* Redoblar inteligencia para desarticular sus redes

Una parte sustancial de los graves desórdenes que se presentaron la semana pasada en Bogotá así como en varias ciudades y municipios, en medio de las protestas por un caso de abuso policial que le costó la vida a un ciudadano en la Capital del país, tuvo móviles criminales detrás. Así ya lo han establecido las investigaciones de las autoridades respecto a lo que desde un comienzo se evidenció como una acción “sistemática y coordinada” de grupos de personas que se infiltraron en las marchas y protestas para perpetrar actos que superan claramente la esfera -ya de por sí grave- del vandalismo y se confirman, en realidad, como acciones de terrorismo. Y es que no se puede catalogar de otra manera que en menos de tres días más de 75 Comandos de Atención Inmediata (CAI) hayan sido destruidos, al tiempo que varias estaciones policiales fueron fuertemente afectadas, en tanto que 11 civiles resultaron muertos y decenas de uniformados heridos.

Como lo dijimos en estas páginas la semana pasada, fue claro que el ataque a la Fuerza Pública no respondió al desborde de la indignación popular por un vergonzante caso de abuso policial en el barrio Villa Luz, en torno del cual ya avanzan las investigaciones con destino a aplicar el máximo peso de la ley contra quienes, de forma individual y contraria a todos los protocolos operacionales y de respeto a los Derechos Humanos, incurrieron en actuaciones ilegales por las cuales, incluso, ya el Ministerio de Defensa y la cúpula policial pidieron el respectivo perdón. Lo cierto es que existe suficiente evidencia testimonial y fílmica para comprobar que hubo grupúsculos radicales que no solo incentivaron el vandalismo sino que atacaron con piedras, armas contundentes, disparos y bombas incendiarias los CAI y las sedes policiales. No se buscaba aquí expresar un sentimiento de protesta, sino que eran actos claramente de terrorismo, destrucción de sedes de la Fuerza Pública y, lo que es más grave, intento de homicidio contra decenas de uniformados que estuvieron a punto de ser incinerados o muertos a golpes por las turbas.

Esta es una realidad que no se puede desconocer en modo alguno, so pena de subdimensionar la peligrosidad de una estrategia de desestabilización que, según lo reiteró ayer el Alto Comisionado de Paz, pero que ya lo habían advertido desde el jueves pasado tanto el Ministerio de Defensa como la Policía, tiene claramente detrás a células de las milicias urbanas de la guerrilla del Eln como de las llamadas “disidencias de las Farc”. Como lo advertimos en el editorial pasado, se trata de grupúsculos radicales que tienen una especie de ‘manual de acción’ que activan tan pronto como se enteran de alguna marcha o protesta popular. En cuestión de horas, utilizando las redes sociales, correos electrónicos, teléfonos celulares y otros medios de comunicación, se coordinan y distribuyen en los distintos puntos de las manifestaciones, con la misión inicial de incentivar el vandalismo y los enfrentamientos con la Fuerza Pública, para después protagonizar asonadas y todo tipo de actos violentos que pongan en duda la capacidad de las autoridades para preservar la seguridad y la convivencia ciudadanas. No hay que equivocarse: el objetivo de estas células terroristas no es solo generar el caos, sino atacar a los uniformados, afectar su capacidad operacional y debilitar su lazo comunicante con las comunidades.

El propio Alto Comisionado precisó ayer, en un acto de reconciliación en la Capital del país, que el Eln decidió desde 2015 desarrollar una “guerra regional por centralidad urbana para desestabilizar las alcaldías locales”. Incluso, señaló directamente al cabecilla alias ‘Ariel’, del ‘Comando Central’ de esa guerrilla, de manejar un “frente urbano” en Bogotá. También denunció que los jefes de disidencias de las Farc, alias ‘Gentil Duarte’ e ‘Iván Márquez’, “están tratando de desestabilizar las ciudades atacando a los CAI”. Incluso afirmó que estas últimas estarían reclutando migrantes venezolanos para participar de acciones que lleven a la anarquía y el desorden…

En vista de todo lo anterior, resulta urgente que las autoridades militares y policiales aumenten de forma sustancial las operaciones de inteligencia. Las alertas frente a este modus operandi de las milicias del Eln y las disidencias de las Farc no son nuevas. Ya se habían dado, incluso, en la ola de paros y desórdenes de noviembre y diciembre pasados, que ahora se vuelven a poner sobre la mesa ¿Qué se ha avanzado en este frente de investigaciones? ¿Se ha descubierto ya alguna de las redes y capturado a sus integrantes y cabecillas? ¿Cómo se reforzará esta prioridad hacia el inmediato futuro? Esas son preguntas que requieren una urgente respuesta al ser obvio que el terrorismo vuelve a ser una amenaza de primer nivel para Bogotá, sus habitantes y la institucionalidad.   Por: El Nuevo Siglo