Las cosas que se mueven detrás de los mega proyectos en Medellín son inimaginables y el dolor humano que se esconde en ellos es también para poner el grito en el cielo por las injusticias que se cometen, al amparo de una llamada “Política Pública de Protección a Moradores”, elaborada por la Universidad Nacional a un costo alto, bajo la cual, la Empresa de Desarrollo Urbano EDU pretende adquirir los terrenos en los cuales se construirá la obra “Metro de la 80”, con la cual Medellín sueña, pero desvela a miles de habitantes dueños de los predios a enajenar.
San Germán no es un barrio de casas viejas porque sus moradores no quieran remodelar sino porque la política urbana para el sector, en los últimos años, no ha permitido la expedición de licencias de construcción, con el propósito de mantener un bajo costo a sus predios y facilitar la tarea de adquisición de los mismos a la hora de iniciar las obras. En la Curaduría N.º 2 devolvían a los vecinos de la zona que pedían licencia de construcción para remodelar sus casas y la razón que daban es que había un plan parcial en proceso.
A las gentes las ilusionaron con la expedición de dicha Política de Protección, pero cuando vieron las primeras solicitudes de compra a precios irrisorios, según los avalúos realizados, elevaron sus protestas pues tales valores no alcanzan para pagar una solución de vivienda digna y tendrían que resignarse a financiar durante años los saldos restantes.
Para acabar de ajustar, al avalúo de los predios se le descuenta la llamada plusvalía, que dizque se genera con el solo anuncio de la ejecución del proyecto, de manera que el propietario sale perdiendo por punta y punta pues debe vender sí o sí su casa o su predio y al avalúo “comercial” ordenado por la EDU, le restan dicho concepto, que no lo beneficia, pues debe desalojar su predio. Es como decretar la contribución de valorización por la construcción del Metro, pero cobrarla solamente a quienes deben vender su tierra y salir de la zona, es decir son víctimas de la obra. Lo más grave es que dicha plusvalía vale más de 50 millones por predio de 100 metros cuadrados, en una aplicación anti técnica del Decreto 1189/2016, que además, no determina que la plusvalía equivalga a un cobro y que la misma según la ley, debe ser regulada por el Concejo para cobrar hasta el 50% de su valor. No son beneficiarios, son víctimas de esa tal política de protección.
El avalúo que se debe realizar, según esa norma protectora, debe realizarse con el método más favorable a los moradores, pero los abogados y avaluadores aseguran que esta normativa no se está siguiendo y en consecuencia se des legitima la norma aludida.
¿La EDU estará cuantificando el detrimento patrimonial que asumirá un vecino que debe entregar su casa, cualquiera sea su estado material, ubicada en la hermosa avenida 80 de Medellín para tener que irse a comprar o medio comprar una solución de vivienda o su negocio en una zona diferente en cuanto a ubicación, calidades del entorno e importancia económica a la que tenía?
¿Salir de la calle 65 o la carrera 80 y tenerse que ir a trabajar o a vivir en un barrio en las partes altas de Robledo, significa mejorar o vivir mejor?
La EDU cree ingenuos o bobos a los moradores, y por ello, los ciudadanos resolvieron oponerse a las propuestas de compra que comenzaron a llegarles y que los condenan a vivir lejos, en peores condiciones, pagando cuotas en sus nuevas viviendas y sin entender cuál fue el beneficio recibido.
Los habitantes de la Avenida 80 y calle 65 viven cerca a los mejores hospitales, los almacenes de grandes superficies, las rutas de los buses normales y eléctricos, las mejores universidades, cerca al centro de la ciudad y con las vías de acceso o de salida hacia los 4 puntos cardinales de la ciudad.
¿En qué otra parte de la ciudad van a encontrar zonas comerciales o de vivienda de igual condición?
Los vecinos piden que las autoridades reconozcan el daño que se les causará con la ejecución de la mega obra y que no los engañen más. Respaldan la obra y el progreso de la ciudad y aceptan que deben abandonar sus predios, pero no al costo de que ello signifique su ruina moral y material.
La advertencia de la expropiación, que asoma en los labios de algún funcionario, cuando ven la reticencia de los moradores ante las ofertas humillantes de compra de sus predios, es un arma de doble filo pues los ciudadanos reaccionan contra el abuso de autoridad y ello podría constituir un
polvorín que nadie debiera encender. Eso explica la actitud de la Asamblea en la Biblioteca de San Germán la pasada semana.
Los residentes que vendan en estas condiciones no recibirán ni para poder adquirir un apartamento en las lomas de Robledo, San Antonio de Prado, Calasanz, Estadio, Los Colores, Robledo, o en Bello, pues según un catálogo de vivienda entregado en la Feria Inmobiliaria, con áreas promedio de 50 a 60 m², los precios en millones, son del orden de 200, 250, 220, 250, 200 y 170 , por apartamentos modestos, inalcanzables para una gran mayoría de vivientes de la carrera 80, advirtiendo que muchas de esas soluciones no son de entrega inmediata y los moradores desalojados deberán pagar arriendos a la espera de su entrega.
En conclusión, los valores ofrecidos no satisfacen las expectativas de los propietarios. Si la Política de Protección a Moradores los deja en circunstancias económicas desfavorables, no tiene fundamento político, técnico y mucho menos social su expedición.
Tierra no se consigue en Medellín, sobre una vía de igual importancia económica y social, llamadas Zonas Geo económicas Homogéneas ZGH, en un radio de 100 metros a lado y lado de dicha vía, a menos de cuatro millones de pesos, mientras que las ofertas de compra van en aproximadamente tres millones de pesos por metro cuadrado, de lo cual sale el drama y la conclusión de los moradores: “Sin precio justo, no hay negociación