Se encuentran dos amigas y le dice una a la otra:

—¡Oíste, Graciela, voy a tenerme que someter a una dieta estricta! Mi marido me impresionó.

—¿Y por qué dices eso, Anita?

—Porque dice mi marido que yo tengo treinta kilos de más, con los que él no está legítimamente casado.

La pretensión de la Contraloría General de la República(CGR) de que un grupo de funcionarios y contratistas del Estado le paguen 4,3 billones de pesos se parece a la aspiración de aquel señor que pretendía que cada vez que su esposa aumentara de peso fueran celebrando nupcias. Que tal si, por el contrario, se fueran divorciando cada vez que uno de los dos rebajara de peso.

El COLOMBIANO, en su editorial del 8 de septiembre, “Jugando con fuego”, hace un juicioso análisis de la situación, para concluir que están manoseando una megaobra (Hidroituango), “que abastecerá el 20 % de la energía de todo el país y que cualquier nueva dificultad puede ponerla en riesgo”.

Se me ocurren varios temas para opinar en este asunto, después de leer dos artículos escritos por autoridades en el tema, como son los ingenieros Alberto Piedrahita Muñoz, gestor y promotor del Proyecto Pescadero Ituango, expresidente de la SAI, y miles de títulos más. Y el ingeniero agrónomo, profesor de la Universidad Nacional y ambientalista Gabriel Arrubla, titular de varias secretarías de despacho y diputado de Antioquia.

Para empezar, la CGR debe saber que los dineros de Hidroituango son del departamento de Antioquia y del municipio de Medellín, los mayores accionistas del proyecto. Tanto el departamento de Antioquia como su capital, el municipio de Medellín, y el Grupo de Empresas Públicas están bajo la vigilancia de las contralorías de Antioquia y de Medellín.

“Pollo peletas, en donde no te llaman, no te metas”.

Segundo, entre los funcionarios investigados por la CGR está el doctor Luis Alfredo Ramos Botero, que hace más de cinco años, terminó su período de gobernador de Azntioquia. Después de cinco años, cualquier investigación se da por terminada.

Tercero, si las aseguradoras ya han pagado 350 millones de dólares y hasta ahora han estado pagando sin objetar y aceptando que hubo varios casos fortuitos, como los derrumbes y la acumulación de maderas y basuras por inundaciones en el embalse, ¿estará buscando la CGR un alivio para las aseguradoras?

Cuarto, un gobernador que no intervino en ninguna toma de decisiones en las obras de aceleramiento del contrato, Luis Alfredo Ramos, y que ya había entregado su mandato, ¿por qué incluirlo en la investigación, cuando por la misma causa no se incluyó al entonces alcalde Aníbal Gaviria?

Me quedan varias preguntas, pero como me aconsejaba don Gúmer, voy a dejar “pan, pa’ la leche”.

Ñapa: Le creemos más al presidente Andrés Pastrana Arango que al presidente Ernesto Samper Pizano. Pastrana presentó los casetes de prueba de la narcofinanciación de esa campaña presidencial por parte de los Rodríguez Orejuela. Ni a César Gaviria ni a los mafiosos presidiarios Rodríguez les creemos