Impulsar el Acuerdo de Paz puede ser una oportunidad para recuperar la economía después de la pandemia*.
La paz y la crisis
Es probable que el reto más grande de 2021 sea superar la crisis sanitaria y reactivar la economía.
Sin embargo, la recuperación económica y social no llegará a todo el país y no será sostenible si no se da un nuevo impulso al proceso de paz. El desarrollo rural, la seguridad y la sustitución de cultivos ilícitos deben ser temas prioritarios para reconstruir el país después de la pandemia.
En el Acuerdo de Paz está la semilla de una verdadera transformación económica y social.
Seguridad en la Colombia rural
Si la seguridad se sigue deteriorando como ha ocurrido en los últimos dos años, es probable que muchas regiones del país sigan atrapadas en un círculo de atraso y pobreza.
En 2020, la ONU documentó 255 asesinatos —73 a excombatientes de las FARC— y más de 21 mil personas desplazadas. Pero esta ya no es una guerra contra las FARC, sino contra múltiples grupos armados que actúan de maneras distintas en varias regiones del país.
Esto exige entender el funcionamiento y la forma de actuar de cada grupo; los nexos que tienen con las economías ilegales y sus aspiraciones a ejercer el control territorial. Para enfrentar este problema y proteger a la población civil, es necesario que antes se identifique a quién se está combatiendo.
En este panorama, es urgente recuperar la legitimidad y transparencia de las fuerzas armadas, cuyo mandato constitucional es proteger a la ciudadanía. La confianza de las comunidades en el ejército o la policía es un aspecto esencial de una política de seguridad eficaz.
Por eso, en 2021 debería adoptarse una estrategia de seguridad rural integral, diferenciada por regiones. Esta estrategia ha de orientarse a garantizar el derecho a la vida, especialmente la de los líderes sociales y los excombatientes.
Para adoptar esta estrategia ya existen algunas bases: en el segundo punto del Acuerdo de Paz se creó el Sistema Integral de Seguridad para el Ejercicio de la Política, que incluyó medidas de prevención y protección de carácter territorial. Además, la Unidad Policial para la Edificación de la Paz (UNIPEP) ya estaba haciendo esfuerzos en ese mismo sentido que hay que retomar.
Construir una estrategia así permitirá mostrar que la seguridad rural es un tema importante, y que el gobierno lo está atendiendo. Además, es necesario alentar a los excombatientes que pueden sentirse solos, vulnerables y tentados u obligados a unirse a grupos criminales.
Los cultivos ilícitos, más allá de la aspersión
El cultivo de hoja de coca y el narcotráfico son otro obstáculo para la paz en Colombia. Con 154,000 hectáreas cultivadas y una producción de 1.137 toneladas, este cultivo reúne varios de los problemas más graves en materia de seguridad:
- la escasa presencia estatal,
- la pobreza rural,
- la expansión de la frontera agraria; y
- la autoridad local de los grupos armados.
Sin embargo, es común que al hablar de cultivos ilícitos y narcotráfico el gobierno nacional se distraiga en otros temas, que no se dirigen a solucionar los verdaderos problemas en esta materia.
Hay por lo menos cuatro aproximaciones equivocadas que han adoptado los últimos gobiernos:
- La primera es entender la aspersión del glifosato como una varita mágica, cuando ya se conocen sus efectos nocivos y los propios asesores del presidente Biden reconocen su falta de eficacia. Usar esta herramienta sin una estrategia integral puede ser contraproducente.
- La segunda es pretender encasillar los hechos de violencia en el país como consecuencias directas del narcotráfico. Esto desconoce la complejidad del conflicto armado en Colombia, impide el análisis, estigmatiza a los campesinos y, lo más importante, desemboca en soluciones inadecuadas.
- La tercera es pensar que hay una misma solución para todos los territorios, cuando en realidad hay que diseñar políticas diferenciadas para cada región: por ejemplo, la solución no puede ser la misma para el Catatumbo, Tumaco o el Bajo Cauca.
- La cuarta es reducir el problema a unas cifras, sin dimensionar el drama humano que hay detrás. Hay escenarios y tiempos para dar cada debate, pero la situación actual en el terreno no da espera.
