamiento de cada vehículo es de $27’520.000 (veintisiete millones quinientos veinte mil pesos), unos $330’000.000 (trescientos treinta millones de pesos) al año aproximadamente, lo que significa que en los siete años de adición de contrato EMVARIAS pagará por vehículo unos $2.310’000.000 (dos mil trescientos diez millones de pesos), mientras el costo por vehículo recolector de basura en el mercado alcanza $550’000.000 (quinientos cincuenta millones de pesos) aproximadamente.
Y ni que hablar del contrato para la operación de cámaras de fotodetección, a cargo de UNE, que generó rechazo de varios concejales que pidieron revocarlo, debido a la manera como en la administración de Gaviria Correa se hizo la ampliación del convenio interadministrativo que lo prorrogó con UNE hasta el año 2025 y agregó 10 otro sí, apuntando a garantizar mayores utilidades para Une y la empresa Quipux, operadora del convenio.
Por obra y gracia de esos arreglos políticos que se hacen, Alirio de Jesús Rendón Hurtado, alias “El cebollero” quien fungió como el máximo distribuidor de licores de la Fábrica de Licores de Antioquia, intentó, con otros inversionistas de la Plaza Mayorista, quedarse con la FLA justo cuando el gobernador de la época, Aníbal Gaviria Correa formalizó la propuesta de privatizarla. En esa oportunidad esa descabellada propuesta fue negada por la Asamblea de Antioquia. En todos los preparativos de venta estuvieron el entonces Secretario de Hacienda departamental Juan Esteban Calle y el gerente de la FLA Javier Ignacio Hurtado.
Con lo dicho es este escrito es pertinente plantear si las voces autorizadas de la Nación tienen el timbre para apoyar con su aliento a quien aparece involucrado en sospechosos negociados donde claramente se palpa y se huele corrupción? y, si los organismos de control tienen abiertos expedientes por los hechos aquí narrados por qué no aprovechan la oportunidad y arman un expediente completo a quien ha incrementado su patrimonio desde los cargos públicos que ha ocupado. Y los contribuyentes siguen votando por corruptos!!!!!!!!
Por Alberto Escobar – #LaOpinion