Al aceptar cargos y recibir una reducción en su condena, el empresario se compromete a estar recluido en una cárcel de Barranquilla, a hablar contra un periodista al que supuestamente le dio dinero y a pagar dos millonarias multas por el caso Hyundai.
Como parte de su proceso de aceptación de cargos, el empresario Carlos Mattos escribió una carta en la que pidió disculpas públicamente por sus actos de corrupción en el conocido caso Hyundai. En el documento menciona la participación de jueces que favorecieron sus intereses y asegura que le pagó a un periodista para enlodar la imagen de la Fiscalía. Mattos y el ente investigador llegaron a un preacuerdo en el que el empresario acepta los delitos que se le imputaron y accede a una serie de condiciones para una rebaja en su condena. En El Espectador le contamos los detalles de este preacuerdo.
“El señor Carlos José Mattos Barrero aceptará, en virtud del presente preacuerdo, los cargos señalados al momento de la imputación y en el escrito de acusación respectivo, recibiendo como contraprestación a su renuncia voluntaria a la presunción de inocencia y a tener un juicio oral, público y contradictorio”, dice el documento del ente investigador con el que Mattos busca reducir su condena y al que todavía le falta el visto bueno de un juez. Para acceder a los beneficios que le propone la Fiscalía, el empresario tendrá que pagar una multa de 135 salarios mínimos legales de 2016, equivalentes a $93´076.425.
Por otra parte, el preacuerdo inhabilita a Carlos Mattos el ejercicio de derechos y funciones públicas por 53 meses, pena equivalente a un poco más de cuatro años. Una de las condiciones con las que ha avanzado el empresario fue el de pedir disculpas públicas en las que se compromete a “no volver a cohechar a servidores y funcionarios públicos”, según dispuso la Fiscalía, al igual que la exposición de supuestos “actos que involucran conductas de un periodista que podrían tener implicaciones éticas frente al ejercicio de su profesión”.
Mattos también tendrá que rendir un interrogatorio en el que deberá que explicarle a la justicia “las circunstancias de tiempo, modo y lugar” en las que sobornó a los servidores judiciales en Bogotá. Asimismo, tendrá que “presentarse a los estrados judiciales donde sea citado con iguales efectos”, se manifiesta en el documento de la Fiscalía. Además, el empresario se compromete a pagar un millón de dólares que repartirá en mitades iguales entre la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial (Deaj) y la Fiscalía.