El pasado viernes, se dio a conocer que el Gobierno declaró oficialmente el reconocimiento político del Ejército de Liberación Nacional (ELN), una de las condiciones impuestas para el cese al fuego bilateral. Luego de que la guerrilla desautorizara abiertamente al Gobierno de tomar la decisión en enero, este reconocimiento podría ser la base para el desarrollo fluido de las mesas de negociación. La noticia pareciera un oasis en el desierto de la Paz Total, gravemente afectada por las conductas probablemente delictivas de Gustavo, Nicolás y Juan Fernando Petro, pero en realidad es un espejismo.

El tránsito de la teoría a la práctica, el espacio entre las buenas intenciones y los efectos de las decisiones suele ser lo que define el éxito de una política de Estado. Como asunto abstracto, la opinión pública mayoritariamente apoyará esta intención —loable por definición—, sin embargo, el Gobierno debe planear con cuidado la forma en la que resolverá los problemas mundanos que conllevan a la materialización de la idea de la paz. En las conversaciones con el ELN surgirán más obstáculos, pues terminar los conflictos internos colombianos no es una labor sencilla, ni que finalice con la firma de un acuerdo de paz. En el contexto actual, su implementación sería imposible; ni el más prestigioso constitucionalista se animará a defenderla, incluso animándose a leer las bondades del texto final.

La imprudencia política es una falta que se paga con la tasa más alta de interés, no solamente en sentido figurado. El desgaste que ha sufrido la imagen de Petro en los últimos meses se debe a que la economía se está frenando, mientras que las cabezas de algunos sectores administrativos actúan erráticamente. Irene Vélez y Carolina Corcho han contribuido a empeorar los males que inestabilizan los mercados y desincentivan la inversión privada. El Gobierno se ha encargado de poner a todos en contra suyo, desatendiendo groseramente las peticiones de las fuerzas políticas que llevaron al Pacto Histórico a la presidencia, y censurando las voces críticas que no se cansan de denunciar la improvisación y la obstinación de algunos funcionarios. El New Deal estadounidense solo se logró por el consenso y el amplio apoyo de los electores; en 1932, Roosevelt ganó con casi el sesenta por ciento de la votación, perdiendo únicamente en seis de los cuarenta y ocho estados.

Para salir de la borrasca, deben fijarse (o replantearse) las prioridades del corto cuatrienio. ¿Se quiere ser el Gobierno de la reforma a la salud y las pensiones, el de la sostenibilidad ambiental o el de la paz? La escasez de recursos es una limitante terrenal a la que está sometida la viabilidad de cualquier proyecto, público o privado, por lo que atacar por todos los flancos no es una estrategia por la que pueda optarse en este momento. Descártenla de tajo.

En caso de priorizar la Paz Total, el Gobierno debe preocuparse por fortalecer la economía, condición sine qua non de la ejecución de los acuerdos que se lograren, pero también tendrá que comprender quiénes son las contrapartes de la negociación. El ELN es una guerrilla violenta y cínica capaz de lograr el cierre del segundo ciclo de conversaciones —y fijar los pretenciosos puntos de discusión— la misma semana que atenta contra el oleoducto de Ecopetrol en Barrancabermeja, causando graves daños ambientales y el terror de las comunidades aledañas. Recuérdese el atentado a la Escuela de Cadetes de Policía General Santander. Si no se prevén mecanismos para evitar el abuso y el engaño en la mesa de negociación, la sociedad colombiana —cansada de la impunidad— desaprobará la idea de negociar con la guerrilla y, de esta forma, la reconciliación seguirá siendo el virtuoso sueño de una Colombia dividida.