Certidumbres e inquietudes
Por: José Gregorio Hernández Galindo
No se olvide que, en una auténtica democracia, la crítica y el disenso -en uso de la libre expresión del pensamiento y opiniones de cada uno, garantizada en Colombia por el artículo 20 de la Constitución- no riñen con el debido respeto, consideración y acatamiento que merecen los actos y decisiones de las ramas y órganos del poder público, incluyendo a los altos tribunales.
Reiteremos, entonces, que la Corte Suprema de Justicia -al igual que todas las máximas corporaciones judiciales y todos los jueces- debe ser siempre respetada por la ciudadanía. Pero, desde luego, está llamada a dar ejemplo en el cumplimiento de las funciones que le han sido encomendadas por la Constitución y la ley, de manera eficaz, prudente y oportuna. Como tuvimos ocasión de manifestarlo en reciente columna, no hemos podido entender su prolongada demora en lo que toca con la elección de fiscal, pese a que la terna correspondiente -compuesta por tres juristas de trayectoria- fue enviada por el presidente de la República con varios meses de antelación, debidamente aceptada y públicamente escuchadas las exposiciones de las candidatas ante la Sala Plena.
Ya terminó su periodo el anterior fiscal, y lo normal sería que, al menos, ya se conociera el nombre de quien haya de sucederlo. La indecisión ha dado lugar, además de una inconveniente interinidad en la dirección del organismo, a protestas, sospechas, especulaciones y críticas de todos los sectores, e inclusive a llamados de organismos internacionales, como si se tratara de una crisis institucional. El proceso de elección, que ha debido corresponder al normal desarrollo de lo previsto en la Carta Política, se ha convertido en una especie de telenovela -además, politizada-, que no le hace bien a nadie: ni a la Fiscalía, ni al reconocido prestigio de la Corte Suprema, ni a la administración de justicia, ni al país.
Además, sin un motivo válido -porque no existe una razón para poner en tela de juicio la idoneidad de ninguna de las abogadas postuladas, ni acerca de sus antecedentes, ni sobre el cumplimiento de los requisitos y calidades exigidos- se ha hecho interminable el proceso. Se ha mediatizado y -contra el respeto que merece la Corte-, el trámite se ha salido del recinto reservado en que se adelantan los debates, para trasladarse -por indebidas filtraciones- a las mesas de trabajo de las cadenas radiales y a las redes sociales, en donde se ha llegado a divulgar por quién vota cada magistrado, pese al carácter supuestamente secreto de las votaciones. Se ha dicho- también con base en filtraciones- que una candidata perdió muchos votos por causa de las opiniones de su esposo en redes sociales.
Desde luego, todo eso ha rebajado considerablemente el nivel de un proceso que ha debido darse exclusivamente en el seno de la corporación electora, no en los medios, ni en las redes, y ha repercutido en contra del prestigio y credibilidad de la Corte Suprema, que ha sufrido un desgaste innecesario.
De suerte que, si de reformas constitucionales se trata, le haría bien a la administración de justicia una enmienda que liberara a los altos tribunales de ese tipo de responsabilidades, para que se dediquen solamente a lo suyo, es decir, a administrar justicia.