Está que arde en la Asamblea el debate para transformar a la FLA. Diputados expresan dudas y alegan poco tiempo para estudiar la propuesta
El proyecto de transformación de la Fábrica de Licores, en Empresa Industrial y Comercial del Estado, tiene, literalmente, corriendo a los diputados quienes, en un tiempo récord, están buscando aclarar dudas fundamentales sobre las implicaciones que traerá para la licorera paisa ese cambio en su estructura.
El diputado del Centro Democrático, Andrés Guerra ha sido uno de los primeros en plantear que solo 15 días para estudiar el proyecto presentado por la Gobernación es muy poco tiempo para poder comprender los alcances que implicar transformar hoy la FLA, que opera como una dependencia de la Secretaría de Hacienda a una empresa con autonomía financiera y administrativa.
Una de las grandes dudas que aún está por resolverse tiene que ver con la parte impositiva. La transformación en Industrial y Comercial de Estado implicaría que la FLA tenga que trasladarle a la DIAN cerca del 9% de sus ingresos. Sin embargo, la Gobernación le ha propuesto a la Asamblea una figura denominada “contrato de cuentas en participación”, que tendría como socios a la FLA a y la propia administración departamental. Esa figura permitiría, que la licorera traslade antes de impuestos el 98% de sus ingresos a la Gobernación a donde entrarían como “ingresos de corrientes de libre destinación”, y el resto queden en las arcas de la Fábrica, lo que ayudaría a disminuir la carga en impositiva que tendría que tributar la nueva empresa ahora Industrial y Comercial del Estado.
Ese punto es clave, pues tributar el 9% en impuestos implicaría una disminución sensible para los ingresos de la Gobernación lo que la dejaría en dificultades financieras, e incluso para entidades como la Contraloría Departamental, cuyo presupuesto depende directamente de los recursos que le traslada la Fábrica de Licores.
La propuesta del “Contrato de cuentas en participación”, genera algunas dudas entre los diputados. Juan Esteban Villegas por ejemplo, elevó una consulta a la DIAN para saber exactamente si la figura propuesta por la Gobernación para transformar la FLA en Industrial y Comercial del Estado, efectivamente permite lograr que el 9% de los ingresos de la licorera no se vayan para la Dirección de Impuestos Nacionales.
Sobre el tapete, diputados del Centro Democrático, como Verónica Arango, han propuesto que se analice la posibilidad de que la FLA se quede como hoy está, amparándose en el artículo 144 de la ley 2010. De acuerdo con la diputada, no hay estudios técnicos que demuestren las ventajas de transformar a la licorera en Industrial y Comercial del Estado.
Esa visión es compartida por su colega de bancada, Andrés Guerra, quien ha explicado que no hay una matriz de riesgos que permita determinar el éxito de la empresa bajo la nueva figura, que incluso garantice que se van a seguir vendiendo las mismas botellas que la FLA ha venido comercializando durante los últimos años. De acuerdo, con el diputado, las metas de ventas sobre el nuevo modelo son muy optimistas y hoy hay otros riesgos que hay que ser evaluados como el gran crecimiento que están teniendo productos como el ron de la licorera de Caldas.
Guerra Hoyos, explica que es posible que, con la empresa como Industrial y Comercial del Estado, haya cambios en el actual esquema de comercialización, que está en manos de tres empresas en Antioquia y 31 comercializadores en el resto del país.
Una de los puntos que también hoy preocupa a los diputados es la conformación de la Junta Directiva que tendría la nueva empresa, bajo el nuevo modelo. No les gusta la propuesta que hizo la Gobernación de tener una junta integrada por 4 privados y tres públicos y le han solicitado a la administración departamental, que la cifra sea al contrario, es decir, tres privados y cuatro personas del sector público.
Este 16 de septiembre se terminan las sesiones extras para analizar el proyecto, trascendental, para definir el futuro de otra de las “joyas” de la corona de Antioquia, que hoy algunos diputados se preguntan, no fue llevado a sesiones ordinarias, para contar con más espacio para poder estudiar una transformación que podría tener consecuencias sobre los ingresos que hoy recibe la Gobernación para temas claves como infraestructura, educación y salud.