Por: José Obdulio Gaviria – Los Irreverentes

Un amplio sector del país quedó estupefacto con el fallo de tutela aprobado por 5 de los 7 magistrados de la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia en el que, básicamente, emiten una sentencia condenatoria en contra de la Policía Nacional y llegan a extremos inauditos de fijar parámetros de la forma como debe proceder la Policía Nacional, y las armas que sus integrantes pueden o no pueden utilizar. 

José Obdulio Gaviria: ¿La Sala Civil de la Corte no conoce el artículo 189 de la Constitución? Es al presidente a quien le corresponde dirigir la fuerza pública y disponer de ella como Comandante Supremo. Ahora, vía tutela, esa facultad pasó a las FARC, a las “organizaciones sociales” y al “gobierno de los jueces”. A mi modo de ver, estamos presenciando un golpe de Estado. Es que no todo golpe de Estado incluye defenestrar al jefe del Ejecutivo. ¿Recuerda el caso de Bordaberry en Uruguay? Se instauró un gobierno del Consejo de Estado y se mantuvo al presidente como una figura sin funciones. Eso hizo la Corte. Dice que va a dirigir y disponer de la fuerza pública. ¿No es eso imponernos el “Acuerdo Santos-Farc” a través de tutelas?

Si el gobierno acepta actuar como le ordenan los tutelantes a través del increíble y triste auto de los magistrados cómplices que les dieron la razón, pone en entredicho su permanencia. No soy quién para decirle qué hacer y cómo. Pero sí puedo decirle dónde encuentra las respuestas. Y le anticipo que nunca será en el Acuerdo Farc- Santos y en los sectores políticos que acompañan ese engendro. 

L I. Muy a lugar su cita del caso uruguayo, pues efectivamente Bordaberry permitió que el Consejo de Estado -creado por él mismo- subsumiera todos los poderes. Su gobierno se debilitó y al cabo del tiempo fue apartado del poder por los militares. Pero retomemos el delicado asunto colombiano senador. ¿Usted cree que el gobierno de Iván Duque debe acatar ese fallo? 

JOG. El fallo de tutela, si se acata, deroga la Constitución. Yo prefiero la vigencia íntegra de la Constitución. Acatar es distinto a rendirse ante una fuerza superior e injusta. Los firmantes de la tutela y los magistrados quieren decirnos cómo manejar la web y las redes del gobierno, determinar cómo se redactará una ley estatutaria, ponerle la agenda al ministro de defensa, incluida una rueda de prensa y el manejo del orden público.

L I. Lo cierto es que desde que se firmó el acuerdo espurio con la banda terrorista de las Farc, la Fuerza Pública -especialmente la Policía Nacional- ha estado en la mira de la extrema izquierda y de los facinerosos. Y no deja de ser angustiante que el gobierno nacional no haya parado en seco a los enemigos de las instituciones militares y de policía, recordando eso que a todos nos enseñaron de niños: a la autoridad se le respeta. 

JOG.  En 2016, la Policía Nacional, su estructura e integridad, fue objeto de negociación entre las Farc y Santos. No lo digo yo, lo dijeron ellos. Timochenko, cuando firmó el acuerdo, dijo que los “sectores sociales históricamente excluidos” -uno de los eufemismos con los que se describen-, “profundizarían los reclamos a los gobiernos de turno”. Solo a un imbécil se le podía ocurrir que lo harían pacíficamente. 

La matriz de ataque a la legitimidad del Estado por parte de FARC es desprestigiar el “aparato represivo”. No descansan endilgándole masacres y atrocidades siempre que hay operativos contra la droga o contra la violencia de sus manifestaciones. Y han sido exitosos: hoy no hay fumigaciones, se expande la coca y pronto la Policía no podrá controlar sus desmanes en la “protesta social”. 

L I. Y el ‘ESMAD’ fue escogido por esa horda de desadaptados para justificar sus ataques contra la Policía. Valga apuntar que los países con democracias sólidas y respetables cuentan con grupos policiales antidisturbios de la misma naturaleza del ESMAD, con el uso de armas del mismo tipo y con entrenamiento y preparación similar. Pero en Colombia, ese grupo -que es esencial para mantener el orden público- es descalificado por los extremistas, al punto de que lo presentan mentirosamente como una estructura armada ilegal. 

JOG. La exigencia de las FARC de desmontar el ESMAD es un inamovible. No van a parar. Y van a usar todo y a todos. A sus “organizaciones sociales”, a la justicia, al congreso, a todos. El primero que recuerdo que salió al ruedo fue Alirio Uribe, el del Colectivo de Abogados, cuando todavía estaba en la Cámara. Dijo que el ESMAD no brindaba garantías para el posconflicto.

El primer reclamo que le hizo Timochenko a su amigo Santos sobre “incumplimientos” fue la aprobación del Código de Policía. Dijo que chocaba “con el acuerdo sobre participación política suscrito en la Mesa” y que era intolerable que siguiera existiendo el ESMAD. Sus palabras fueron: “el Esmad sigue triturando colombianos que salen a protestar con justicia”.

Y le digo algo más: el día que el ELN masacró a los estudiantes de la Escuela de Policía, había una “protesta social” contra la Policía y el ESMAD. Eso nadie suele asociarlo a la tutela y a la sentencia.