En un momento de grave crisis, nosotros, intelectuales, médicos, abogados, periodistas, pastores de las iglesias, profesionales y asociaciones consideramos nuestro deber dirigir un llamamiento a a todos los hombres de buena voluntad.

Los hechos han demostrado que, bajo el pretexto de la epidemia de COVID-19, en muchos casos, se violaron los derechos inalienables de los ciudadanos, limitando desproporcionada e injustificadamente sus libertades fundamentales, incluido el ejercicio de sus derechos, libertad de culto, expresión y movimiento. La salud pública no debe ni puede convertirse en una coartada para ignorar los derechos de millones de personas en todo el mundo, y mucho menos para que la Autoridad Civil descuide su deber de actuar sabiamente por el bien común. Esto es aún más cierto a medida que crecen las dudas, planteadas por diferentes partes, sobre el contagio efectivo, el peligro y la resistencia del virus: muchas voces autorizadas del mundo de la ciencia y la medicina confirman que el alarmismo sobre COVID-19, por parte de de los medios de comunicación, no parece estar absolutamente justificado.

Tenemos razones para creer, con base en datos oficiales sobre la incidencia de la epidemia en el número de muertes, que hay poderes interesados ​​en crear pánico entre la población con el único objetivo de imponer permanentemente formas inaceptables de limitación de libertades, de controlar a las personas, de rastrear sus viajes. Estos métodos de imposición arbitraria son un preludio inquietante para la creación de un gobierno mundial libre de cualquier control.

También creemos que, en algunas situaciones, las medidas de contención adoptadas, incluido el cierre de actividades comerciales, determinaron una crisis que postró a sectores enteros de la economía, favoreciendo la interferencia de potencias extranjeras, con graves repercusiones sociales y políticas.

Quienes tienen responsabilidades gubernamentales deben evitar estas formas de ingeniería social, tomando medidas para proteger a sus ciudadanos, de quienes son representantes, y en cuyo interés tienen la obligación de actuar. Asimismo, ayúdese a la familia, la célula de la sociedad, evitando penalizar injustificadamente a los débiles y a los ancianos, obligándolos a separarse dolorosamente de sus seres queridos. La criminalización de las relaciones personales y sociales también debe verse como una parte inaceptable del plan de quienes promueven el aislamiento de las personas, a fin de manipularlas y controlarlas mejor.

Pedimos a la comunidad científica que garantice que los tratamientos para COVID-19 se promuevan honestamente para el bien común, evitando escrupulosamente los intereses perversos de influir en las elecciones de los gobiernos y las organizaciones internacionales. No es razonable penalizar los medicamentos que han demostrado ser efectivos, generalmente de bajo costo, simplemente porque está destinado a favorecer tratamientos o vacunas que no son igualmente válidos, pero que garantizan a las compañías farmacéuticas ganancias mucho mayores, aumentando los gastos de salud pública. También recordamos, como Pastores, que, para los católicos, es moralmente inaceptable tomar vacunas en las que se usa material de fetos abortados.

Del mismo modo, pedimos a los gobernadores que estén atentos para evitar estrictamente las formas de control ciudadano, ya sea a través de sistemas de rastreo o cualquier otra forma de ubicación: la lucha contra COVID-19, por grave que sea, no debería ser el pretexto para favorecer intenciones poco claras por parte de entidades supranacionales que tienen intereses comerciales y políticos muy fuertes en esta área. En particular, los ciudadanos deberían tener la posibilidad de rechazar estas limitaciones a la libertad personal, sin imponer ninguna forma de sanción a quienes no tengan la intención de usar vacunas, métodos de detección y cualquier otro instrumento similar.
Considere también la obvia contradicción que enfrentan quienes adoptan políticas de reducción drástica de la población y, al mismo tiempo, se presentan como salvadores de la humanidad sin tener ninguna legitimidad, ya sea política o social. Finalmente, la responsabilidad política de quienes representan a las personas no puede confiarse a técnicos que incluso reclaman para sí formas de inmunidad criminal que son al menos inquietantes.

