De hecho, es el Coordinador de Fiscales Delegados ante la Corte Suprema de Justicia. Desde allí se adelantan todas las investigaciones contra aforados constitucionales como generales, gobernadores, ministros, magistrados y embajadores.

Es funcionario de carrera en la Fiscalía General de la Nación desde hace más de 25 años y por ello, uno de los fiscales con mayor prestigio.

Es abogado de la Universidad Santo Tomás de Aquino de Bucaramanga, con especialización en Derecho Penal de la Universidad Sergio Arboleda y con maestría en Derecho Procesal Penal.

En su carrera profesional se ha desempeñado como Director Seccional de fiscalías de Santa Rosa de Viterbo, Boyacá, jefe de la Unidad Anticorrupción, magistrado auxiliar del Consejo de Estado en el despacho del entonces magistrado Alejandro Ordóñez Maldonado de quien como Procurador General fue su Director de Investigaciones Especiales.

Dada su vasta experiencia fue que el fiscal General de la Nación, Francisco Barbosa Delgado, lo designó para conocer del expediente contra el exsenador Álvaro Uribe Vélez, luego de que la Corte Suprema de Justicia perdiera su competencia para seguirlo investigando.

“Por la complejidad del asunto, su alto impacto nacional y en aras de garantizar el debido proceso de todas las partes e intervinientes, fue asignado el proceso al doctor Gabriel Ramón Jaimes Duran, fiscal de carrera que actualmente ostenta el cargo de fiscal coordinador de la Fiscalía Delegada ante la Corte Suprema de Justicia, que cuenta con la experiencia y reconocimiento institucional en el adelantamiento de casos de gran connotación y quien desde hoy asumirá el conocimiento de la investigación con independencia y autonomía”, informó el jefe del ente acusador en un comunicado.

Proceso complejo

Para el fiscal Jaimes Durán, sin duda, ser el fiscal que llevará el proceso que vincula al exsenador Uribe con los delitos de fraude procesal y soborno en actuación judicial por supuesta manipulación de testigos, no solo es un honor sino que, además, es tal vez el proceso penal más importante en la historia reciente de Colombia.

Y son dos, básicamente, los retos inmediatos que tendrá que afrontar ya como titular del organismo acusador del Estado. Primero, definir si el proceso debe continuar como lo llevaba la Sala Especial de Instrucción de la Corte bajo la Ley 600 de 2000, antiguo Código de Procedimiento Penal, o si accede a la petición de la defensa de continuarlo desde la Ley 960 de 2004, Sistema Penal Acusatorio.

La decisión no es fácil. En el primer caso, es la Fiscalía quien investiga, practica pruebas, define la libertad del sindicado y acusa ante un juez de conocimiento.

En el segundo caso solamente acusa y practica las pruebas ordenadas por el juez del caso, pero no tiene injerencia en la libertad del sindicado ni en el juzgamiento.

Dependiendo de su decisión, Jaimes Durán entrará a definir la libertad de Uribe que para su abogado Jaime Granados Peña debe ser “inmediata”. 

Esto, bajo el argumento de que al pasar el expediente de la Corte a la Fiscalía “debe haber cambio de procedimiento (legislación aplicable) y por tanto arrancar de cero, sin medidas de aseguramiento”.

Uribe está privado de la libertad desde el 3 de agosto pasado por la Corte Suprema que le dictó medida de aseguramiento de detención domiciliaria, por lo que permanece en su finca El Ubérrimo, de Montería.

Como lo ha informado EL NUEVO SIGLO, varios expertos han dicho que el fiscal asignado al caso “es autónomo” en sus decisiones, por tanto si opta por el Sistema Penal Acusatorio tendrá que valorar todo el acervo probatorio, desechar algunas piezas procesales, ordenar nuevas pruebas, precluir o continuar la investigación, y de ser el caso la libertad del imputado ante un juez de control de garantías.    

No obstante, hay que recordar que el expediente contra Uribe Vélez y que ya fue trasladado de la Corte a la Fiscalía, consta de 70 cuadernos cada uno con por lo menos 300 folios, 23 mil pruebas entre documentos, videos, audios y chats y varias cajas con discos compactos que remitió la Corte Suprema.

Otro escollo que tendrá que sortear el fiscal Jaimes Durán es la recusación que ya anunció el senador Iván Cepeda en contra suya y del fiscal Francisco Barbosa, así como de la vicefiscal general Martha Mancera. Por: Nuevo Siglo