El reporte publicado en El Tiempo sobre las intervenciones ante la Corte Constitucional de Dejusticia, las universidades Externado y de los Andes y el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo relacionadas con el decreto de emergencia del covid-19 es corto pero sustancioso.

En resumidas cuentas, según la nota, Dejusticia pide que se exhorte al Congreso a sesionar de forma virtual para que se le pueda “hacer el control político [a los] decretos de Duque”; el Externado acepta la declaratoria de la emergencia pero considera que la caída en los precios del petróleo y el aumento de la tasa de cambio no son hechos sobrevinientes; los Andes -mi alma mater- se preocupa por la suerte, en medio de esta pandemia, de los trabajadores sexuales, “las personas en condición de calle”, los migrantes venezolanos y los discapacitados y el Colectivo sostiene que la gestión del Gobierno es “totalmente negativa, no llega a los sectores más empobrecidos, es ineficiente y estimula la corrupción” y se debería exhortar al Presidente y al Congreso para que legislen a favor de un ingreso mínimo vital por cinco meses para personas en condición de pobreza y desempleados.

OK. Empecemos por el principio. El control constitucional automático de los decretos de emergencia es una herramienta necesaria, los gobiernos -todos- tienen la tentación de aprovechar determinas coyunturas para legislar con el bolígrafo y le corresponde a la Corte quitarle las ganas a punta de inexequibilidades, sobre todo cuando existe en el horizonte la posibilidad de que algún “petit Hugo” llegue al poder.

La pandemia del covid es una justificación de libro de texto para declarar una emergencia y la misma constitución conmina al Congreso para que realice el control político, lo cual deberá hacer por vía virtual si fuere necesario: el debate bizantino sobre la inconveniencia de la virtualidad de las sesiones promovido por algunos sectores de izquierda es ridículo, por decir lo menos.

Interesante, sin embargo, que algunos de los interviniente

Por: Luis Guillermo Vélez Cabrera – La República