“Romper instituciones es fácil. Construirlas es, en cambio, un proceso largo y difícil.”
Los economistas somos buenos hablando entre nosotros. Entramos fácilmente en sintonía, aportamos a conversaciones difíciles, identificamos soluciones y logramos consensos (entre nosotros) en torno a principios básicos para sacar a nuestros países adelante. Pero somos malísimos para comunicarnos más ampliamente con el resto del mundo sobre los temas que nos importan a todos. Cuando los mensajes que queremos mandar son mal comprendidos, o tergiversados, con frecuencia reaccionamos con arrogancia: es culpa de los otros no entendernos.
Lo veo con claridad en mí misma y en mi propio círculo, pero no es un problema exclusivo de esta profesión. Con demasiada frecuencia, somos tribales y malos para tender puentes. La polarización que se vive en Colombia, y en toda la región, tiene en parte origen en esto de ser incapaces de hablar con el que se encuentra en una orilla (que nos parece) distinta.
La preocupación justificada sobre la necesidad de repensar los modelos de desarrollo para enverdecerlos y proteger el planeta y la vida con una transición en la dirección correcta se estrella con unos hábitos de consumo que es difícil transformar de un día para otro. Reestructurar la demanda y la oferta de bienes y servicios requiere tiempo y grandes inversiones. Requiere muchas cabezas pensando juntas y la experticia de quienes conocen a fondo los sectores productivo y minero-energético y sus limitaciones, y las finanzas públicas. Es una tarea multidisciplinaria, imposible de lograr si no nos acercamos en el marco de una conversación más amplia, con humildad y de la mano de los expertos, al diagnóstico de los problemas y al diseño de las soluciones.
Algo similar se aplica a la reflexión sobre cómo contener el alto costo de la energía.
“La polarización que se vive en Colombia, y en toda la región, tiene en parte origen en esto de ser incapaces de hablar con el que se encuentra en una orilla (que nos parece) distinta.“
Requiere una conversación más amplia. Intervenir a la Creg desconoce el principio de independencia del regulador y la complejidad técnica de una regulación de precios que contenga el poder de mercado pero incentive la inversión. También confunde los roles de la regulación y la política social –no sería la primera vez que esto ocurre en Colombia–. Y olvida años de historia en el diseño del marco legal e institucional que le permitió al país avanzar en la cobertura de los servicios públicos domiciliarios –energía, telecomunicaciones, agua potable y saneamiento– en los noventa. La Constitución de 1991 abrió la puerta a la participación del sector privado en la provisión de estos servicios dejándole al Estado la responsabilidad de la supervisión y el control, y la ley de servicios públicos domiciliarios (Ley 142 de 1994) le dio forma a la institucionalidad actual, incluyendo reglas de juego como los subsidios cruzados para facilitar el consumo de los hogares de menores ingresos. Antes de esto el mundo era uno de tasas de cobertura mediocres y grandes empresas públicas inoperantes, como Telecom, de las que nos quedan enormes pasivos pensionales que seguimos pagando, sin saberlo, los consumidores. El marco normativo de los servicios públicos en Colombia no es el problema. Para contener las tarifas de la energía eléctrica hay que volcar la mirada, en primer lugar, hacia la calidad de la regulación. Esto incluye la necesidad de formar más gente que entienda bien de estos temas en el país, porque no cualquiera es un buen regulador. Y si se piensa que hay que reformar la institucionalidad, habría que hacerlo de la mano de las personas que participaron en su concepción, para asegurar que se proteja lo que es necesario proteger. Romper instituciones es fácil. Construirlas es, en cambio, un proceso largo y difícil. Si esta conversación se da sin sentar a la mesa a todos los que deben aportar, podría salir muy mal. Con el riesgo de retroceder en lo avanzado en cobertura y calidad y tener un apagón. Así de grave es la cosa.
El Tiempo