Instamos firmemente a los medios a que se esfuercen activamente por obtener información precisa que no penalice el desacuerdo, utilizando formas de censura, como está sucediendo ampliamente en las redes sociales, en la prensa y en la televisión. La precisión de la información requiere que se dé espacio a las voces que no están alineadas con el pensamiento único, lo que permite a los ciudadanos evaluar conscientemente la realidad, sin ser fuertemente influenciados por intervenciones parciales. Una confrontación democrática y honesta es el mejor antídoto contra el riesgo de imponer formas sutiles de dictadura, probablemente peor que las que nuestra sociedad ha visto nacer y morir en el pasado reciente.

Finalmente, recordamos como Pastores responsables del rebaño de Cristo, que la Iglesia exige firmemente su propia autonomía en el gobierno, en la adoración, en la predicación. Esta autonomía y libertad es un derecho de nacimiento que Nuestro Señor Jesucristo le ha otorgado para la consecución de sus propios propósitos.
Por esta razón, como Pastores, exigimos firmemente el derecho a decidir de manera autónoma sobre la celebración de la Misa y los Sacramentos, así como también pretendemos una autonomía absoluta en los asuntos que están dentro de nuestra jurisdicción inmediata, como las normas litúrgicas y los métodos de administración de la Comunión y Sacramentos. El Estado no tiene derecho a interferir, por ningún motivo, en la soberanía de la Iglesia.
La colaboración de la Autoridad Eclesiástica, que nunca fue negada, no puede implicar, por parte de la Autoridad Civil, formas de prohibición o limitación del culto público o el ministerio sacerdotal. Los derechos de Dios y de los fieles son la ley suprema de la Iglesia, que la Iglesia no tiene la intención, ni puede derogar. Pedimos que se eliminen las limitaciones en la celebración pública de los servicios religiosos.

Invitamos a las personas de buena voluntad a no eludir su deber de cooperar por el bien común, cada uno de acuerdo con su propio estado y posibilidades y en un espíritu de caridad fraterna. Tal cooperación, deseada por la Iglesia, no puede, sin embargo, prescindir del respeto a la ley natural, ni a la garantía de las libertades de los individuos. Los deberes civiles, a los que están obligados los ciudadanos, implican el reconocimiento por parte del Estado de sus derechos.

Todos estamos llamados a una evaluación, consistente con la enseñanza del Evangelio, de los hechos presentes. Esto implica una elección de campo: ya sea con Cristo o contra Cristo. No nos dejemos intimidar ni asustar por quienes nos hacen creer que somos una minoría: el Bien está mucho más extendido y es más poderoso de lo que el mundo quiere que creamos. Estamos luchando contra un enemigo invisible, que separa a los ciudadanos unos de otros, los hijos de los padres, los nietos de los abuelos, los fieles de sus pastores, los estudiantes de los maestros, los clientes de los vendedores. No permitamos que, bajo el pretexto de un virus, se borren siglos de civilización cristiana, inculcando una odiosa tiranía tecnológica en la que las personas sin nombre y sin rostro pueden decidir el destino del mundo, confinándonos a una realidad virtual. Si este es el plan al que deben inclinarse los poderosos de la tierra, sepan que Jesucristo, Rey y Señor de la Historia, ha prometido que “las puertas del Abismo no pueden hacer nada” (Mt 16:18).

Encomendamos a los Gobernadores y a los que gobiernan el destino de las Naciones al Dios Todopoderoso, para iluminarlos y guiarlos en estos momentos de gran crisis. Recuerden que, al igual que a nosotros, los Pastores, que el Señor juzgará por el rebaño que nos ha confiado, también juzgará a los gobernadores por las personas que tienen el deber de defender y gobernar. Pidamos al Señor con fe que proteja a la Iglesia y al mundo. Que la Santísima Virgen –ayuda de los cristianos– pueda aplastar la cabeza de la antigua serpiente y derrotar los planes de los hijos de la oscuridad.

Por: Veritas liberabit vos.Firman 155 representantes