Las FARC tienen pendiente entregar la información sobre el negocio del narcotráfico, sus rutas y su modus operandi
El gobierno podría aprovechar la llegada del nuevo presidente de Estados Unidos en dos sentidos: para retomar el liderazgo de Colombia en el debate mundial sobre el fracaso de la guerra contra las drogas que comenzó años atrás; y para redefinir la medida de éxito de la política antidrogas, más allá de las cifras de cultivos ilícitos.
Medir el éxito de la política antidrogas únicamente por la cantidad de cultivos que se identifican en el país no muestra el esfuerzo de las autoridades ni las transformaciones de los territorios. Además, lleva a usar mecanismos de corto plazo que agudizan el conflicto y no cambian nada.
Por eso, para dar cuenta de una realidad más compleja y evitar que los grupos criminales se acerquen a ciertas regiones sería preciso pasar de medir hectáreas erradicadas a medir cuántas comunidades rurales alcanzaron medios de vida dignos.
Las FARC tienen pendiente entregar la información sobre el negocio del narcotráfico, sus rutas y su modus operandi. Esa será una muestra de compromiso con la paz, una forma de contribuir a atacar las fuentes de esta economía ilegal y otro paso para mostrar que renunciaron a este negocio.
El desarrollo y la violencia
Durante la pandemia, la Consejería Presidencial para la Estabilización y la Consolidación, liderada por Emilio Archila, siguió con la labor de impulsar los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET).
Para que ese esfuerzo no se pierda, en 2021 tendrán que acelerarse los planes, obras y proyectos que se han creado en el pasado. Además habrían de ejecutarse los 2,1 billones de pesos de las regalías que esta semana quedaron incorporados mediante decreto para financiar los PDET.
En Chocó, por ejemplo, deberán ejecutarse las obras propuestas por las comunidades indígenas del departamento. Un asunto clave para ello es mejorar la calidad de los proyectos valiéndose de herramientas como la consolidación de bancos de proyectos a nivel municipal o los fondos de preinversión que permitan financiar la fase de estudios y diseños.
Nada de esto es posible si los PDET no cuentan con el respaldo de los demás sectores del gobierno. Por ejemplo, para cumplir los compromisos en materia de acceso a tierras y provisión de bienes públicos y apoyos agrícolas a la economía campesina se requiere la actuación coordinada de las entidades relacionadas con el sector agrícola.
En materia de desarrollo rural, será clave seguir avanzando en el catastro multipropósito y en la recuperación de baldíos indebidamente ocupados para alimentar el Fondo de Tierras, que es un elemento esencial para reducir la pobreza rural.
Para concretar la oportunidad de desarrollo que ofrecen los PDET, el gobierno debe reconocer la importancia de la infraestructura social de paz que existe en Colombia y seguir apoyando los espacios participativos en clave de inclusión política y socioeconómica. Estos espacios serán pertinentes para pensar una reactivación económica que se adecúe a las necesidades que identifiquen las mismas comunidades.
Los PDET son a la vez una herramienta de construcción de paz y un mecanismo de reactivación económica de zonas rurales.
Pero esta estrategia solo será efectiva si va acompañada de un mensaje claro de parte del gobierno respecto de su compromiso con la visión transformadora del Acuerdo de Paz .
Una oportunidad
La pandemia ha traído retos y dificultades, pero también oportunidades: una de ellas es el cumplimiento del Acuerdo de Paz. Impulsar este acuerdo permitirá, por un lado, transformar los territorios, promover el desarrollo y prevenir nuevos conflictos; por otro lado, podría dejar sin piso el discurso político de ciertos sectores de las disidencias, que puede tener eco en otros excombatientes.
Si se desaprovecha esta oportunidad, el reciclaje de la violencia de décadas puede acabar por devolvernos a los peores momentos de nuestro conflicto armado.
*Este artículo hace parte de la alianza entre Razón Pública y la Universidad Externado de Colombia. Las opiniones expresadas son responsabilidad del autor. Por: Andrés García Y Martha Maya