Esta semana la Corte Suprema de Justicia tomó una decisión sin precedentes históricos en Colombia, al ordenar una detención preventiva contra un expresidente de la república por presunta compra de testigos. Irónicamente se trata de un proceso que compromete al Senador Álvaro Uribe Vélez, por una denuncia que él mismo presentó contra el senador
Iván Cepeda por idéntico delito.

La independencia de poderes es una institución democrática tan importante como el estado de derecho que hoy, quienes no comparten la decisión de la Corte, pretenden sustituir por el “estado de opinión”. Este parece más el “estado de contradicción” o de “incoherencia”.

Veamos, la derecha uribista ante fallos judiciales adversos se ha victimizado sistemáticamente, alegando persecución política. La decisión de esta semana produjo la
misma reacción.

Muy curioso alegar persecución política, cuando el presunto perseguido controla dos de las ramas del poder público: la ejecutiva y la legislativa. Pretenden además imponer una perversa especie de jurisprudencia, según la cual a los
ciudadanos se les debe juzgar no de acuerdo con el delito cometido sino según su condición, sus méritos, realizaciones,  bondades o servicios prestados. En esta doctrina uribista de sustitución del estado de derecho por el estado de opinión, por ser el senador Uribe quien es y por haber hecho lo que hizo, debe gozar de inmunidad ante cualquier presunto delito que cometa o haya cometido.

El presidente de la República Iván Duque, quien además de ser jefe de gobierno, en Colombia es jefe de Estado y como tal debe ser árbitro imparcial ante los poderes y sobre todo ante los jueces, se contradice al afirmar que respeta la justicia y sus decisiones pero que la Corte no ha debido ordenar la detención preventiva en contra del Senador expresidente  Uribe.

Si afirma respetar la justicia y sus decisiones, no puede a renglón seguido señalar qué tipo de medidas se deben o no ordenar dentro de un proceso judicial,

Pero el “estado de opinión” no se detiene aquí a la hora de buscar confundir a la ciudadanía en la interpretación de esta decisión. Comparan “peras con manzanas”, alegando como
injustificable que los integrantes de las FARC, a pesar de los graves delitos que cometieron, estén sentados en el congreso, mientras al mismo tiempo se ordena la detención de Uribe.

La diferencia está en el acuerdo de paz que firmaron, no con un gobierno, con el Estado Colombiano. En ese acuerdo, a cambio de entregar las armas y desmovilizarse, se someten
a una justicia transicional, como lo están haciendo voluntariamente varios miembros de la fuerza pública. Deben comparecer ante la comisión de la verdad para entregar la verdad histórica; luego ir a la justicia especial para la paz y entregar la verdad judicial del conflicto y recibir penas restaurativas. Si no lo hacen, se ven expuestos a un juicio en el que serían condenados a penas de hasta 20 años bajo el régimen de reclusión ordinario.

Esto no es todo, de remate reclaman una Asamblea Nacional Constituyente para rediseñar un poder judicial a su medida, tipo sastre, con una única corte. Debemos como nación, respaldar a la justicia, rodearla de un ambiente sereno, sin presiones, para que siempre falle en derecho y sin condicionamientos políticos.