Colombia viene de tener un comportamiento atípico y positivo si se compara con el de América Latina. Mientras que en el 2019 la región creció apenas un 0.1%, nosotros crecimos un 3.3%, fundamentados en el impulso de la demanda interna y, en especial, el dinamismo del consumo de los hogares. La inversión extranjera directa tuvo un buen comportamiento, creció 26,3% y representó la principal fuente de financiamiento. Se preveía que este 2020 sería incluso un tanto mejor: creceríamos entre un 3.4% y 3.6%.

Pero se atravesaron el Covid19 y los confinamientos y la economía se desbarrancó. El Gobierno asume que la economía caerá un 5.5%, en la línea intermedia de las proyecciones de Fedesarrollo y más optimista que el FMI, que pronostica una caída aún más brutal del 7.8%. En cualquiera de los dos escenarios, será el peor año desde que tengamos datos ciertos. Los sectores más golpeados serán, como era previsible, arte, entretenimiento y recreación (-28,2%), construcción (-16,1%) y comercio (-11,2%), siendo especialmente severo en el sub sector de alojamientos y servicios de comida, agrego yo, con una contracción que irá entre el 21 y el 40%. Por otro lado, el consumo de los hogares y la inversión caerían 5,7% y 17,7%, respectivamente.

Como resultado, se disparará el desempleo. El 2019 terminó con 10.5% y para mayo la tasa de desempleo había llegado al 21.4%, es decir, tenemos al menos 2.616.000 más desempleados que a fines del año pasado. Hay que advertir que el desempleo real puede ser mayor, si se considera que la tasa de participación laboral es de solo 55.2%. Más desempleo y más pobreza: crecerá en 15% este año, 7.3 millones de pobres más.

El Gobierno supone también que el déficit fiscal estará en el orden del 8.2%, como resultado de un aumento del gasto público, en torno al 4.1%, para atender las demandas de la pandemia, y la disminución del recaudo tributario en cerca de 24 billones de pesos. Como consecuencia del choque macroeconómico y urgido de flexibilidad en el gasto, el Gobierno consiguió la suspensión para este año y el siguiente de la Regla Fiscal, que obligaba a mantener disciplina financiera.

A todo ello hay que sumar que la deuda bruta como porcentaje del PIB pasará del 50.6%, sin contar pasivos reconocidos, al 65.6%, 15 puntos más, resultado de los créditos que ha asumido el Gobierno para atender la crisis. A diferencia de Perú o Chile, la crisis nos cogió con un altísimo endeudamiento, producto de la irresponsabilidad fiscal y burocrática de Santos que llevó la deuda del 38.8% y cayendo, en que la dejó Uribe, al 50% en el 2018.

Aunque el panorama es sumamente complicado, el Gobierno es más optimista. Lo cito textualmente: “[S]e espera que en 2021 el grueso de la economía retome sus actividades, una vez se disipe el choque asociado al COVID-19, permitiendo un rebote de la actividad productiva hasta alcanzar niveles del PIB similares a los de 2019. Lo anterior implicaría un crecimiento económico de 6,6%”.

Así las cosas, la recuperación de la economía tiene que ser el eje de todo el esfuerzo estatal. No debe haber otra prioridad. Hay que recuperar la senda del crecimiento y de la generación de empleo y hay que hacerlo en circunstancias sumamente complejas. Por un lado, debe hacerse desde el reconocimiento de que el tejido empresarial ha quedado seriamente afectado por la cuarentena. Miles y miles de micro, pequeñas y medianas empresas, que constituían el 96% de las empresas del país, quebraron o quedaron maltrechas. Hay que concentrarse en ofrecer condiciones que faciliten nuevos emprendimientos, y que permitan financiar las que sobrevivieron a muy bajas tasas de interés, reducir los costos de generación de empleo sin afectar el salario de los trabajadores, y disminuir la tasa de tributación efectiva, una de las más altas del mundo. Nada hay más eficaz para generar trabajo que fortalecer el emprendimiento y las mypimes que, hasta la crisis, generaban el 80% del empleo.

Por el otro, habría que poner en marcha una política de austeridad estatal, recortar los compromisos presupuestales del pacto de Santos con las Farc, y concentrar el gasto público en proyectos que sean productivos y permitan crecimiento sostenido a mediano y largo plazo, en especial después del fuerte incremento de las erogaciones de supervivencia relacionadas con la atención de la pandemia, indispensables pero insostenibles. El desarrollo de nuevos proyectos de infraestructura y de impulso estructural a la agricultura, la ganadería y la silvicultura, por ejemplo, tendrían la triple condición de incentivar crecimiento sustentable, generar empleo y disminuir la pobreza de las poblaciones más vulnerables.

Y hay que evitar las tentaciones de aumentar la carga a quienes ya pagan impuestos. Sería el puntillazo mortal para la clase media y el sector privado.

Por Rafael Nieto Loaiza