Por José Féliz Lafaurie Rivera
No se pueden entender las negociaciones entre el Gobierno y el ELN, si no está siempre presente su razón de ser, porque la paz no es un intangible, sino un bien público materializado en “la gente”, que en los campos espera liberarse del yugo que imponen los violentos para garantizar el control territorial que sostiene sus rentas ilícitas, y en las ciudades está a merced de las bandas del microtráfico.
Por ello, quienes participamos en el proceso no podemos perder de vista este principalísimo objetivo: la gente, por la que debemos preguntarnos qué espera Colombia de las negociaciones, cuáles deberían ser sus prioridades; todo ello a partir de una convicción: Esto tiene que salir bien; otra ruptura con el ELN no es una opción, sin que este imperativo derive en la paz a cualquier precio.
Del segundo ciclo en Ciudad de México quedará una agenda acotada y avanzado el primer punto sobre “participación de la sociedad en la construcción de paz”, al que el ELN asigna gran valor y, de hecho, es común denominador de toda la agenda. Sin embargo, a mi juicio, la prioridad de la mesa debe ser encontrar “elementos transformadores” para cumplirle a esa Colombia profunda que soporta el mayor peso de todas las violencias.
No es tarea sencilla, pues los temas de la participación y de las transformaciones en el territorio deben ser, primero: acotados, y ello quiere decir que la mesa debe despojarse, con realismo, de cualquier pretensión de panacea, pues la aproximación a la paz total, ni es cuestión de un día, ni cae del cielo, ni es responsabilidad exclusiva del Estado o del ELN, sino una construcción social compleja pero alcanzable.
Segundo: deben traducirse en acciones tempranas que le devuelvan confianza al país, pues cuando la esperanza se pierde, las sociedades, como las personas desesperanzadas, caen en los comportamientos de quien “todo lo ha perdido”, que las alejan aún más de la paz.
Tercero: deben responder a un diagnóstico realista, no político ni ideologizado, de esa Colombia rural olvidada, que confirmará, sin duda, que “la paz de la patria pasa por la recuperación del campo”.
Cuarto: Así como la participación de la sociedad debe abrir puertas al entendimiento de esa difícil realidad rural, las acciones de transformación deben impactar en los territorios, pues, aunque la paz no es solo ausencia de violencia, el silencio de las armas es condición para su construcción colectiva, y es en el campo donde generar opciones dignificantes de vida podrá alejar a sus habitantes del narcotráfico y la violencia.
Así pues, como el mejor argumento es el ejemplo, si queremos “demostrar” que la paz es posible, convendría emprender un verdadero “piloto de paz”, definiendo con prontitud el dónde y el cómo, el primero en una región específica, golpeada por la pobreza y la ilegalidad, y el segundo a partir de un modelo de participación que convoque a los actores sociales y oriente una gran Brigada de Acción Integral del Estado y la sociedad civil, para producir transformaciones “medibles” -la quinta condición- en lo positivo (empleo, escolaridad, salud, etc.) y en la reducción de lo negativo (homicidio, extorsión, área sembrada, etc.).
Hacia delante, a partir de ese mensaje de SÍ SE PUEDE, replicar ese piloto requerirá una verdadera “gobernanza rural”; una acción diferenciada del Estado para una realidad también diferente, que propicie el progreso y las oportunidades, asestando un golpe mortal a la ilegalidad y la violencia.
Solo así cerraremos la página del abandono y “la gente” empezará a sentir que, de verdad, la paz está cerca.