“Ni los más llamados a dar ejemplo e imponer correctivos se han salvado en este país de la tentación de caer frente a los apetitosos y lucrativos entramados de corrupción que se forman en ciertos casos, cuando de conseguir poder o dinero fácil e ilegal se trata”.
Autor: Héctor Jaime Guerra León*
Ante las reiteradas salidas en falso que se han dado en Colombia, por los altos tribunales de Administración de Justicia, entre los que se encuentran desde luego asuntos tan delicados y deplorables como el de los tristemente denominados “carteles de la Toga”, en los que han quedado en descubierto nefastos entramados delincuenciales que han contado con la participación de destacados funcionarios judiciales entre los que se han descubierto jueces, magistrados e incluso miembros de la propia Fiscalía General de la Nación, que tampoco han quedado exceptuados de haber sido penetrados por la agobiante corrupción, en este caso la judicial, que ha invadido ya a casi todas las esferas de la sociedad y del Estado Colombianos. Ejemplo claro de este tipo de organizaciones delictuales de carácter judicial, según los mismos medios de comunicación tradicionales y la propia Comisión de la Verdad, que en su Informe Final, concluyó que en el marco del Macro caso de la parapolítica “Los funcionarios involucrados en el Cartel de la Toga desviaban investigaciones y dilataban procesos, conseguían y utilizaban información privilegiada, retardaban los trámites, alteraban evidencias y restaban credibilidad a los testigos a través de medios de comunicación. Todo para favorecer a quienes pagaban por estos «servicios», para obtener decisiones judiciales favorables, que aparentaban ser legales” (…).
Es increíble lo que ha pasado en este país y ni los más llamados a dar ejemplo e imponer correctivos se han salvado de la tentación de caer frente a los apetitosos y lucrativos entramados de corrupción que se forman en ciertos casos, cuando de conseguir poder o dinero fácil e ilegal se trata o de participar en componendas en las que son beneficiados con las nada despreciables gabelas que se reparten cuando incurren en este tipo de malos comportamientos: nepotismo y clientelismos.
Recordemos -por solo citar un ejemplo- la también deplorable e impropia actitud clientelista de la “Puerta Giratoria y los carruseles judiciales” que se han formado y por los cuales “se coló el clientelismo en la Justicia, a medida que antiguos magistrados de la Corte Suprema rotaron hacia el Consejo Superior de la Judicatura, gracias al voto de colegas que ellos mismos habían elegido en la primera. La lógica del “yo te elijo, tú me eliges” es la misma de todas las puertas giratorias: un tiovivo de favores cruzados que captura las instituciones públicas”: (Dejusticia- 18 de agosto de 2014. César Rodríguez Garavito).
Ahora bien, frente a los últimos acontecimientos que se han dado en el país y en los que la Honorable Corte tiene el serio y delicado compromiso (obligación) de brindarle a la institucionalidad Colombiana un Fiscal en propiedad, nada más y nada menos que el máximo regente de la investigación criminal en el país, la Corte que –con ello- podría ayudar a enderezar la difícil crisis que en ese sentido se ha generado en el concierto institucional de la vida social de todo el territorio Nacional y que de cierta manera fue (la Corte) la que ocasionó dichos irregularidades y desafueros, dejándose acomodar – o acomodándole al país- un Fiscal al capricho y a la medida del gobierno de turno. Esta sería la oportunidad para que nuestra Corte hubiera salido de inmediato, con la diligencia, responsabilidad y el decoro que debe caracterizar a este alto tribunal, a corregir dichas irregularidades, eligiendo pronta y oportunamente al titular de esa trascendental institución.
Pero no, la corte en demostración de su “gran omnisciencia y poderío”, ha resuelto hacerse la precisa (unos dicen la de “la vista gorda”), demostrando el más cínico y total desprecio por la necesidad y los clamores ciudadanos e institucionales, para la designación de dicha funcionaria, desconociendo –con ello- claros y concretos mandatos de carácter constitucional y social.
Lo grave de ese asunto es que ante todos estos lamentables episodios, subyace la mirada asombrada y aun esperanzada de amplios sectores sociales y de opinión y, desde luego también, la anuencia e inclusive respaldo de otros sectores, especialmente de oposición gubernamental, en donde han creído equívocamente -por no decir que maliciosamente- que no resolver este problema en la Fiscalía es darle un duro golpe (otros dicen, blando) al gobierno y que todo lo que enrede al gobierno, le hace bien al país, lo que realmente NO ES CIERTO y; por el contrario, lo que se genera es inestabilidad jurídica, perdida de legitimidad institucional, pudiendo aumentar el delito, la impunidad y toda clase de acciones ilegales. Como se dice en el argot popular “en río revuelto, ganancia de pescadores”; pues, “cuando las aguas de un río (país) se revuelven, en las situaciones confusas o cuando se producen cambios o desavenencias, hay quienes sacan beneficio aprovechando tales circunstancias” (extraído del Centro Virtual Cervantes © Instituto Cervantes, 1997-2024).
Con este tipo de enfrentamientos, inconsistencias, irreverencias y desafíos, entre las ramas del poder público, no solo se está generando un ambiente turbio que no conlleva a nada bueno en el país, sino que también se está demostrando su ineficiencia, falta de compromiso real con la sociedad y con el Estado de Derechos, a los cuales se comprometieron servir, con lealtad, competencia y absoluta transparencia al momento de asumir tan serias e importantes funciones
*Abogado. Especialista en Planeación de la Participación Ciudadana y el Desarrollo-Comunitario; en Derecho Constitucional y Normatividad Penal. Magíster en Gobierno.