Aunque tiene fecha del 2 de agosto de 2019, apenas se hizo público ayer. Se trata de un informe pericial realizado por la firma Advanta (proveedor de servicios de ajuste de pérdidas e inspección de riesgos a aseguradores y reaseguradores del mundo), elegida por los ajustadores para definir el monto a cubrir.

Dicho informe se utiliza como insumo para realizar el estudio y análisis de cobertura y decidir si se paga o no. Ante cualquier siniestro, tanto aseguradoras como reaseguradoras realizan estudios o investigaciones independientes. El destinatario de estos informes de ajuste es el mismo asegurador o reasegurador, según el caso.

Acá hay una obligación legal de doble vía, de acuerdo con el artículo 1077 del Código de Comercio con respecto a la carga de la prueba: corresponde al asegurado (en este caso EPM) demostrar la ocurrencia del siniestro, así como la cuantía de la pérdida, si fuere el caso; mientras que el asegurador (Mapfre, para este caso) deberá demostrar los hechos o circunstancias cuando finalmente estas sean excluyentes de su responsabilidad.

Pero primero vamos a algunas conclusiones del informe de la aseguradora.

El informe señaló que el proyecto operó un programa de gestión de riesgos de alto nivel, pero no cumplió con el código de práctica del túnel y no controló eventos con programa de mitigación de riesgos.

Añadió que tanto el túnel derecho como el izquierdo funcionaron con éxito durante cuatro años de operación, por lo que la asesoría utilizó la experiencia y los datos de este y otros túneles para optimizar el diseño del soporte de la GAD. Sin embargo, el soporte de la GAD fue más ligero en comparación con los túneles derecho e izquierdo, de tal manera que fue vulnerable a una forma irregular, erosión y cambios de presión del agua.

“La roca excavada no fue controlada por el soporte instalado, y el soporte no fue mejorado para compensar el relajamiento excesivo de la roca, como el uso de soporte activo, para eliminar estas debilidades. Además, la malla de acero requerida para las zonas de corte no se instaló en el lugar del colapso”, añadió.

Afirmó además que la GAD no se construyó de acuerdo con el diseño, ni la especificación técnica porque el espesor del hormigón proyectado no se midió con pasadores de profundidad, las longitudes de voladura fueron excesivas en ocasiones y no se instaló un piso de hormigón para proteger la roca débil de la erosión por el paso del agua.

Y entre otros detalles técnicos, acotó que las partes que asesoraron a EPM y junto con el contratista sabían “dónde la obra no seguía el diseño, dónde la construcción no produjo el túnel con la forma y soporte esperados y dónde el túnel colapsó durante la construcción. Muchos de estos problemas no se solucionaron porque las partes no se pusieron de acuerdo sobre la causa o responsabilidad para resolverlos”.

El gerente de EPM, Álvaro Guillermo Rendón, declaró ayer que el estudio de la reaseguradora no se registró formalmente ante la organización y que fue conocido el 17 de agosto, ocho días después de haber presentado la conciliación por $9,9 billones por los sobrecostos del proyecto. “Hicimos averiguaciones y el documento nunca fue radicado, tampoco fue entregado en el empalme”, dijo Rendón.

Añadió que los funcionarios de EPM que recibieron el documento “lo tenían guardado bajo llave y lo dejaron en manos de un funcionario de la organización pero nunca radicado como era lo debido. No entendemos las razones, está en el marco de una investigación y los funcionarios que lo recibieron tendrán que dar sus explicaciones”.

El alcalde Quintero escribió en su cuenta de Twitter que desde agosto de 2019, siendo alcalde Gutiérrez, se conocía el dictamen de la reaseguradora y que “el documento fue ocultado por interesados en no demandar a contratistas”.

En diálogo con EL COLOMBIANO, el exalcalde Federico Gutiérrez respondió a los señalamientos. “Es otra de las tantas mentiras que a diario dice Daniel Quintero. Primero, uno no puede ocultar lo que no conoce y no tiene en su poder, ese estudio nunca estuvo en poder de EPM, porque era un estudio directamente de la aseguradora con los reaseguradores para tomar la decisión sobre el desembolso del seguro. No fue nunca radicado en EPM. No es cierto que se hubiera ocultado”, dijo.

Contestó que “es falso que se hubiera escondido información para privilegiar a terceros, acá siempre se ha querido decir la verdad. Que responda quien tenga que responder y yo responderé por lo que me corresponda”.

El exgerente Jorge Londoño De la Cuesta le dijo a este diario que “nunca, ni la gerencia general ni la junta directiva, recibieron copia de ese informe. Por lo tanto un informe que no se tiene, mal haría en ocultarse. Los destinatarios de ese informe son las aseguradoras y reaseguradoras, no EPM. No existe un radicado formal en EPM de ese informe porque no fue dirigido oficialmente a EPM”.

Y concluyó que “para poder adelantar los procesos jurídicos teníamos que recoger información para tener un caso sólido. Primero hicimos el informe causa-raíz para identificar el origen de la contingencia e identificar contra quién dirigíamos la reclamación. Se venía adelantando un proceso de ajuste con la aseguradora y luego se podía construir con más información la acción jurídica”

El gerente de EPM sostuvo que dicho estudio del reasegurador va en la dirección de la propuesta de conciliación presentada por la organización y cuya audiencia está programada para el 19 y 20 de octubre.

Añadió que según este dictamen pericial hay errores en el montaje y la construcción y por lo tanto no es predicable la fuerza mayor.

“Lo que hace la administración (anterior) es diseñar una estrategia para inculpar solamente al diseñador y asesor. Claramente se definió desde la administración esa estrategia, solo involucrando a Integral. Lo que nosotros hicimos fue integrar a todas las partes en la conciliación”, detalló.

Hay que anotar que el informe causa-raíz del reasegurador tiene fecha del 2 de agosto de 2019, es decir, se emitió 46 días antes de la nota de cobertura emitida por Mapfre (16 de septiembre de 2019), en la que le notificó a EPM que la póliza cubriría los daños generadores durante la contingencia.

Ese día, el entonces gerente Jorge Londoño De la Cuesta dijo que “si hubiera existido negligencia o dolo no se hubiera expedido esta nota… (esa declaratoria se debe) a que la contingencia tuvo lugar por un evento accidental y de características imprevisibles”.

Ya el 4 de diciembre pasado, la aseguradora realizó el primer desembolso por USD 150 millones ($525.150 millones al cambio de ese día).

Rendón dijo ayer que desde diciembre se anunció un segundo desembolso que se espera desde abril.

A la afirmación de que la estrategia de la anterior administración era solo responsabilizar a Integral, como firma diseñadora y asesora, Gutiérrez contestó: “En el momento en que EPM tuviera que requerir a los constructores, diseñadores o interventores, de acuerdo a los estudios técnicos que existieran, lo podía hacer y para eso tenía unos tiempos. No pueden decir que la administración de EPM en su momento renunció a poner dichas demandas. Lo importante es que EPM concentró sus esfuerzos en que se reconociera la responsabilidad a través de los seguros y que esos recursos se pudieran recuperar, que fue justamente lo que se hizo”. Por: El Colombiano