El hecho se presentó en medio de una alteración del orden público, alertado por la comunidad.
Los uniformados de la Cuarta División del Ejército Nacional fueron víctimas de una asonada mientras realizaban un operativo en las calles de Medellín. Si bien no hubo personas lesionadas, los delincuentes le prendieron fuego a una de las motocicletas de la institución. Las autoridades trabajan en la identificación de los implicados.
El hecho se registró en la tarde de este once de agosto en las inmediaciones del puente de la cuatro sur cuando las unidades llegaron a atender una denuncia ciudadana. A través de una llamada telefónica, un ciudadano dio a conocer que un sujeto que estaría comercializando estupefacientes en esa zona. Los militares atendieron la alerta.
Dos equipos motorizados se desplazaron al sitio y, efectivamente, encontraron a la persona que fue referenciada por la ciudadanía con una caja que contenía diferentes clases de alucinógenos, por lo cual los uniformados iniciaron el proceso de detención y ese procedimiento no fue bien recibido por los jóvenes que estaban en el sitio.
Según el relato que entregaron las víctimas a sus comandantes, de manera inesperada, un grupo de personas que observaron el operativo emprendieron una asonada en contra de los solados, atacándolos con palos, patinetas y botellas. “Con el propósito de detener los ataques, los uniformados se retiraron del lugar”, se lee en el reporte del Ejército.
En ese momento, los victimarios aprovecharon la ausencia de las autoridades y le prendieron fuego a una de las motocicletas de la unidad. Esa escena quedó registrada un video donde se observa la afectación mientras que una de las personas señala a un sujeto que habría iniciado la alteración de orden público.
A través de un comunicado, la Séptima División del Ejército ―donde está adscrita la Cuarta Brigada― rechazó el comportamiento de los ciudadanos que les atan las manos para cumplir su labor: garantizar la seguridad y tranquilidad en las calles. En el mismo texto aclaró que ya inició un proceso de investigación.
“En coordinación con la Policía Nacional y la Fiscalía General de Nación, se adelantarán las verificaciones pertinentes para identificar y tomar las acciones legales contra los autores materiales de este repudiable hecho”, advirtió este brazo del Ejército que, recientemente, ha padecido violentamente los coletazos del plan pistola de las AGC.
Sin embargo, la cifra se dobla frente a las estadísticas criminales del primer semestre de 2022. En ese período, de acuerdo con las estadísticas de la Secretaría de Seguridad de Antioquia, perdieron la vida 26 uniformados.
Los fallecimientos se dieron en combates, hostigamientos y minas antipersona en varias subregiones del departamento. Pero las más afectadas fueron las poblaciones de las subregiones del Urabá, norte, nordeste y Bajo Cauca antioqueño, donde delinquen diferentes grupos armados: Autodefensas Gaitanistas de Colombia, ELN y las disidencias.
Desde hace dos semanas no han ocurrido nuevos ataques, dado que los ilegales del Clan del Golfo decidieron levantar la arremetida contra los miembros del Estado, activada por alias Chiquito Malo, para hacerle contrapeso a las autoridades por los diferentes golpes que le propinaron a sus filas: extradiciones, capturas e incautaciones de estupefacientes.
Al parecer, el cese de violencia sería una muestra de la intención que tienen de iniciar un tránsito de la ilegalidad hasta la legalidad, en el marco de la política de acogimiento que adelanta el Gobierno nacional con las organizaciones delincuenciales. A través de un comunicado dieron a entender que están dispuestos a sentarse en una mesa de paz.
Ese mensaje fue acogido por Gustavo Petro y varios mandatarios locales de Antioquia que, incluso, propusieron su nombre para arrancar el proceso desde las regiones que han sido víctimas. Es el caso del mandatario local de Caucasia, que le pidió permiso a la Casa de Nariño para tramitar las diferencias con los ilegales que delinquen en su pueblo.
Por: Semana