A tan grave pronunciamiento, la respuesta de simpatizantes y defensores del gobierno, es que esto obedece al diseño institucional del país. Argumento anteriormente válido, pero no del todo cierto en la coyuntura actual. Primero, porque cada vez son más latentes los efectos nocivos de haber aprobado la reelección presidencial. Y segundo, porque estamos enfrentando un fenómeno sin precedentes: el coronavirus.

Frente al primer argumento, podemos decir que la Constitución del 91 diseñó el aparataje estatal estableciendo una dinámica de pesos y contrapesos, para un periodo presidencial de cuatro años y no de ocho. Al alterarse la matriz de su creación, por más corregida que ya esté -pues ya no existe reelección- el desbalance institucional es evidente. Es cierto que el poderío del Ejecutivo en Colombia es significativo, y que no es la primera vez que vemos entes de control amigos del gobierno de turno, pero nunca antes habíamos presenciando una cooptación tal de poderes como lo estamos viendo hoy. Contraloría, Fiscalía, Procuraduría y Defensoría del Pueblo en manos de personas afines y obedientes al gobierno y de quienes se duda su independencia.

Con respecto al segundo, como se dice coloquialmente, el que tiene plata marranea, y ese es el riesgo que estamos corriendo. El coronavirus nos ha traído una crisis económica sin precedentes, y una necesidad de crecimiento estatal desmedida. Todos los sectores de la sociedad están pidiendo ayudas del Estado. Sin la mano del gobierno, hoy es difícil sobrevivir. La educación, el transporte aéreo y terrestre, las empresas y los medios de comunicación entre otros, están sujetos más que nunca,  al estímulo financiero y autorización de funcionamiento por parte del gobierno. Eso ha aumentado su poder y dominio, convirtiéndolo en el todo poderoso Leviathan.

En momentos de crisis como el que nos aqueja es cuando más necesitamos de gobernantes con un talante democrático, moral y ético arraigado. Dirigentes que no se aprovechen de la crisis para expandir su poder. Que entiendan la importancia de los límites, estén abiertos al debate, crítica y disentimiento. Mandatarios conscientes de la responsabilidad de mantener una democracia que funcione y reacios a edificar un régimen autoritario.

La alerta de Transparencia Internacional no debería analizarse bajo la lupa de la polarización política o bajo el estigma y prejuicio hacia una organización no gubernamental. Como ciudadanos deberíamos verla como un llamado de atención sobre un riesgo global que necesita de una respuesta en Colombia. Al menos,  si creemos que la democracia es el mejor sistema político en el que podemos vivir.