¡Ridículo! Es la palabra en la que pienso después de las declaraciones esta semana de la ministra del interior en un debate de control político en la comisión séptima del senado sobre el COVID-19. Es inaudito que, en plena discusión, esta alta funcionaria del Estado rompa en llanto y diga que tiene el corazón roto, que se siente huérfana y que además mencione: “me duele la situación del presidente Uribe, lo extraño. Soy ministra, pero también soy persona” refiriéndose a la renuncia de un senador involucrado en un grave proceso judicial.

Es increíble que un servidor público del más alto rango, muestre una parcialidad hacia un proceso judicial y que, además, sea la misma persona que el pasado mes de marzo, en forma frívola y sin ninguna empatía, afirme que mueren más personas en Colombia por robo de celulares que por ser defensores de derechos humanos. Sí, esto lo dijo quien dirige el ministerio que tiene a su cargo formular toda la política pública de derechos humanos, la protección de los líderes sociales y garantizar los derechos constitucionales de las minorías.

Sin embargo, llama la atención que no sólo ella ha hecho declaraciones en favor del senador Uribe, también lo hicieron el ministro de hacienda e incluso el propio presidente de la república. Es por esto que el procurador general hizo un pronunciamiento urgente para que los servidores públicos acaten y no ataquen a la justicia, respeten el Estado social de derecho y las instituciones.

Todo lo anterior indica que han perdido el pudor y el respeto hacia la justicia en cabeza de su máximo tribunal que, aunque imperfecto, falla en derecho, es garantista y soberano en nuestro país. Buscan que el señor senador se convierta en una especie de mártir para convocar una constituyente a la medida del estado de opinión que pretenden imponer atropellando la democracia.

Además, esto lo hacen en medio de la grave crisis económica que vivimos por el COVID-19 y las recientes masacres de jóvenes inocentes en los departamentos de Cauca, Valle del Cauca y Nariño a manos de bandas criminales y paramilitares. Lo anterior desató nuevas tensiones sociales que han dado lugar a que los colombianos, prisioneros en nuestras casas, sintamos una desesperanza acrecentada por un nuevo ciclo de barbarie.

Los funcionarios públicos del Estado tienen la obligación de desempeñar con dignidad su cargo y no pueden interferir o ejercer presión, con declaraciones altisonantes, sobre procesos judiciales. Ustedes por la calidad del cargo que ostentan deben guardar compostura y saber que cada pronunciamiento no lo hacen como individuos sino como servidores públicos de todos los colombianos y del Estado social de derecho.